Sospechosa disparidad judicial

Es tan enorme, tan llamativa y grosera, tan desmesurada y colosal la disparidad de criterios jurídicos existente entre el juez Castro y el fiscal Horrach con respecto a la imputación de la infanta Cristina que da que pensar. A veces se tiene la impresión de que hayan podido repartirse artificialmente los papeles, actuando uno como el jurista muy bueno con la Infanta, clemente, indulgente y benévolo con ella [el fiscal], y el otro como el jurista muy malo, inquisitorial, cruel y despiadado [el juez]. Todo ello con el fin de extremar sus argumentos para que el proceso termine en algún punto inte...

Es tan enorme, tan llamativa y grosera, tan desmesurada y colosal la disparidad de criterios jurídicos existente entre el juez Castro y el fiscal Horrach con respecto a la imputación de la infanta Cristina que da que pensar. A veces se tiene la impresión de que hayan podido repartirse artificialmente los papeles, actuando uno como el jurista muy bueno con la Infanta, clemente, indulgente y benévolo con ella [el fiscal], y el otro como el jurista muy malo, inquisitorial, cruel y despiadado [el juez]. Todo ello con el fin de extremar sus argumentos para que el proceso termine en algún punto intermedio en otra instancia judicial que deje la causa en prácticamente nada, o algo así. Sería terrible para nuestra democracia que algo semejante pudiera suceder en la realidad, pero el nivel de corrupción pública al que hemos llegado en nuestro país es tan exorbitante que ya no se extraña uno de nada.— Antonio López Lacasta. Sabiñánigo, Huesca.

Si el “paseíllo” constituye, como se ha leído en algunos medios, una pena anticipada, debería no solo evitarse a Cristina de Borbón, sino suprimirse, ya sea por la presunción de inocencia que corresponde a toda persona, ya sea por respetar el principio constitucional que ampara la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La infanta Cristina, por lo demás, bien podía haber evitado esta situación si hubiese comparecido ante el juzgado voluntariamente antes de ser imputada. Lo más probable es que ni sus abogados, ni ella misma, consideraran tal posibilidad, dado, de una parte, su condición de miembro de la Casa del Rey, y, de otra, los denodados esfuerzos del fiscal y de Hacienda para evitarlo. Los personajes públicos lo son para lo bueno y para lo malo, y si han sido numerosas las ocasiones en que la Infanta por el mero hecho de serlo ha sido vitoreada y aplaudida, deberá ahora aceptar que pueda darse la situación contraria en su entrada a los juzgados.

Entrada, que deberá hacer con la cabeza muy alta, si es inocente, y gacha, si no lo es, pero sin más temor que el de cualquier ciudadano ante semejante situación. Estamos muy lejos de la Revolución Francesa y comparar, como se ha hecho, a los palmenses que puedan acudir a los juzgados para ver entrar a la infanta, con las tricotteuses es un verdadero desvarío.— Paloma Nicolás Muñiz. Madrid.