Sueldos y responsabilidad

La decisión de las alcaldesas de Madrid y Barcelona de reducirse el sueldo en una cuantía significativa es un gesto elogiable, en cuanto que muestra un grado superior de empatía con las dificultades (paro, subempleo) que están sufriendo una parte importante de sus conciudadanos. No obstante, es conveniente analizar ambas pretensiones como lo que en realidad son, es decir: nobles ademanes que probablemente no tendrán un efecto significativo en las deterioradas cuentas de ambas capitales, pero también como pasos que deben ser analizados con prudencia y la dosis justa de sentimentalismo.

M...

La decisión de las alcaldesas de Madrid y Barcelona de reducirse el sueldo en una cuantía significativa es un gesto elogiable, en cuanto que muestra un grado superior de empatía con las dificultades (paro, subempleo) que están sufriendo una parte importante de sus conciudadanos. No obstante, es conveniente analizar ambas pretensiones como lo que en realidad son, es decir: nobles ademanes que probablemente no tendrán un efecto significativo en las deterioradas cuentas de ambas capitales, pero también como pasos que deben ser analizados con prudencia y la dosis justa de sentimentalismo.

Madrid y Barcelona son capitales cuya gestión resulta tan compleja (quizá más) como la de una multinacional. Exigen decisiones políticas y técnicas que afectan a millones de ciudadanos y la capacidad para dirigir a decenas de miles de funcionarios. El salario del último responsable de estas decisiones y de los concejales debe ser moderado, pero en ningún caso una caricatura de retribución que, además, coarte la petición de responsabilidades en nombre de la rebaja de costes. Debe respetarse el principio de una retribución adecuada en la medida en que implica a los políticos en resolver los problemas de las localidades donde han sido elegidos. Otros perfiles pueden resultar poco prácticos, incluso contraproducentes.

Resulta oportuno recordar que la gestión política está amenazada por la corrupción y que la vía natural para minimizar ese riesgo consiste en aproximar —en la medida de lo posible— la remuneración de los políticos a las condiciones de mercado.

El riesgo político en este caso consiste en confundir una gestión eficaz de los problemas municipales con una renuncia salarial. Una reducción de sueldos no equivale a buena gestión; lo prioritario es lo segundo, incluso aunque se admitiera que los alcaldes anteriores se han extralimitado en sus retribuciones.