Legalizar lo ilegal
AUTOR: DANIEL AMOEDO BARREIRO
Si existe algo más deleznable que la propia práctica de las devoluciones en caliente, es su intento de legalizarla. Por más empeño que ponga el Ministro del interior en su intento de convencer a la opinión pública acerca de la necesidad de legalizar dicha práctica, sus justificaciones hacen aguas ante los sólidos argumentos que demuestran que la reforma propuesta vulnera los derechos humanos y viola la legalidad nacional e internacional.
La reforma de la actual Ley de Extranjería que se pretende realizar a través del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, es precipitada, excesiva y contraria a la legislación vigente en materia de Derechos Humanos. Vulnera el principio de no devolución o non refoulement, restringiendo el derecho de asilo de las personas en búsqueda de protección internacional por ser perseguidos a causa de violaciones de derechos humanos provocados por conflictos en sus países de origen.
El conjunto de normas que se vulnera con la pretendida reforma es tan amplio que podría abarcar más de un párrafo del presente artículo. Razón por la cual mencionaremos, además de la Convención de Ginebra de 1951, las de mayor significación, entre las que se encuentran la Directiva Europea sobre el retorno de inmigrantes 2003/110/CE; la prohibición de expulsiones colectivas establecida en el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos; o la Jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
El responsable de dicha ley ante la opinión pública es el Ministro del interior, que ante las críticas recibidas, optó simplemente por banalizar los argumentos contrarios. Así, en un alarde chulesco y demostrativo de carencia democrática, invitó a todos los críticos de su reforma a que le den una dirección para enviarles a “esa gente”, les exigió que dijeran cuántas personas están dispuestos a acoger y, si no lo hacen, les exhortó a “que se callen y den menos lecciones”.
Pareciera que poco importa al ministro que esos a los que manda a callar hayan expuesto críticas fundamentadas y propuestas acordes a la legislación vigente, o que sean organizaciones de peso como ACNUR, CEAR o Amnistía Internacional -actores especializados en asilo y refugio-; diversas instituciones de la sociedad civil –entre las que se encuentra las del ámbito jurídico y la iglesia católica- e incluso instituciones europeas como la Comisión Europea y el Consejo de Europa.
El ministro continuó su declaración urdiendo una relación fuera de toda lógica, asegurando que si hiciera caso las críticas –o sea, si se garantizaran los derechos humanos de los migrantes interceptados- ello implicaría despertar un efecto llamada que atraería a cientos de miles de inmigrantes a nuestras fronteras. Nuevamente, el recurso maniqueo de la “invasión de inmigrantes” –vacuo y carente de fundamento alguno-, sólo tendente a quebrar el raciocinio, despertar emociones xenófobas y pretender lograr el convencimiento fácil de la opinión pública.
El texto propuesto como reforma de la Ley 12/2009 busca legalizar las expulsiones informales que tantos dolores de cabeza y titulares negativos trae últimamente al Gobierno. Así, se pretende dar cobertura legal a las situaciones en que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza intentando el cruce no autorizado puedan ser rechazados, omitiendo de manera flagrante la obligación de iniciar el debido proceso de devolución. La Guardia Civil, en estos supuestos, y según el Reglamento de Ejecución de la Ley de Extranjería, debería entregar a los migrantes a la comisaría de policía para así iniciarse un procedimiento administrativo por el que el se les conceden unas garantías mínimas tales como asistencia jurídica o información sobre su situación y el derecho de solicitar asilo.
Lo cierto es que las devoluciones ilegales no son una novedad y se llevan practicando desde hace ya varios años atrás. Antes, se realizaban de manera clandestina y ante el surgimiento de alguna evidencia el ejecutivo se limitaba a negarlas. Hasta que ocurrió la tragedia de Ceuta y el Gobierno tuvo que asumir la devolución ilegal de inmigrantes. A partir de este momento surge la justificación que se podría denominar poner fronteras a las fronteras, por la que el Ministerio del Interior realiza su propia interpretación de la definición de frontera, alejándose de la que establece el derecho internacional y creando una versión propia por la que se determina que “España comienza cuando se supera la totalidad del dispositivo antiintrusión”.
Esta interpretación sirvió de excusa para que la Guardia Civil comenzar a expulsar inmigrantes de forma manifiesta, a plena luz del día y ante la atenta mirada de los medios de comunicación. La interpretación arbitraria del concepto de frontera sirvió para implementar el plan de actuación de la Guardia Civil, por el que se considera que un inmigrante puede acogerse a la ley de extranjería solo tras superar el cordón de las fuerzas de seguridad. Pero tanto la particular interpretación del concepto de frontera, como la actuación del instituto armado, no se amparan en ninguna norma jurídica y responden más bien, en palabras del juez que instruye la causa contra el jefe de la Guardia Civil en Melilla, a “un criterio del gobierno político o de simple operatividad policial”.
El manto de legalidad con el que ahora se pretende recubrir esta práctica, a todas luces ilegal, busca alejar el foco mediático de una situación incómoda ya instalada en la opinión pública, y desvirtuar las numerosas denuncias que las ONG´s vienen realizando hasta el momento. De esta manera, pasaría de ser una práctica ilegal a otra sólo moral o éticamente cuestionable.
Lo curioso del asunto es que sí existen alternativas viables y respetuosas con la legalidad vigente que se podrían aplicar a la situación expuesta, pero sobra prepotencia y falta voluntad política para escucharlas e implementarlas. La respuesta del ejecutivo ante las críticas, lejos de contribuir al debate, demuestra el desprecio que éste tiene por las instituciones que representan a la sociedad civil.
No es posible legalizar lo ilegal. La acertada frase, pronunciada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, parece no hacer mella en el empeño del Gobierno de llevar adelante una reforma que es claramente ilegal, inhumana y contraria a la legislación vigente. Lamentablemente, la política de blindaje de fronteras parece ser la única respuesta que es capaz de esgrimir el Gobierno para paliar una situación con raíces mucho más profundas y complejas, sobre las que no existe voluntad política alguna de dar una solución apropiada.
Daniel Amoedo Barreiroes abogado especializado en la defensa de Derechos Humanos
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