¿Cuándo pierde una mujer el derecho a decidir cómo parir?
Una embarazada fue ingresada por orden judicial en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En España no es ilegal dar a luz en casa
Una embarazada fue ingresada por orden judicial en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), después de que una jueza decretase su detención para inducirle un parto forzoso. ¿Por qué? ¿Estar embaraza de 42 semanas implica perder el derecho inalienable a la libertad individual como usuaria que garantiza la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente? ¿Estar embarazada de 42 semanas es una excepción a su artículo 8 que establece que “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información previs...
Una embarazada fue ingresada por orden judicial en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), después de que una jueza decretase su detención para inducirle un parto forzoso. ¿Por qué? ¿Estar embaraza de 42 semanas implica perder el derecho inalienable a la libertad individual como usuaria que garantiza la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente? ¿Estar embarazada de 42 semanas es una excepción a su artículo 8 que establece que “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso”? ¿Estar embarazada de 42 semanas justifica que se pueda hacer cualquier cosa contra su voluntad? ¿O es más bien la excusa perfecta para hacerle lo que se decida sin su consentimiento?
No es no, también en este ámbito. La mujer embarazada, no por embarazada, deja de ser un sujeto de derechos.
En el hospital, el trabajo de parto de esa mujer no progresa, lo cual es lógico dadas el contexto. Finalmente, se le practica una cesárea. Motivo: "desproporción cefalopélvica en estrecho superior/occipito posterior y agotamiento materno”. Al maltrato lo llaman desproporción cefalopélvica. Es desproporción, sí, pero no cefalopélvica sino de otro tipo: la que dista entre lo que la mujer necesitaba para parir (calma, seguridad, acompañamiento y protección para su salud y la de su bebé) y lo que obtuvo (orden judicial, detención policial, ingreso forzoso para tratamiento inducido). ¿Alguien imagina poder dilatar en esas circunstancias? ¿Alguien imagina estar en casa, que llamen a la puerta, que sea la policía, que te diga que tiene orden judicial de llevarte al hospital a parir y que tengas que ingresar y parir de esa manera?
Hay que dejar claro desde un principio que no se ordenó el ingreso en el hospital porque hubiera una situación de urgencia o peligro que lo motivara. El bebé tenía las constantes perfectas, las mantuvo durante el trabajo de parto y presentó perfectas condiciones al nacer. El ingreso se ordenó no porque la situación lo requiriera, sino porque no se acepta que una mujer embarazada ejerza su derecho a la autonomía. Al margen de lo que diga la ley, la práctica no reconoce que el consentimiento informado es obligatorio, también en el caso de las embarazadas.
Falta sacar un conejo de esta chistera. La madre tenía la intención de parir en casa acompañada de una matrona independiente y cualificada. ¡Ah! Entonces … ¡eso lo explica todo! Se le ingresó en el hospital sin su consentimiento para evitar que siguiera adelante con su plan de parir en casa, ¿no? Las noticias se han centrado en este aspecto, y han desviado el foco de la verdadera llaga. Las mujeres tienen derecho, reconocido por ley, a parir donde escojan. Parir en casa es legal. Ante todo, es una opción legal. Las embarazadas tienen derecho a decidir las circunstancias en que tiene lugar el parto (dónde, cómo y con quién quieren parir). Este derecho está reconocido por la jurisprudencia y los tribunales internacionales. La llaga no es el parto en casa, la llaga es la capacidad y autonomía de las mujeres embarazadas para decidir los riesgos que quieren asumir.
El parto después de la semana 42 implica algunos riesgos, de acuerdo. Pero aceptar analgesia o poner oxitocina implica también riesgos, de lo contrario no habría que firmar un consentimiento informado. Las mujeres asumimos riesgos en nuestros embarazos y partos, también cuando estamos en hospitales. Como sujetos adultos y usuarias de los servicios de salud tenemos derecho a elegir libremente qué riesgos queremos asumir. Las personas somos libres de aceptar o no los tratamientos médicos. Incluso cuando nuestra vida corre peligro. Los médicos deben saber que no pueden aplicar un tratamiento si no existe consentimiento informado. Los médicos solo pueden ingresar involuntariamente a un paciente cuando su estado mental o físico supone un peligro para su vida o la de otras personas; los psiquiatras conocen bien estos casos. Las embarazadas no son pacientes de salud mental cuyas decisiones deban ser corregidas.
Ninguna mujer al final de su embarazo quiere que su bebé muera. Cuando una madre se niega a una inducción lo hace desde el convencimiento de que es lo mejor para su salud y la salud de su bebé y probablemente esté muy bien informada. Así que, en todo caso, lo adecuado sería intentar comprender sus razones desde la escucha empática. Hay razones de peso científico para negarse a una inducción si la indicación es dudosa.
Estar embarazada de 42 semanas no es una patología, sino una circunstancia. En un Estado de derecho en el siglo XXI en Europa, lo impensable se ha convertido en realidad: una mujer es llevada a la fuerza, mediante orden judicial, a un hospital para obligarle a parir de una determinada manera porque así lo decidieron algunas personas a su alrededor, sin urgencia médica.
El sistema le ha fallado a esta mujer. En lugar de acompañarle y ofrecerle asistencia profesional, ha atacado y vulnerado sus derechos. Ordenar judicialmente el ingreso para inducción forzada de una mujer embarazada de 42 semanas, sin urgencia que lo motive, vulnera sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. No existe mayor fracaso.
Este asunto no afecta solo a las mujeres embarazadas, sino a todos los pacientes. Aplicando los mismos criterios un anciano no podría elegir morir en su casa si un médico decide que es mejor para él morir en el hospital. Si aceptamos, como sociedad, que los médicos pueden decidir, conforme a criterios técnicos, qué es lo mejor para nosotros, perdemos algo tan valioso como la salud, a saber, la libertad.
Atrás quedan los días en los que se pensaba que, al embarazarse, la mujer perdía no solo su capacidad sino su derecho a actuar como ser humano autónomo. Es urgente defender las libertades individuales de las embarazadas. Nos jugamos nuestra ciudadanía.
*Stella Villarmea es catedrática de Filosofía, Universidad de Alcalá. Fellow Marie S. Curie, Universidad de Oxford. Experta en Filosofía del Nacimiento