Salarios basura en la Universidad
En una carta abierta a Íñigo Menéndez de Vigo, los profesores asociados denuncian la perversidad del actual sistema
Estimado Sr. Íñigo Méndez de Vigo,
Le escribimos esta carta abierta porque hace unos días nos reunimos en la ciudad de Valencia representantes de los colectivos del profesorado asociado de diversas universidades de todo el Estado. Y nos reunimos en Valencia invitados por la devastadora política que su Ministerio aplica al personal laboral universitario de la universidad pública y muy especialmente al profesorado asociado.
La Ley Orgánica 6/2001 en su artículo 53 constituye el germen de nuestro conflicto. Las buenas y legítimas intenciones con las que se pudo crear la figura del p...
Estimado Sr. Íñigo Méndez de Vigo,
Le escribimos esta carta abierta porque hace unos días nos reunimos en la ciudad de Valencia representantes de los colectivos del profesorado asociado de diversas universidades de todo el Estado. Y nos reunimos en Valencia invitados por la devastadora política que su Ministerio aplica al personal laboral universitario de la universidad pública y muy especialmente al profesorado asociado.
La Ley Orgánica 6/2001 en su artículo 53 constituye el germen de nuestro conflicto. Las buenas y legítimas intenciones con las que se pudo crear la figura del profesorado asociado universitario no justifican en absoluto la deliberada perversidad con la que se ha venido aplicando en los últimos años. Si se concibió esta figura para acercar profesionales de prestigio a la Universidad y que aportaran su conocimiento práctico, ustedes la están utilizando para crear una red de profesorado público universitario sostenido con salarios basura, de 5 euros la hora, con sueldos mensuales entre 250 y 500 euros, que afecta al 30% de todo el profesorado de las universidades públicas, unos 25.000 profesores.
Además, esta ley estatal que usted mantiene en vigor nos obliga a ser docentes temporales a tiempo parcial con contratos trimestrales, semestrales o anuales, contratos que se van renovando curso tras curso, y así llevamos hasta veinte años. Ello constituye en sí mismo la única –y torticera– excepción en la legislación laboral estatal, que no permite la temporalidad por más de tres años. Fíjese usted, ¡qué delirio!, intentamos conseguir contratos indefinidos a los tres años, a los siete, a los nueve o a los veinte años trabajados: ¡Habrase visto!
No podrá entender usted, parapetado en su ley, las sentencias de diversos tribunales, incluido las del Supremo, que nos dan la razón una y otra vez contra esta estrambótica temporalidad permanente, ni mucho menos, imaginamos, las afirmaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo cuando afirma que ustedes contravienen sistemáticamente normativas europeas. ¡Ay, la ley y su imperio! Cuando nos gusta sí, cuando no nos gusta, pues no.
Usted, señor ministro, nos obliga a ser temporales durante años y años, y ya tememos que con las nuevas tendencias del mercado acabe usted solaz por contratar docentes por semanas, días u horas, por los siglos de los siglos, convirtiendo los campus universitarios en bulliciosas ferias populares de microcontratos con microsalarios a la baja. Imagínenos en las puertas de las facultades cada día mirando el móvil con ansiedad a la espera de una clase vacante a cambio de una propina: ¿se resistiría usted a relatar esta recreación visionaria en un Consejo de Ministros?
Los sueldos mensuales oscilan entre 250 y 500 euros, y afectan al 30% de los docentes de las universidades públicas, unos 25.000 profesores
La indecible ley Wert avivó aún más el desenfreno y la proliferación de nuestros contratos basura, los del profesorado asociado, y llevó a porcentajes insostenibles la cantidad de profesorado precario en los campus públicos. A veces, todo hay que decirlo, concurrió la entusiasta colaboración de cargos autonómicos y de obedientes dirigentes universitarios.
Además, esta ley nos dejó al margen de la investigación, un pilar fundamental en el ámbito docente universitario. Nosotros y nosotras, en cambio, hemos decidido investigar, realizar publicaciones y trabajar mucho más allá de los límites que nos son permitidos; y ello sin compensación alguna.
Imagínese por un momento el aquelarre que le supondría tener una plataforma estatal de profesorado asociado repleto de mujeres y hombres investigadoras –¡no digo ya con doctorados y acreditaciones!– pidiéndole algo razonable: que las aparte de la miserable marginación a la que las ha sometido: ¡vaya insolencia contra su ley!
En fin, que aquí estamos a su servicio, para lo que usted mande, este colectivo marginado, desprestigiado y pervertido por el uso fraudulento de su ley. Seguimos manteniendo las universidades públicas del Estado con nuestras severas condiciones laborales y nuestro indigno salario.
Pero si la dignidad habita entre sus valores, aborde usted el problema del profesorado asociado ya desde mañana mismo. Valore también la que se le viene encima con un aquelarre de profesionales preparados, creativos y eficaces.
Jordi Pérez es portavoz de la Asociación estatal del Personal Docente e Investigador asociado de las universidades públicas.