De la Reforma de la Constitución, del artículo 135

La Constitución del 78 ha enmarcado el periodo más exitoso de nuestra historia moderna. Incluso antes de ser redactada ya resultó ser un activo democrático de primer orden por lo que supuso de entendimiento entre sectores políticos y sociales con intereses contrapuestos. Durante su vigencia ha dado cobertura a una sociedad, a un país, y un estado que ha admirado el mundo civilizado por su tolerante, creativa y eficaz transformación del proyecto común llamado España.

La sociedad oscura y temerosa del franquismo dio paso a una sociedad alegre, emprendedora y abierta al mundo. El país de p...

La Constitución del 78 ha enmarcado el periodo más exitoso de nuestra historia moderna. Incluso antes de ser redactada ya resultó ser un activo democrático de primer orden por lo que supuso de entendimiento entre sectores políticos y sociales con intereses contrapuestos. Durante su vigencia ha dado cobertura a una sociedad, a un país, y un estado que ha admirado el mundo civilizado por su tolerante, creativa y eficaz transformación del proyecto común llamado España.

La sociedad oscura y temerosa del franquismo dio paso a una sociedad alegre, emprendedora y abierta al mundo. El país de pensamiento único, marcial y confesional cedió ante la soberanía de un pueblo independiente, plural y laico con deseo de compartir un mismo destino. Y el estado centralista, burocratizado y jerarquizado ha trocado en el estado más descentralizado de su historia y de su entorno, con unos servicios equiparables al resto de Europa, y una transparente participación ciudadana.

Paralelamente a este esfuerzo de transformación institucional se ha impulsado un larguísimo repertorio de normas de reconocimiento de derechos de una gran riqueza que van desde la ley del Divorcio del 79 o la ley General de Sanidad del 86, las distintas legislaciones sobre el aborto, o la ley de Televisiones Privadas del 88, a la del Matrimonio Homosexual de 2004 o la ley de la Dependencia de 2006 o la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007.

Esta Constitución ha sido la mejor carta de presentación para el ingreso en las organizaciones internacionales más influyentes del planeta, de las que cabe destacar la entrada en la Alianza Atlántica o la Adhesión de España a las Comunidades Europeas y ha sido invitado en el llamado G20.

En este periodo de tiempo no solo se han incrementado los derechos de los ciudadanos y se ha mejorado la imagen que de estos se percibe en el extranjero, sino que ha variado también muy significativamente la situación económica; la del país, el PIB se ha multiplicado prácticamente por 10, y la de cada uno de nosotros, la renta per cápita ha pasado de unos 4.000 a unos 23.000 euros.

Esta es una imagen a vuelapluma de lo que ha significado el, tan denostado por algunos adanes de la política, régimen de 78.

Todos los españoles hemos contribuido en mayor a menor medida a este logro sin precedentes en nuestra historia. El esfuerzo del pueblo ha sido la condición necesaria, pero no ha sido suficiente, por más que resulte inapropiado decirlo. Desde mi punto de vista ha sido particularmente imprescindible el régimen de partidos políticos que han sido los protagonistas en primera persona de acordar la Norma Fundamental, primero, y de articular cada una de las acciones que han traído a la España constitucional hasta aquí, después. Huelga decir que también han sido los responsables de las insuficiencias, las fallas, los errores cometidos en el camino, y sobre todo son los culpables absolutos y únicos de no haber cubierto todas las expectativas de todos en todo momento.

Vivimos unos tiempos en lo que la velocidad es más importante, a veces, que la inteligencia. La tecnología de la Comunicación (fibra óptica y algoritmos) nos conectan a una velocidad indescriptible y ello nos está llevando, entre otras muchas cosas, a expresarnos en 140 caracteres. Estas experiencias comunicativas conforman un carácter social que tiende a simplificar todo, política incluida. No solo queremos que el libro que pedimos a la mañana nos llegue a la tarde, sino que además queremos que nuestros deseos y necesidades más complejas se satisfagan con la misma rapidez sin importarnos demasiado si ello es posible o tan siquiera deseable. La política no se mide en bytes, sino en legislaturas, lo que pospone la recompensa normativa al estímulo político un tiempo que a veces nos resulta intolerable. En efecto, asociamos lo rápido con lo bueno, cuanto más rápido mejor, y en esta urgencia el retraso se interpreta como desafecto, ineficacia o inutilidad de nuestros políticos, a los que, además, les presumimos el dolo de una intención perversa. Este tipo de comportamiento social que es más exigente aun en tiempos de crisis es la atalaya desde la que se está juzgando el régimen del 78 y la constitución del que este trae causa.

No quiero decir con ello que las últimas cuatro décadas hayan sido un tiempo de vino y rosas, ni mucho menos, solo pretendo huir de la excepcionalidad y la sobreactuación que muchas veces dominan el debate público y que solo dan lugar a la desesperanza de una política de tierra quemada.

