El Defensor advierte del peligro de las pistolas eléctricas tras comprar Interior 1.000 para la Policía
El último informe del Mecanismo de Prevención de la Tortura reclama que el uso de estos dispositivos esté "rigurosamente regulado"
El Defensor del Pueblo ha lanzado este martes, en su informe como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), una advertencia sobre la presencia cada vez más generalizado entre el armamento de las Fuerzas de Seguridad de las pistolas eléctricas de tipo Taser, un arma paralizante cuyo uso genera polémica. El documento de la institución destaca que “la utilización de estos dispositivos causan dolor y sufrimiento y, en determinadas situaciones, su utilización puede ser considerada susceptible de tortura o...
El Defensor del Pueblo ha lanzado este martes, en su informe como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), una advertencia sobre la presencia cada vez más generalizado entre el armamento de las Fuerzas de Seguridad de las pistolas eléctricas de tipo Taser, un arma paralizante cuyo uso genera polémica. El documento de la institución destaca que “la utilización de estos dispositivos causan dolor y sufrimiento y, en determinadas situaciones, su utilización puede ser considerada susceptible de tortura o malos tratos”. El Defensor insiste en que “el empleo de estas armas debe estar rigurosamente regulado y reservado exclusivamente a aquellos agentes que hayan recibido la capacitación adecuada”, ya que considera que “se pueden prestar a un uso abusivo”.
La advertencia se produce solo unos meses después de que el Ministerio del Interior haya adjudicado el contrato para la compra para la Policía de 1.000 de estas pistolas, con las que ya cuentan los Mossos d’Esquadra, más de 200 cuerpos de policial local y las fuerzas de seguridad de ocho países europeos, entre ellas Alemania, Francia y Reino Unido. El Defensor destaca que en las 106 visitas que durante 2019 realizaron sus técnicos a centros donde se encuentra personas privadas de libertad -comisarías, cárceles, centros de internamiento de extranjeros u hospitales psiquiátricos, entre otros- constató la presencia de estas armas en tres de ellos: la comisaría de los Mossos en la localidad de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y en las de las policías locales de Barbate (Cádiz) y Haro (La Rioja). El Defensor solicitó a los tres cuerpos policiales información sobre la normativa que regulaba el uso de estas pistolas así como sobre la formación que recibían los agentes y las ocasiones en las que las habían utilizado.
Las pistolas eléctricas, denominadas “dispositivo electrónico de control”, lanzan dardos con electrodos unidos al arma mediante cable de tal manera que al alcanzar el cuerpo provoca una descarga eléctrica que “interfiere las señales nerviosas que se trasmiten al sistema muscular y sensorial del sujeto para obtener una incapacitación”, según recogía la memoria justificativa elaborada por la Policía el pasado julio para justificar la adquisición de un millar por un precio total de 2,1 millones de euros, IVA incluido. Las primeras estarán en manos de sus agentes el próximo octubre.
Esta arma es una antigua demanda de los sindicatos policiales a la que Interior ha accedido ahora al considerar que son un “elemento operativo [...] para graduar el uso de la fuerza y utilizarlo como solución intermedia al arma de fuego en situaciones de riesgo elevado para las policías o terceras personas”. En este sentido el documento de licitación la calificaba como “una herramienta idónea para su uso en lugares de grandes aglomeraciones de personas, así como [de] transporte de viajeros, donde el uso del arma de fuego resultaría mucho más desaconsejable por los posibles daños colaterales”.
En 2016, había en España unas 800 de estas armas, cuya tenencia está regulada en el artículo 5.1 del Reglamento de Armas, junto con las semiautomáticas y los espráis de defensa. De uso exclusivamente policial o militar, no pueden ser adquiridas ni por civiles ni por agentes por su cuenta. Los mossos las empezaron a utilizar en junio de 2018 y también cuentan con ellas agentes locales de 220 municipios. El último ayuntamiento en anunciar su adquisición ha sido el de Madrid, el pasado septiembre.
En el Ministerio del Interior, también han reclamado su adquisición los funcionarios de prisiones, pero Instituciones Penitenciarias rechazó tajantemente el pasado abril dotar con ella a los trabajadores de las cárceles cuando las reclamó el sindicato CSIF. Prisiones recordó entonces que "numerosos forenses de Estados Unidos y Canadá siguen expresando preocupación por los posibles riesgos para la salud derivados de la aplicación de este tipo de armas, especialmente a personas que sufren enfermedades del corazón o que están bajo los efectos de ciertas drogas".
De hecho, el uso de las Taser siempre ha estado rodeado de polémica. Organizaciones como Amnistía Internacional se han mostrado críticas con este tipo de dispositivos, vinculándolos a numerosas muertes en Estados Unidos. También han recibido críticas del Comité Europeo contra la Tortura y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que han dictaminado que su uso puede constituir una forma de tortura, como ha hecho ahora el Defensor del Pueblo. Por el contrario, los defensores de uso aseguran que hay numerosos estudios médicos que niegan que sea un arma letal y destacan, como garantía de su uso dentro de la legalidad, que cada vez que es utilizada, la propia pistola registra los detalles del disparo. El mayor riesgo, alegan, es la caída de la persona al suelo tras recibir el impacto.