La justicia española deja de combatir la ablación
Cuchillos como este se utilizan para realizar la ablación. / A.A. (EL PAÍS)
Una pequeña omisión, apenas percetible, aumentará el riesgo de hasta 17.000 niñas en España de sufrir la ablación de su clítoris. Hablamos de la reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que fue aprobada el 27 de febrero en el Congreso con los votos del Partido Popular y que esta semana pasa por el Senado. El nuevo texto ha dejado bajo mínimos la llamada justicia universal, es decir, la capacidad de los tribunales españoles para perseguir delitos cometidos por personas españolas o extranjeras fuera del territorio nacional. El ejemplo más claro fue, en su día, la detención del chileno Augusto Pinochet por orden del juez Garzón para ser procesado en España por crímenes durante 17 años de dictadura.
El texto vigente hasta ahora, que fue aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2005, se refería a la ablación del clítoris como un delito perseguible "siempre que los responsables se encuentren en España". Esto posibilitaba la persecución extraterritorial de esta práctica cuando la comisión del delito tenía lugar en el extranjero, ya que en la mayoría de los casos se lleva a cabo aprovechando viajes a los países de origen de las familias que residen en España. En la nueva norma, esta mención ha desaparecido.
La mutilación genital femenina está reconocida internacionalmente como una violación de derechos humanos, pero aún así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que se realiza anualmente a unos tres millones de niñas en varios países África y Oriente Medio donde esta práctica se considera una tradición. En España, 17.000 niñas de entre 0 y 14 años corren el riesgo de sufrirla, según los últimos datos presentados por el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) junto a la ONG Wassu Gambia Kafo. La ablación es un rito de iniciación a la edad adulta que consiste en el corte parcial o total del clítoris. Lejos de aportar algún beneficio para la salud, esta práctica acarrea graves daños a las mujeres, que sufren dolores intensos, hemorragias, tétanos, sepsis, infecciones, lesiones en la región genital y, a largo plazo, alto riesgo de quistes, esterilidad, complicaciones en el parto y muerte del recién nacido, según la OMS.
La omisión de esta práctica en la nueva norma incrementa el riesgo de que padres africanos residentes en España decidan mutilar a sus hijas cuando viajen a sus países de origen. Así lo advierten desde la ONG Médicos del Mundo, que se ha dirigido a los grupos parlamentarios para pedir que vuelvan a incluir este supuesto y aseguren la protección de estas menores. "Lo más importante es la prevención y el trabajo con las familias para que la práctica vaya remitiendo, pero la posibilidad de sanción es muy importante porque nos ayuda a convencer a los padres de que no pueden mutilar a sus hijas, es un elemento disuasorio esencial", explica Anunciación Pérez, presidenta de Médicos del Mundo en Aragón.
Una simple exploración ginecológica basta para saber si una niña ha sido mutilada, pero no es tan sencillo determinar quien ha sido el responsable y aplicar un castigo. Pese a que la Ley Orgánica que ha estado vigente hasta ahora permitía perseguir este delito, en España solo ha habido una condena a una mujer, una madre senegalesa, pero fue anulada por el Supremo posteriormente. El tribunal consideró que se había condenado injustamente a la mujer porque no era posible determinar si la ablación del clítoris de su hija de seis años se había realizado con su consentimiento. "En España es difícil que alguien lo haga pero cuando los padres llevan a sus hijas de viaje al país de origen, muchas veces son las abuelas quienes lo hacen", describe Pérez. Por esta razón, la Audiencia Nacional absolvió el pasado diciembre a una pareja gambiana. El juez determinó que la mutilación de sus dos hijas había sido realizada por la abuela materna de las niñas cuando toda la familia viajó a Gambia, aprovechando que la madre de las peuqeñas había salido de viaje para visitar a otros parientes. En este caso, el testimoino de la hija mayor fue clave para determinar lo ocurrido.
La modificación de la Ley Orgánica es un paso atrás en la carrera por salvaguardar los derechos y la integridad sexual de las niñas africanas. "Hay voluntad de trabajar contra la ablación y nos consta que el Gobierno y las administraciones públicas han dado pasos para combartirla", asegura Pérez, quien dice no entender por qué se suprime del texto una cuestión tan necesaria y que no cuesta ningún esfuerzo dejar como estaba.
Además, con la reforma prevista se teme también que muchasmujeres víctimas de trata de seres humanoscon fines de explotación sexualqueden también desprotegidas, puesto que el texto exige que las víctimas tenganresidencia habitual en Españapara poder perseguir a sus tratantes, algo extremadamente difícil de demostrar, porque las mujeres afectadas suelen ser trasladadas de residencia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras continuamente para asegurar su aislamiento y es habitual que las mantengan indocumentadas durante todo el tiempo que permanezcan en España para que sean más vulnerables a las coacciones.
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