Los contagios se acumulan en la prisión madrileña de Estremera

El Centro Penitenciario Madrid VII, en la localidad de Estremera, se ha convertido en la principal preocupación sanitaria del Ministerio del Interior. Desde que estalló la crisis por la propagación del coronavirus, una presa ha muerto por la enfermedad y otros 12 internos están contagiados, más de la mitad de todos los casos registrados entre la población reclusa. También han dado positivo en los test tres funcionarios del centro. De los 19 módulos de la cárcel, al menos cuatro están en aislamiento sanitario y otro...

El Centro Penitenciario Madrid VII, en la localidad de Estremera, se ha convertido en la principal preocupación sanitaria del Ministerio del Interior. Desde que estalló la crisis por la propagación del coronavirus, una presa ha muerto por la enfermedad y otros 12 internos están contagiados, más de la mitad de todos los casos registrados entre la población reclusa. También han dado positivo en los test tres funcionarios del centro. De los 19 módulos de la cárcel, al menos cuatro están en aislamiento sanitario y otros tres con medidas preventivas. La prisión tiene 1.210 reclusos y cerca de 500 trabajadores. Fuentes sindicales afirman que hasta ahora esta situación sanitaria no ha provocado incidentes en el centro, aunque aseguran que sí se ha vivido algún momento de tensión entre los presos.

El 20 de marzo, los responsables de Estremera solicitaron la presencia de una ambulancia. Una reclusa de 78 años que llevaba tiempo ingresada en la enfermería había empeorado. Murió ese mismo día en el hospital de Arganda. Días después, los análisis confirmaron el diagnóstico: Covid-19. Se convertía así en la primera víctima mortal en el ámbito penitenciario —luego seguida por el fallecimiento de un funcionario de la cárcel de Fontcalent (Alicante)— y en el segundo positivo en la prisión madrileña, después del registrado en un recluso que había regresado de un permiso. Tres semanas después de que el Ministerio del Interior tomara drásticas medidas para aislar todas las cárceles, la de Estremera se ha convertido en el principal foco de la enfermedad, según reflejan los datos oficiales. Fuentes de Interior confirman que próximamente se enviarán test rápidos para detectar la extensión de los contagios.

En el conjunto de los 69 centros penitenciarios gestionados por Interior —con 50.800 reclusos y 24.000 funcionarios— hasta este miércoles se había confirmado, además de las dos muertes, el contagio de 21 presos y 185 trabajadores. De ellos, 12 reclusos y tres funcionarios pertenecen a Estremera. De los primeros, cinco se encuentran hospitalizados, uno de ellos en la UCI, ya que sufría una patología previa de gravedad. Otros seis están aislados dentro de la prisión con síntomas leves. El último ya recibió el alta. Representan el 1% del total de la población reclusa de la prisión madrileña. Enrique Acín, responsable del área de Salud Pública de Instituciones Penitenciarias, apunta a los permisos como el origen del brote. “Los dos primeros casos detectados, aparte de la reclusa fallecida, corresponden a internos que disfrutaron de estas salidas antes de que el 12 de marzo se suspendieran para evitar la propagación de la enfermedad”, señala.

Acín añade que, tras la confirmación de que ambos tenían el virus, se hizo la prueba a otros presos que estuvieron en contacto con ambos y seis dieron positivo. “El origen de los casos de presos que hemos detectado en las cárceles corresponde al perfil de quienes estuvieron de permiso en zonas con alta incidencia de la enfermedad, como Madrid; reclusos que han ingresado por primera vez por orden de los jueces o internos que habían salido a un centro hospitalario para someterse a una prueba o intervención”, detalla. Entre estos últimos, el responsable de Salud sitúa tanto a la fallecida en Estremera como al primer caso de preso infectado conocido, un interno de la prisión de Zaballa (Álava) que estuvo ingresado en el Hospital de Txagorritxu uno de los primeros focos de la enfermedad en España.

Tras los positivos, la dirección de la prisión de Estremera ha tomado medidas adicionales a las restricciones que ya adoptó Interior a mediados de marzo, cuando se puso fin a las visitas de familiares y los permisos a reclusos. Cuatro módulos se encuentran en aislamiento sanitario, según fuentes de Prisiones. Se trata de la enfermería —donde estuvo la reclusa fallecida— y los módulos 4, 7 y 16. En este último está recluido el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Además, se aplica un aislamiento “preventivo” a los módulos 10 y 11, en los que permanecen los internos que realizan labores dentro de la cárcel, como cocina y mantenimiento, y cuyo contagio pondría en riesgos servicios esenciales.

También estuvo en aislamiento hasta el pasado lunes el módulo 3. Fuentes sindicales aseguraban que se han aplicado medidas restrictivas a otros módulos y elevan la cifra de reclusos en cuarentena a más de 300. Según un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, a los presos de los módulos aislados se les han suprimido las horas de patio y dotado de mascarilla quirúrgica que tienen que utilizar “cuando deban salir de su celda” o entrar en contacto con un funcionario. También deben comer dentro de la celda.

18 funcionarios en la cárcel de Ávila

El número de funcionarios de prisiones afectado por el virus es casi 10 veces superior al de presos: 185 frente a 21. Enrique Acín, responsable del Área de Salud Pública de Prisiones, lo atribuye a que los trabajadores penitenciarios siguen acudiendo a sus casas tras el trabajo, por lo que el riesgo de contagio aumenta para ellos. “Hasta ahora no hemos detectado ningún contagio de un funcionario a un preso o viceversa”, aclara.

Acín, que se muestra “moderadamente optimista” sobre el desarrollo de la pandemia en las prisiones, admite que “cuando se generalice el uso de los test rápidos, el número de casos aumentará al detectar positivos asintomáticos”. La cárcel que ha confirmado más casos de trabajadores enfermos (18) es la de Brieva, en Ávila, en la que está recluido Iñaki Urdangarin. Fuentes sindicales lo achacan, precisamente, a que allí los servicios sanitarios provinciales han realizado numerosas pruebas para descubrir casos que no ofrecían síntomas.

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