Control S. A.

Los que hayan sufrido las colas en los accesos a embarque del aeropuerto de El Prat habrán tenido tiempo pero no ganas de pararse a reflexionar sobre la huelga de trabajadores de Eulen. Con la dinámica habitual, habrán pensando: ¿por qué tengo que pagar yo las reivindicaciones laborales de otros? Esta actitud comprensible esconde la incapacidad natural para ponernos en el lugar del vecino. Pero más allá de cómo acabe el conflicto y lo rápido que se restablezca un servicio normal, quizá tendríamos que pensar precisamente eso: ¿a qué llamamos normal? Porque la amenaza de que la Guardia Civil se ...

Los que hayan sufrido las colas en los accesos a embarque del aeropuerto de El Prat habrán tenido tiempo pero no ganas de pararse a reflexionar sobre la huelga de trabajadores de Eulen. Con la dinámica habitual, habrán pensando: ¿por qué tengo que pagar yo las reivindicaciones laborales de otros? Esta actitud comprensible esconde la incapacidad natural para ponernos en el lugar del vecino. Pero más allá de cómo acabe el conflicto y lo rápido que se restablezca un servicio normal, quizá tendríamos que pensar precisamente eso: ¿a qué llamamos normal? Porque la amenaza de que la Guardia Civil se hará cargo del control de acceso de los pasajeros viene a confirmar una duda que le asalta a todo viajero en los aeropuertos. ¿Pueden privatizarse los servicios de seguridad del Estado? El negocio ha sido evidente en las últimas décadas, con crecimientos muy notables, pero al final desemboca en el mismo conflicto que todos los servicios públicos básicos cuando son privatizados.

Las empresas particulares tienden a exprimir sus beneficios. Cuando esos beneficios se obtienen directamente de la dependencia de servicios imprescindibles para la ciudadanía, entonces solo una vigilancia extremada de las autoridades públicas puede frenar las sospechas de descuido, explotación y baja capacitación. En la sanidad han sido catastróficas las experiencias de privatización y desde autopistas radiales a la limpieza de las ciudades conocemos episodios grotescos que nos invitan a plantear si el modelo necesita una revisión profunda. En los aeropuertos los pasajeros conceden a una empresa privada el rango de fuerza de seguridad del Estado sin que se demuestre si esa transacción es del todo normal. Aún más absurdo es lo que sucede en las estaciones de tren rápido, donde lo que se lleva a cabo es una simulación de los controles aeroportuarios, en los que se relaja tanto la detección que al final es casi un ejercicio de voluntaria confesión: aquí traigo la bomba, tome.

La huelga de celo de los vigilantes remitía a los aeropuertos del mundo donde la seguridad es extrema. Cualquiera que haya viajado a Israel sabe lo que es un control exhaustivo de cada pasajero que embarca frente a la más abreviada incomodidad de otras aduanas. Y así, la mentira se va extendiendo como el aceite en el agua. Ni la seguridad es seguridad del todo, ni el control es tanto control, ni las condiciones laborales son aceptables para esta escala de seudofuncionarios, ni una empresa privada tendrá jamás los intereses ni el bienestar del ciudadano entre sus máximas ambiciones. Que pase el siguiente.