La Guardia Civil detiene a dos hombres que vendieron 260.000 mascarillas no homologadas

La voz de alarma la dio una farmacia de Arenas de San Pedro (Ávila). Un comercial, que respondía al nombre de Alberto, le ofrecía a principios de este mes de abril, cuando la escasez de material sanitario en pleno estado de alarma era acuciante, mascarillas quirúrgicas a 1,40 euros la unidad y FFP2 a 5,90 euros (+IVA). La desconfianza de la farmacéutica hacia la oferta de aquel tipo hizo que se pusiera en contacto con la Guardia Civil y que el juzgado de esa localidad abulense abriese una investigación que se ha saldado con la detención de dos personas y otras ocho investigadas por vender a ay...

La voz de alarma la dio una farmacia de Arenas de San Pedro (Ávila). Un comercial, que respondía al nombre de Alberto, le ofrecía a principios de este mes de abril, cuando la escasez de material sanitario en pleno estado de alarma era acuciante, mascarillas quirúrgicas a 1,40 euros la unidad y FFP2 a 5,90 euros (+IVA). La desconfianza de la farmacéutica hacia la oferta de aquel tipo hizo que se pusiera en contacto con la Guardia Civil y que el juzgado de esa localidad abulense abriese una investigación que se ha saldado con la detención de dos personas y otras ocho investigadas por vender a ayuntamientos, farmacias y empresas de toda España (Ávila, Salamanca, Guadalajara, Gerona, Santander, Tenerife, Talavera de la Reina, Córdoba, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cáceres o Toledo, entre otras provincias) material sanitario no homologado comprado en China. La red criminal, cuyos cabecillas se encontraban en Candeleda (Ávila), llegó a vender 260.000 mascarillas y obtuvo unos beneficios de más de 300.000 euros, según los investigadores. Los detenidos están acusados de un presunto delito contra la salud pública, estafa, contra la propiedad industrial, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsificación de documento público.

Alberto es un cordobés de 47 años, casado, y residente en Madrid, donde dirige junto a su mujer una empresa inmobiliaria dedicada a alquilar viviendas de lujo. La empresa está a nombre de ella y con su aval compraron este mismo mes de abril los dos centros sanitarios privados (en Tenerife, Canarias, y Ciempozuelos, Madrid) que les sirvieron de tapadera para adquirir el material sanitario con proveedores chinos. El matrimonio tiene una segunda residencia en Candeleda (Ávila), adonde se fueron a pasar el confinamiento, y donde fue detenido Alberto el pasado 15 de abril.

Desde allí, con una decena de amigos de confianza y familiares, montaron su entramado criminal, según relatan fuentes de la investigación. Y decidieron estafar a sus propios contactos, ya que tiraron de su agenda profesional (empresarios de la construcción, alcaldes de pueblos, farmacéuticos...) para empezar a ofrecer su nuevo material y hacer que se extendiera la voz. “Primero en Candeleda, donde hablaron con el propio alcalde y le vendieron una partida de mascarillas. Luego en Puente Genil (Córdoba)...”, lugar de origen de Alberto, después los empresarios conocidos...

Las mascarillas no contaban con ningún certificado ni tampoco contaba con el sello de conformidad europea (CE). El mejor amigo de Alberto, un hombre con antecedentes por tráfico de drogas y el segundo principal detenido en esta investigación de estafas y fraudes que sigue abierta, se encargó desde Madrid de llevar a cabo el fraudulento pelotazo económico, que según los cálculos de los agentes de Arenas de San Pedro les ha reportado beneficios por valor de al menos 300.000 euros.

Los investigadores, fueron tirando del hilo, y observaron cómo habían logrado colocar las mascarillas sin homologar en los Ayuntamientos abulenses de Candeleda, Poyales del Hoyo y Arenas de San Pedro. Estos Ayuntamientos habían comprado más de 4.000 mascarillas e hicieron entrega de las mismas a la Guardia Civil junto con las correspondientes facturas de compra expedidas precisamente por los dos Centros Médicos Privados adquiridos por la inmobiliaria de Alberto y su mujer, uno ubicado en Icod de los Vinos en Tenerife y otro en Ciempozuelos.

En una segunda fase de la llamada operación Coronafarma, los investigadores inspeccionaron los centros médicos citados donde se incautó diverso material informático y documentación relacionada con las ventas fraudulentas, además de hallar una oficina ubicada en Alcobendas (Madrid) que había alquilado el detenido para utilizarla como almacén, y realizar la tramitación de los pedidos de las mascarillas telefónicamente, recibir la mercancía y organizar los pedidos para darles salida.

En la inspección de esta oficina se aprehendieron unas 7.000 mascarillas sin homologar, 50 monos de protección también sin homologar, más documentación y se investigó a los titulares de los centros médicos, para averiguar el grado de participación que tenían en los hechos delictivos ya que estas personas figuraban en las facturas emitidas en la compra del material fraudulento. Aparentemente, el único vínculo con la trama es la venta de su negocio, según señalan fuentes de la investigación.

Todo un clan familiar

Tras realizar un exhaustivo análisis de la documentación facturada y de los registros informáticos, se pudo determinar que había otras 6 personas implicadas (familiares y amigos de Alberto) que estaban encargadas de realizar las facturaciones, compras, recepciones, almacenajes, distribución logística, transporte y entrega de la mercancía.

Se detectaron más ventas fraudulentas en Ayuntamientos, farmacias y empresas de las localidades de Ávila, Salamanca, Guadalajara, Gerona, Santander, Tenerife, Talavera de la Reina, Córdoba, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cáceres, Toledo entre otras.

La operación finalizó con la última detención en Arenas de San Pedro del socio y amigo de Alberto, encargado de organizar a toda la trama empresarial para realizar todo el proceso de la compra y venta de las mascarillas.

De todas las gestiones, investigaciones y análisis practicados hasta la fecha se ha descubierto que los proveedores de las mascarillas son de origen asiático. Esta banda criminal habría obtenido unas ganancias económicas de más de 300.000 euros por la venta fraudulenta de más de 260.000 mascarillas, una vez hecho el recuento documentado, aunque no se descarta que las cantidades sean bastante superiores. La operación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila).

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