Fracking en Cantabria

El Tribunal Constitucional, al igual que ya hizo el Gobierno de España, ha manifestado mediante sentencia que las Comunidades Autónomas no tienen potestad para legislar en contra de la implantación de las técnicas de fracking en sus territorios. Esto prueba que, aún siendo cierto que hay duplicidades entre el gobierno estatal y los autonómicos que han de ser corregidas, a las autonomías aún les faltan competencias con las que poder hacer una política regional que redunde en el beneficio de la propia región, evitando ingerencias externas que pueden responder a otros intereses distintos...

El Tribunal Constitucional, al igual que ya hizo el Gobierno de España, ha manifestado mediante sentencia que las Comunidades Autónomas no tienen potestad para legislar en contra de la implantación de las técnicas de fracking en sus territorios. Esto prueba que, aún siendo cierto que hay duplicidades entre el gobierno estatal y los autonómicos que han de ser corregidas, a las autonomías aún les faltan competencias con las que poder hacer una política regional que redunde en el beneficio de la propia región, evitando ingerencias externas que pueden responder a otros intereses distintos a los de los habitantes de la Comunidad. En Cantabria, los ciudadanos y ciudadanas hemos dicho alto y claro, desde hace varios años, que no queremos que el fracking llegue a nuestra región, poniendo en riesgo la limpieza de nuestros verdes campos y de nuestras aguas. Y somos los cántabros y cántabras los únicos que deben decidir esto, ya que somos los que vamos a sufrir sus consecuencias si se llega a implantar esta práctica. Ni desde Madrid, ni desde ningún otro lugar, nos deberían poder imponer aquello que nosotros no queremos, y que ya hemos rechazado.— Diego García Saiz.