Justicia igual para todos

Al poco tiempo de estallar el escándalo Noos, el Rey de España recordó, en su mensaje televisivo, que la justicia era igual para todos. Recordó, por otra parte, una obviedad dimanante del artículo 14 que proclama la igualdad de los españoles ante la ley. Y así ha sido, aunque a veces a lo largo de la interminable instrucción del juez mallorquín -y sus constantes apariciones públicas- parecía que se daba por sentada la condena anticipada de la Infanta Cristina, no sólo la de su marido, y, como consecuencia de ello, el reproche público a toda la familia Real sin distinción. Una verdadera injusti...

Al poco tiempo de estallar el escándalo Noos, el Rey de España recordó, en su mensaje televisivo, que la justicia era igual para todos. Recordó, por otra parte, una obviedad dimanante del artículo 14 que proclama la igualdad de los españoles ante la ley. Y así ha sido, aunque a veces a lo largo de la interminable instrucción del juez mallorquín -y sus constantes apariciones públicas- parecía que se daba por sentada la condena anticipada de la Infanta Cristina, no sólo la de su marido, y, como consecuencia de ello, el reproche público a toda la familia Real sin distinción. Una verdadera injusticia que suele afectar a las personas relevantes –y la Infanta lo era- cuando son imputadas, que deben procurar sobrellevar estoicamente. No siempre es fácil ya que la imputación en España parece una condena anticipada.

Las consecuencias jurídicas y políticas de todo este proceso son múltiples. Hay dos que es conveniente resaltar. El papel de las acusaciones llamadas populares es, en muchas ocasiones, espurio. En este caso, oficiada por el sindicato autodenominado “Manos Limpias”, desde luego lo era. Prueba de ello es que la acusación fue instrumentalizada para intentar un chantaje que no prosperó; mejor dicho, prosperó en la buena dirección, pues casi todos los chantajistas fueron detenidos y algunos de ellos terminaron en prisión. Habrá que reconsiderar, pues, cómo se ejerce este tipo de acción judicial que constituye un derecho constitucional reconocido en el artículo 125.

A la justicia, ya de por sí inaguantablemente lenta, hay que dejarla trabajar con las menores presiones posibles. Los medios de comunicación y las redes sociales influyen, sin duda, en quienes tienen que impartir justicia. Que les determine o no dependerá de su temple. Pero a veces ese temple se ve gravemente perturbado. Hace unos días se produjo en Barcelona un hecho insólito. El presidente de la Generalitat y cincuenta mil personas acompañaron en manifestación hasta el palacio de Justicia, para demostrarle su adhesión, al ex presidente Mas y a dos consejeras que iban a ser juzgadas. Fue más escandalosa esa manifestación, esa presión que se hacía desde el poder ejecutivo catalán contra el tribunal juzgador, que los posibles hechos delictivos que iban a ser juzgados. Mucho temple necesitan los jueces para ser independientes en estas condiciones. También para absolver.

La justicia en España funciona en los llamados casos “normales”. Cuando se cruza transversalmente la política o el dinero, a veces chirría. Pero si se decía en el asunto del molinero contra Federico II de Prusia “todavía hay jueces en Berlín”, hoy podemos decir que “todavía hay jueces en Mallorca”. Incluso para absolver frente al griterío que quería, a toda costa, ver a la Infanta condenada.

Jorge Trias Sagnier es abogado y escritor.