Legalizar el espionaje

Recortar las libertades individuales para mejorar la seguridad colectiva es un planteamiento muy presente en el debate público. Francia es el último ejemplo. Enfrentado a temores crecientes al terrorismo yihadista, el Parlamento francés ha legalizado las actividades de vigilancia de comunicaciones que se supone venían realizando clandestinamente sus servicios secretos. De paso ha ampliado el poder del espionaje para controlar la injerencia extranjera “en los intereses económicos, industriales o científicos” de su país, y para dedicarse a tareas genéricamente descritas como de defensa nacional ...

Recortar las libertades individuales para mejorar la seguridad colectiva es un planteamiento muy presente en el debate público. Francia es el último ejemplo. Enfrentado a temores crecientes al terrorismo yihadista, el Parlamento francés ha legalizado las actividades de vigilancia de comunicaciones que se supone venían realizando clandestinamente sus servicios secretos. De paso ha ampliado el poder del espionaje para controlar la injerencia extranjera “en los intereses económicos, industriales o científicos” de su país, y para dedicarse a tareas genéricamente descritas como de defensa nacional o de la integridad territorial.

El primer ministro, Manuel Valls, niega que esto suponga el paso a un estado de excepción encubierto. En su haber anota el logro del consenso entre la derecha y los socialistas que, aun con fugas de votos —los grupos parlamentarios no consiguieron una disciplina plena— reunió 438 sufragios favorables a la ley, frente a 86 en contra. El consenso político contrasta con las protestas de órganos de la sociedad civil, desde entidades defensoras de los derechos humanos a asociaciones de juristas, que califican esta norma de liberticida.

El dilema al que nos enfrentamos los europeos es que ya no se trata de descubrir a los componentes de organizaciones terroristas limitadas y jerarquizadas, sino a múltiples células de obediencia confusa y seguimiento difícil. Como ocurre con otras leyes, su buen uso puede redundar en la protección de las libertades amenazadas precisamente por el terrorismo. Es verdad que existe el riesgo de que los servicios secretos amplíen arbitrariamente sus facultades de control de las personas y de sus comunicaciones, con la instalación de redes de cajas negras para el rastreo de ordenadores, balizas en automóviles o entradas en domicilios sin permiso judicial alguno.

Hay quien se inquieta con razón del uso que la extrema derecha podría hacer de una ley como esta, en caso de llegar al poder. Por eso los demócratas tienen que mantenerse en alerta frente a posibles abusos y no confundirse a la hora de votar. Pero sería peor dejar que los servicios secretos actúen sin encuadramiento legal alguno; y, no digamos, hacerse la ilusión de que los terroristas son menos peligrosos de lo que parecen. Aceptar la generalización del miedo es más negativo que tomar decisiones encaminadas a mejorar la seguridad, incluso con riesgos.