Política de mus
La manera en la que en Reino Unido se ha discutido sobre esta cuestión refleja el desgarro que el tema de la inmigración ha provocado en el discurso político de sus gobernantes
“Me largo”. Así de rotunda debió de ser la decisión de los españoles que durante la crisis resolvieron ir a buscarse la vida a Reino Unido. En aquel momento pudieron combatir la falta de oportunidades en España asumiendo los costes de la emigración. Hoy se enfrentan a algo peor: que el Gobierno del país en el que muchos encontraron un futuro profesional les condene a ser testigos mudos del mercadeo de sus derechos.
El Parlamento británico podría haberles asegurado esos derechos de manera unilateral antes de activar el Brexit. Pero esa posibilidad fue rechazada el pasado lunes, ...
“Me largo”. Así de rotunda debió de ser la decisión de los españoles que durante la crisis resolvieron ir a buscarse la vida a Reino Unido. En aquel momento pudieron combatir la falta de oportunidades en España asumiendo los costes de la emigración. Hoy se enfrentan a algo peor: que el Gobierno del país en el que muchos encontraron un futuro profesional les condene a ser testigos mudos del mercadeo de sus derechos.
El Parlamento británico podría haberles asegurado esos derechos de manera unilateral antes de activar el Brexit. Pero esa posibilidad fue rechazada el pasado lunes, dejando en el limbo a más de tres millones de europeos que residen en el país. Algunos matizan, en un intento por tranquilizar a los afectados, que en todo caso la deportación sería inviable además de contraria al derecho internacional. Triste consuelo.
La manera en la que en Reino Unido se ha discutido sobre esta cuestión refleja el desgarro que el tema de la inmigración ha provocado en el discurso político de sus gobernantes. Primero, por la ligereza con la que los derechos de los residentes europeos se equiparan a una moneda de cambio (bargaining chip) con la que asegurar que los británicos que residen en países de la UE (de ellos, uno de cada cuatro reside en España) mantienen su estatus tras el Brexit.
Segundo, por el empeño de la primera ministra, Teresa May, en tener un mandato inmaculado para la salida. Cualquier intento de alteración del texto legal que activará el Brexit ha sido calificado por el Ejecutivo como una restricción a su margen de maniobra en futuras negociaciones y, más generalmente, como un lastre para el veredicto que la ciudadanía expresó en las urnas. El Gobierno británico se ha arrogado la facultad de interpretar de manera unívoca el mandato ciudadano que resultó del referéndum. Y ello contribuye a deslegitimar cualquier crítica o enmienda del proceso.
El mercadeo de derechos se presenta como una elevada estrategia negociadora, aunque la dinámica prevista se parezca más a una partida de mus donde se envida a costa de los derechos de los ciudadanos. @sandraleon_