El “inútil y demagógico” delito de clandestinidad
Los fiscales arremeten contra el Gobierno de Renzi por no abolir la ley de Berlusconi
En octubre de 2013, conmocionado ante los más de 300 ataúdes colocados en un hangar del aeropuerto de Lampedusa, el entonces primer ministro de Italia, Enrico Letta, decidió rendir homenaje a las víctimas de aquel gran naufragio en el Canal de Sicilia concediéndoles la nacionalidad italiana a título póstumo. Sin embargo, unas horas después, los 155 supervivientes —hijos, madres y hermanos de aquellos eritreos, sudaneses, etíopes y sirios que se acababan de ahogar en el umbral de Europa— fue...
En octubre de 2013, conmocionado ante los más de 300 ataúdes colocados en un hangar del aeropuerto de Lampedusa, el entonces primer ministro de Italia, Enrico Letta, decidió rendir homenaje a las víctimas de aquel gran naufragio en el Canal de Sicilia concediéndoles la nacionalidad italiana a título póstumo. Sin embargo, unas horas después, los 155 supervivientes —hijos, madres y hermanos de aquellos eritreos, sudaneses, etíopes y sirios que se acababan de ahogar en el umbral de Europa— fueron acusados del delito de clandestinidad. Solo los muertos podían quedarse. Los fiscales tuvieron que actuar según la ley contra la inmigración aprobada en 2009 por el Gobierno de Silvio Berlusconi y la Liga Norte, en virtud de la cual todo extranjero que “ingrese y permanezca ilegalmente” en Italia incurre en un delito penado con una sanción de 5.000 a 10.000 euros y la expulsión inmediata. La cuestión es que, a pesar de la caída en desgracia de Berlusconi, ninguno de los tres Gobiernos siguientes —presididos por Mario Monti, Enrico Letta y Matteo Renzi— han sido capaces de abolir un delito que, más allá de las cuestiones morales, es “inútil, demagógico e incluso perjudicial para la lucha contra la inmigración clandestina”.
El entrecomillado no pertenece a una ONG, ni a un líder antisistema, ni siquiera al papa Francisco, quien sobre las aguas de Lampedusa clamó contra la globalización de la indiferencia. Quienes se muestran tan críticos son ni más ni menos que Franco Roberti, fiscal jefe de la Dirección Nacional Antimafia, y Roberto Sabelli, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. Uno y otro se han pronunciado así después de que el Gobierno de Matteo Renzi haya decidido aplazar la abolición del llamado delito de clandestinidad por cuestiones de oportunidad política, esto es, para no enfadar al ministro del Interior, Angelino Alfano, exdelfín de Berlusconi y miembro del Ejecutivo que aprobó aquella ley, y de la Liga Norte, siempre dispuesta a cebar la bomba de la xenofobia.