Buscar el equilibrio

El decreto aprobado en Consejo de Ministros que habilita a las universidades para que acorten los estudios de grado de cuatro a tres años ha dado lugar al enésimo desencuentro entre el sistema universitario español y el Ministerio de Educación. Los rectores de la CRUE, organismo que agrupa a 76 universidades públicas y privadas españolas, han acordado no aplicar el decreto antes de 2017 y darse un tiempo para evaluar la propuesta.

Hace solo cuatro cursos que está vigente el sistema que sustituyó las antiguas licenciaturas por cuatro años de estudios de grado más uno de máster. La fórmul...

El decreto aprobado en Consejo de Ministros que habilita a las universidades para que acorten los estudios de grado de cuatro a tres años ha dado lugar al enésimo desencuentro entre el sistema universitario español y el Ministerio de Educación. Los rectores de la CRUE, organismo que agrupa a 76 universidades públicas y privadas españolas, han acordado no aplicar el decreto antes de 2017 y darse un tiempo para evaluar la propuesta.

Hace solo cuatro cursos que está vigente el sistema que sustituyó las antiguas licenciaturas por cuatro años de estudios de grado más uno de máster. La fórmula 4+1 adoptada por España ya suscitó en su momento una gran controversia, pues en su adaptación al espacio de Bolonia la mayor parte de los países europeos había adoptado la fórmula 3+2, es decir, tres años de grado y dos de máster. En esa decisión pesaron más las inercias corporativas que el interés de los estudiantes, y es significativo que la CRUE se inclinara entonces por la fórmula flexible que ahora rechaza.

Es evidente que la propuesta del ministro José Ignacio Wert permite adaptarse mejor a los esquemas que mayoritariamente rigen en Europa y, por tanto, facilita la movilidad y la convergencia. También es cierto que un nuevo cambio, sin que haya mediado una evaluación rigurosa de sus consecuencias, puede desestabilizar un sistema universitario público que en los últimos años ha sufrido, por diversas razones, un fuerte deterioro.

El alcance del cambio propuesto va más allá del debate sobre la homologación. Esta es siempre deseable, pero la forma y el contexto en que debe aplicarse el decreto hace que sus efectos no sean inocuos. En un mercado laboral contraído, donde los jóvenes tienen grandes dificultades para encontrar trabajo, el grado puede ser —aunque depende de los casos— insuficiente, por lo que será preciso completar estudios con un máster. En la mayor parte de la países europeos de modelo 3+2, el precio de los créditos de grado y de máster son equivalentes. En España, el precio medio de un crédito de máster duplica el de un crédito de grado. El ministro explicó que el hecho de cursar un año menos de grado supondrá un ahorro de 150 millones de euros para las familias, pero ese no será el caso para los que quieran completar los estudios con dos años de posgrado.

Si no se modifican los actuales precios, tendrán que pagar más, pero también es cierto que lo que aporta el estudiante representa menos de la cuarta parte del coste de los estudios. Los rectores temen que el cambio propuesto comporte una rebaja de la cantidad que las Administraciones aportan al sistema universitario público, cuya financiación pivota fundamentalmente sobre los estudios de grado.

El debate sobre la duración del grado, que es pertinente, no debe desligarse nunca del debate sobre la calidad. El sistema necesita una revisión, y esta debe hacerse evaluando pros y contras y buscando aquellas alternativas que garanticen el necesario equilibrio entre calidad y equidad.