Salario mínimo: el enemigo del empleo

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“En tiempos de retroceso de la economía, el salario mínimo se puede volver un enemigo del empleo”. Esta es la conclusión que defendió la semana pasada Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial para América Latina, en la presentación del informe ‘Empleos, salarios y la desaceleración en América Latina’.

Según un artículo publicado por El País, de la Torre lo explicó así:

En el mundo moderno el salario mínimo debe garantizar una vida razonablemente humana (sic). Pero conviene evitar los apasionamientos y mirar a lo que importa, que es la calidad de empleo … Puede ocurrir una cosa que no esperábamos. Queríamos proteger al trabajador para que tuviera una vida decente, se nos fue la mano por cuestiones políticas y, en tiempos de retroceso de la economía, ese salario mínimo se vuelve enemigo para el empleo.

Atendiendo a las leyes básicas del mercado, cuando aumenta el precio de un bien o servicio se reduce su demanda. Por tanto, aumentar el salario mínimo podría provocar una reducción de la demanda de trabajo por parte de las empresas y aumentar, en consecuencia, el desempleo. No obstante, utilizar este argumento para rebatir el aumento del salario mínimo es excesivamente simplista.

En efecto, si bien el aumento del salario mínimo implica inicialmente un aumento de los costos de la empresa, éstos se pueden ver compensados con la disminución de la rotación laboral, el aumento de la productividad y la mejora del servicio ofrecido a los clientes y su fidelización. Esto es precisamente lo que demuestra esta investigación de Berkeley University sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el sector de la restauración.

Otro argumento típico en contra del aumento del salario mínimo es el riesgo de que la empresa traslade al consumidor el impacto del mismo a través de una subida de los precios. Sin embargo, este estudio muestra otro caso donde la subida del salario mínimo en el sector de fast-food no comportó ni un aumento del desempleo ni de los precios.

Por otro lado, mucho se ha hablado durante la crisis sobre cómo la reducción de salarios ha contribuido a la reducción del poder adquisitivo y la demanda, deteriorando de ese modo las perspectivas de beneficios empresariales y de crecimiento económico, y creando por tanto un entorno desfavorable a la creación de empleo. El premio Nobel Joseph Stiglitz ha utilizado este argumento hasta la saciedad en los últimos años, a menudo con referencias explícitas al caso de España.

El mundo real no es un laboratorio, es dinámico, escurridizo. En cuestiones económicas, por tanto, es difícil establecer una conclusión única que sea válida para todos los contextos. Pero sí se puede afirmar una cosa con certeza: los cambios en el salario mínimo tienen un impacto directo en las personas más vulnerables, por lo que establecerlo cuando no existe, o subirlo, permite mejorar las condiciones de vida de los que más lo necesitan.

Esta certeza no es baladí. En España, por ejemplo, el umbral de pobreza para un hogar unipersonal se sitúa en 7.961 euros anuales, mientras que el salario mínimo actual es de 9.080 euros. Conclusión: ni tan sólo trabajando puede una persona hoy en día escapar del riesgo de pobreza. Más de un tercio de las personas activas en España son sescientoseuristas.

Precisamente porque la economía puede ser resbaladiza, las propuestas económicas se revisten a menudo de ideología y acaban atendiendo más a intereses políticos que a la evidencia. En este sentido, la fijación que algunos tienen por proponer soluciones que perjudican a los que menos tienen resulta indecente. Como ya denunciamos en ‘Brechas salariales obscenas’, no es precisamente el salario mínimo lo que se nos ha ido de las manos, Sr. de la Torre. Y, si hay presiones políticas, estas no proceden precisamente de los sindicatos, que en paz descansen.

A uno le gustaría que, en lugar de promover la reducción del salario mínimo en tiempos de crisis, el Banco Mundial, en su empeño por favorecer el crecimiento económico y promover el desarrollo, hablara mucho más, por ejemplo, de la necesidad de combatir el fraude fiscal. O de poner fin a los flujos ilícitos de capitales, hemorragia financiera cuyas consecuencias padecemos todos.

Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el fraude fiscal en España se sitúa en torno a 60.000 millones de euros. De esta cantidad, se estima que alrededor del 70% (42.000 millones) corresponde a fraude por parte de empresas. Si este dinero se invirtiera en mejorar la educación, la sanidad o las infraestructuras, ¿no estaríamos contribuyendo de forma inequívoca a la mejora de nuestra productividad, la inversión, la creación de empleo y el desarrollo económico, al mismo tiempo que promovemos los derechos humanos, en vez de restringirlos?

Tengamos la decencia y el coraje de proponer soluciones justas, aunque éstas no gusten a los que más tienen.

Y una última reflexión. La cuestión del fomento de la competitividad empresarial y la maximización cortoplacista de los beneficios se han situado hoy por encima de todo. Por encima de la necesidad de preservar el medioambiente, por encima de derechos de comunidades indígenas sobre la tierra, por encima de la sostenibilidad y la necesidad de proteger los intereses de las generaciones venideras. Por encima, incluso, del derecho de todas y todos a una vida digna. Debemos recuperar urgentemente la perspectiva de lo que realmente importa.