El Defensor del Pueblo pide a Justicia la abolición de las sujeciones mecánicas tras la muerte de Iliass

La muerte el pasado 1 de julio del joven de 18 años Iliass Tahiri en el centro de menores infractores de Tierras de Oria (Almería) cuado seis vigilantes lo ataban boca abajo a una cama, y el vídeo de los hechos que recientemente publicó EL PAÍS, han llevado al Defensor del Pueblo a solicitar a Min...

La muerte el pasado 1 de julio del joven de 18 años Iliass Tahiri en el centro de menores infractores de Tierras de Oria (Almería) cuado seis vigilantes lo ataban boca abajo a una cama, y el vídeo de los hechos que recientemente publicó EL PAÍS, han llevado al Defensor del Pueblo a solicitar a Ministerio de Justicia la abolición de ese tipo de medidas de contención en los centros de menores infractores. La petición, conocida este miércoles, es el resultado de la actuación de oficio iniciada por la institución cuando falleció el chico. El caso fue archivado en enero como “muerte violenta accidental” por la juez Teresa Inés Sánchez Gisbert, del juzgado único de Purchena, y la familia ha recurrido. Los técnicos del Defensor del Pueblo han inspeccionado este martes de nuevo el centro Tierras de Oria, gestionado por la Asociación para la Integración Social (Ginso), que acumula denuncias e incidentes y más de una muerte en similares características en sus centros.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha formulado las citadas recomendaciones al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía “con el objetivo de abolir el uso de las sujeciones mecánicas en todos los centros de internamiento de menores infractores del territorio nacional”, reza la nota enviada a la prensa, en la que no entra a valorar el caso de Iliass Tahiri, ni hace referencia a la asociación Ginso.

En su escrito, Fernández Marugán pide al Ministerio de Justicia que “derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención en estos lugares”. Algo que ya recomendaron los técnicos del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura tras una visita al centro almeriense en 2017. En su opinión, “es necesaria una decisión rápida y radical, que termine definitivamente con las sujeciones mecánicas. Y esta decisión exige la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores”. Por otra parte, el Defensor ha reclamado a la Junta de Andalucía que “suspenda la práctica de sujeciones mecánicas a las personas que se hallan bajo custodia en los centros de su jurisdicción, dictando a tal efecto las instrucciones oportunas”.

Para Fernández Marugán, “la práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física”.

Desde hace años, el Defensor del Pueblo ha actuado con respecto a la utilización de sujeciones mecánicas a personas privadas de libertad. En 2017, publicó una Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en la que pedía que se evitaran las reducciones a través de acciones potencialmente lesivas para internos e internas y abogaba por realizar maniobras previas de diálogo o desescalada con personal entrenado y formado para ello. “Debe agotarse la vía del diálogo durante el tiempo suficiente como para considerar que no existe otra alternativa”, aseguraba.

“Desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una contención mecánica”, recuerda el Defensor, por lo que también han enviado a las autoridades competentes de esa ciudad autónoma las mismas recomendaciones. Fernández Marugán insiste en que “no puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias”. Así, ha asegurado que “lo rechaza la conciencia, lo rechaza la justicia, lo rechaza el derecho de estos adolescentes a ser protegidos por el Estado para que puedan alcanzar una vida plena en la que superen, ya adultos, las dificultades que les llevaron a terminar en una privación de libertad antes de la mayoría de edad”.

El Defensor apunta que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de violencia. En esta línea, aboga por “técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas”.

Esta tesis coincide con lo expresado por el Comité de Prevención de la Tortura que, en su informe emitido en 2017, tras la visita girada a España el año anterior, consideraba que “inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida incompatible con la filosofía de un centro educativo que debería enfocarse en la educación y la reintegración social de los menores […]. En su lugar, deberían emplearse métodos alternativos en la gestión de incidentes violentos y otros medios de contención, tales como las técnicas verbales que impiden que aumente el conflicto y el control manual”.

Nueva visita a “Tierras de Oria”

Técnicos de la Institución inspeccionaron este miércoles el centro Tierras de Oria en el que en julio de 2019 falleció un joven mientras se le aplicaba esta medida de contención. Esta es la segunda visita a este lugar. En marzo de 2018, el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ya encontró deficiencias relacionadas con la práctica, tales como una falta de adecuación de la habitación para la aplicación de este tipo de medidas y la ausencia de un libro de registro en el que quedara apuntado el uso de la contención a los menores.

La institución sugirió a la Junta de Andalucía que adecuara una habitación de mayores dimensiones, con la cama articulada y anclada en el suelo en posición central, con interfono y sistema de videovigilancia con audio. Algo que no ha sucedido. Los responsables de la Junta mantienen su silencio amparándose en que “el caso está judicializado”.

Asimismo, el Defensor del Pueblo pidió a la Administración “una reflexión general sobre la idoneidad del empleo de esta medida en las actuales circunstancias (deficiencias estructurales y falta de formación del personal) en los centros de menores infractores”. Además, Fernández Marugán inició una actuación de oficio que continúa en trámite que ha derivado en estas recomendaciones.