Pero volvamos a la CE, que tras más de 38 años vida bien merece una detenida consideración que haga un equilibrado balance de lo que ha significado. Aunque el paso del tiempo no implica necesariamente obsolescencia, la transformación habida en España ha hecho que algunos de los asertos constitucionales necesiten una adaptación. Según la prensa, la mayoría de los españoles desean que la Constitución sea revisada. De hecho, todos los partidos políticos parecen tener una propuesta para mejorar el marco constitucional, incluso el PP, que, algo más renuente, espera que el camino lo inicien otros. Parece, por tanto, que hay que reformar la Carta Magna para adaptarla a la sociedad de nuestros días. Entre otras materias que necesitan un “lifting” se han citado la inclusión de nuevos derechos provenientes de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, actualizar la sucesión a la Corona y hacerla congruente con los derechos fundamentales que predica, repensar el Senado, entre otros cambios institucionales, revisar el sistema electoral, recoger la incorporación a la UE, y dar un nuevo impulso a la organización territorial del Estado.

En este importantísimo y necesario debate, parafraseando a Antonio Tabucchi, yo me atengo a lo que “sostiene Muñoz Machado”. Este erudito profesor y académico de la lengua tiene una ingente obra escrita sobre la materia, particularmente desarrollada en los asuntos de derecho público. Recientemente ha abordado la actualidad política en tres libros: “Informe sobre España. Repensar el estado o destruirlo”, “Crisis y reconstitución de la Estructura Territorial del Estado” y “Cataluña y las demás Españas” en los que incluye novedosos análisis de transcendencia política y propuestas jurídicas rigurosamente fundadas.

Sin duda es un afán de hoy la reforma constitucional, yo, por el contrario, me quiero referir a lo que de ninguna manera se debe tocar: el artículo 135, el relativo a la deuda Pública. Y lo hago para cuestionar las razones de aquellos que solo tienen en la agenda de reforma constitucional la supresión este artículo. Los que tal cosa pretenden deben recordar que el parlamento aprobó la reforma con 316 votos a favor (solo 5 en contra) superaron con creces los 3/5 de los votos necesarios.

Esta primera reforma constitucional se hizo para introducir en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. El motivo para esta reforma de 27 de septiembre de 2011 se puede explicar, un tanto superficialmente, aludiendo a las incertidumbres sobre la deuda en plena crisis económica. Pero lo cierto es que más allá de las razones de gobernanza europea, de los compromisos adquiridos en el seno de la unión monetaria, de la globalización de la economía, está el hecho de mantener y desarrollar el “Estado social… y democrático de Derecho”.

Incluir una cláusula como la redactada, que no es otra cosa que el reconocimiento del principio de prudencia contemplado en los libros de contabilidad general, implica expresamente la aceptación de la ética de la responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas, de lo cual los ciudadanos somos los primeros beneficiados.

Pero existen razones más materiales e interesadas para apoyar la citada reforma, o para negarnos a sacarla ahora de la constitución. Desde la aprobación del artículo 135 en 2011, la deuda pública ha pasado de 649.259 millones de euros a 1.074.183 en 2015. En ese tiempo, el desempleo ha variado del 22,5 al 24,5 por ciento y las pensiones se han incrementado en más de 500.000 perceptores. En ese mismo periodo, el déficit público ha sido de 9,5 en 2011, 10,4 en 2012, 6,9 en 2013, 5,9 en 2014 y 4,5 en 2015 lo que significa que solo para cuadrar los presupuestos anuales era necesario recurrir al crédito en cantidades muy significativas. Solo para subvenir a los gastos provenientes del aumento del desempleo y de las pensiones ha sido necesario que nos prestaran 424.924 millones de euros, en el supuesto de que el resto las partidas del presupuesto se hubieran mantenido constantes. Sin la aprobación de la reforma del 135 lo más probable es que esos préstamos no se hubieran producido o, en el mejor de los casos, nos hubiera costado en intereses 5 veces más de las cantidades satisfechas en hasta hoy. De financiarnos a un interés de un 3% de promedio hubiéramos pasado al 10 %, como ha sido, y es, el caso de Grecia. En ambos casos los recortes no se habrían limitado a la disminución de los salarios públicos, la contención y reforma de las pensiones, y el recorte de algunas partidas del gasto público de consecuencias igualmente negativas, sino que muy probablemente se habría producido el tan manido y temido rescate con la pérdida de soberanía que conlleva y la imposición de un ajuste presupuestario a capón que hubiera llevado al traste el estado de bienestar, entre otros muchos más derechos que definen nuestro estilo de vida.

La aprobación de la citada reforma ha sido la mayor garantía del mantenimiento de buena parte de las políticas sociales y ha representado el único margen, en una economía en crisis, que el Estado ha tenido para hacer políticas redistributivas. Quienes han dudado de la oportunidad de su aprobación y quienes la denostan y piden su derogación olvidan que para financiar las políticas públicas en una economía moderna es absolutamente necesario tener acceso al crédito. En los años de superávit de España del 2004 al 2007, la deuda pública estuvo en una media del 39 %, con unos intereses del entorno de las 1.500 millones de euros lo que sin duda es un coste asumible para proyectar políticas de desarrollo en un país que mira al futuro como España.

La aprobación de la reforma del 135 ha significado, además y por último, la demostración de la valentía política de un gobierno en sus últimos días de mandato que prefirió cumplir con su responsabilidad en lugar de pasar y dejarle la patata caliente al siguiente. También la oposición mostró un cierto compromiso con el país al acudir con prontitud a llamada del gobierno, tal vez le interesara adelantar lo que todo hacía indicar que le tocaría abordar pocos meses más tarde. En aquel entonces los partidos de la “casta” en buena hora acordaron huir de la demagogia de los que quieren liquidar una declaración constitucional tan básica como progresista. Hoy echamos de menos esos consensos.