Los gastos de la pandemia dejan un agujero de 400 millones en los fondos para Defensa
“Si esto no se arregla, tendremos que plantearnos parar el Ejército durante uno o dos años”, advierte un alto mando
El coronavirus ha tenido en España un dramático coste en vidas humanas (más de 27.000 muertos) y ha causado una gravísima crisis económica que empieza a mostrar su peor cara. Además, a las Fuerzas Armadas, casi unánimemente aplaudidas por su implicación en la lucha contra la pandemia, les ha dejado un agujero de unos 400 millones de euros (hasta el 50% de los fondos previstos para el sostenimiento de armas y equipos) que puede comprometer su operatividad a medio plazo. “Si esto no se arregla, tendremos que plantearnos parar el E...
El coronavirus ha tenido en España un dramático coste en vidas humanas (más de 27.000 muertos) y ha causado una gravísima crisis económica que empieza a mostrar su peor cara. Además, a las Fuerzas Armadas, casi unánimemente aplaudidas por su implicación en la lucha contra la pandemia, les ha dejado un agujero de unos 400 millones de euros (hasta el 50% de los fondos previstos para el sostenimiento de armas y equipos) que puede comprometer su operatividad a medio plazo. “Si esto no se arregla, tendremos que plantearnos parar el Ejército durante uno o dos años”, advierte un alto mando.
La financiación de las Fuerzas Armadas se nutre de tres fuentes principales: el presupuesto del Ministerio de Defensa, los créditos de Industria para nuevos programas de armas y el llamado Fondo de Contingencia. Este último es una partida, equivalente al 2% de los Presupuestos Generales del Estado, que sirve para atender imprevistos y gastos sobrevenidos a lo largo del año.
Salvo una parte incluida en el presupuesto ordinario (310 millones), la mayor parte del coste de la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales de la OTAN, la UE o la ONU (15 en la actualidad) se sufraga con cargo a este fondo. Los 1.100 millones previstos este año no solo sirven para pagar los sueldos de los militares que participan en ellas (más de 2.500 en enero pasado) sino también para financiar todos los gastos necesarios para poner a punto a las unidades antes de enviarlas al extranjero. El hecho de que los presupuestos ordinarios fueran menguantes ya antes de la crisis económica de 2008 ha llevado a que la mayor parte de las inversiones necesarias para sostener las Fuerzas Armadas –es decir, los gastos de mantenimiento y renovación del material—se hayan financiado hasta en un 70% con cargo a ese fondo.
En circunstancias normales se trataba de una práctica presupuestaria poco ortodoxa, pero se ha vuelto insostenible cuando el Estado ha tenido que hacer frente a gastos inesperados.
A finales del año pasado, la gota fría o DANAque azotó el levante peninsular agotó anticipadamente el fondo de contingencia y las Fuerzas Armadas se quedaron sin recibir la última de las entregas previstas con cargo al mismo: unos 200 millones de euros. El problema se ha multiplicado con la irrupción del coronavirus, ya que sus recursos se han consumido sobradamente en los primeros meses del año.
El cierre del grifo financiero, según las fuentes consultadas, no afecta a los sueldos que reciben los militares enviados a misiones internacionales (partida 128), ni siquiera a los gastos de funcionamiento (partida 228). Si así fuera, bastaría con dejar a las tropas en España, pues no se puede mandar una agrupación al extranjero sin pagarle las retribuciones o el combustible. El problema está en los fondos necesarios para que lo haga con el equipamiento adecuado (628).
En este momento, la mayoría de las misiones internacionales están hibernadas debido a la expansión global de la covid-19. Las tareas de instrucción de los ejércitos locales se han paralizado y España ha retirado parte de sus tropas de Irak, Malí, Afganistán o Somalia. Por el mismo motivo, se han suspendido los ejercicios y maniobras en territorio nacional. Pero, una vez que la situación se normalice (aunque sea una nueva normalidad), habrá que recuperar el tiempo perdido.
El Estado Mayor de la Defensa está revisando ya los compromisos internacionales adquiridos por España ante la imposibilidad de atenderlos todos a la vez. Las grandes misiones no peligran (Líbano, Estonia, Irak, Malí, etc), pero con las restantes habrá que priorizar. El Ejército del Aire ha desplegado seis cazas F-18 y 137 militares en Sialaui (Lituania) durante cuatro meses, dentro de la misión de policía aérea báltica; y la Armada se prepara para que una fragata española tome el mando durante un año de una de las flotas permanentes de la OTAN. En cambio, se han suspendido las actividades de cooperación en el África occidental y al menos uno de los dos periodos de tres meses de participación en la flota aliada contra minas.
El Ministerio de Defensa está negociando con Hacienda para hacer frente a esta situación. Se espera que Sanidad acabe pagando el coste de los viajes que aviones militares han realizado a China para traer material sanitario, pero esta factura solo representa “el chocolate del loro”, unos 3,5 millones según las fuentes consultadas. Otra vía pasa por retrasar el pago de algunos de los grandes programas de armas, teniendo en cuenta que el confinamiento ha ralentizado el ritmo de producción. Son solo parches para capear el temporal, a la espera de una solución de fondo. “Si esto no se arregla tendremos que plantearnos parar el Ejército durante uno o dos años”, reflexiona un alto mando. Es decir, menos horas de vuelo, menos días de navegación y menos ejercicios en el campo. Pase lo que pase, los militares tienen asumido que deberán apretarse de nuevo el cinturón de la guerrera.
El nuevo blindado Dragón, más del 70% español
Un sociedad anónima (integrada por las empresas Santa Bárbara Sistemas, Indra, SAPA y Escribano Mechanical & Engeneering) será la adjudicataria del nuevo blindado VCR 8x8 Dragón, que en su primera fase prevé la fabricación de 345 vehículos por 2.083,2 millones. El objetivo es sacar del punto muerto un programa encallado desde que, en diciembre pasado, Defensa lo declaró desierto al rechazar la oferta de Santa Bárbara, propiedad de la estadounidense General Dynamics.
La nueva sociedad, con una participación nacional superior al 70%, según Defensa, tendrá una presidencia rotatoria y deberá constituirse en breve para que la firma del contrato se produzca antes de final de año.
Tres de los cuatro socios ya formaron parte de la UTE (Unión Temporal de Empresas) a la que se adjudicó el desarrollo del programa, pero de la que Defensa prescindió en la fase de fabricación por los retrasos y desavenencias entre los socios.
La novedad es la incorporación de Escribano. En el
programa inicial, esta empresa competía con una estación de armas de 12,70, pero no pudo presentar su torre por control remoto de 30 milímetros frente a las israelíes Elbit y Rafael. Con su entrada en la nueva sociedad, Escribano se convierte en favorita para llevarse una porción del proyecto valorada en 345 millones.
Esta compañía de ingeniería militar obtuvo resonancia pública tras aliarse con la fabricante de material médico Hersill para producir 5.000 respiradores ante la pandemia del coronavirus, lo que le valió los elogios del presidente Sánchez.
España ha invocado el artículo 346 del tratado de la UE (interés nacional) para negociar el contrato con la nueva sociedad y no abrirlo a la licitación europea.
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