Caos en Segunda

El moderado saneamiento financiero del fútbol español, voluntariosamente gestionado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), ha tropezado con un importante escollo jurídico. Un auto del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ordenaba la inscripción del Murcia en la Liga de Segunda División, en contra de la decisión de la LFP de descender al club a Segunda B por no cumplir con las condiciones económicas exigidas y por incumplir repetidamente en el pago de su deuda con Hacienda. La respuesta de la Liga, que se resiste a aplicar el auto y reconocer al Murcia como club de Segunda, ha sido susp...

El moderado saneamiento financiero del fútbol español, voluntariosamente gestionado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), ha tropezado con un importante escollo jurídico. Un auto del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ordenaba la inscripción del Murcia en la Liga de Segunda División, en contra de la decisión de la LFP de descender al club a Segunda B por no cumplir con las condiciones económicas exigidas y por incumplir repetidamente en el pago de su deuda con Hacienda. La respuesta de la Liga, que se resiste a aplicar el auto y reconocer al Murcia como club de Segunda, ha sido suspender el inicio de la competición. Comienza un periodo de incertidumbre que perjudica a todos los equipos de la Liga Adelante —fichajes suspendidos, calendarios sin confirmar—, amenaza con extender el caos a divisiones inferiores y presenta una imagen del fútbol español muy poco seria.

Este cruce atropellado de autos y suspensiones viene a demostrar que existe una grave desconexión entre las normas que se ha impuesto el fútbol para reducir paulatinamente su deuda y los procedimientos de la justicia ordinaria. La gravedad del conflicto extiende sus consecuencias al futuro, porque con este precedente cualquier club que sea sancionado por sus niveles de deuda, sus bajos ingresos o incumplimiento fiscal puede acudir a los tribunales con elevadas probabilidades de ganar. Si el auto se cumple y el Murcia es inscrito en Segunda División, el programa de saneamiento del fútbol habrá recibido un golpe mortal.

La solución correcta era coordinar las normas deportivas con las judiciales. Como sucede en otros conflictos institucionales, las normas financieras de la Liga tenían que haberse reforzado con firmes anclajes legales; pero no se hizo y ahora se pagan las consecuencias. La razón asiste a la LFP en su intento por limitar el excesivo endeudamiento de los clubes, la morosidad con Hacienda y, de vez en cuando, el impago a los propios jugadores de fútbol.

Las razones del Murcia, a las que ha prestado oídos el Juzgado, no dejan de ser circunstanciales. Aunque los requisitos económicos hubieran cambiado entre el momento en que los 42 clubes de Primera y Segunda los aprobaron y la fecha en la que los autorizó el Consejo Superior de Deportes, la cuestión de fondo es que el desequilibrio entre ingresos y gastos del Murcia es insostenible y, además, es un club reiteradamente moroso con Hacienda.