Fracaso regulatorio

La crisis de Pescanova evoluciona públicamente hacia un caso de presunto delito financiero que envuelve una situación agónica de liquidez. Ante ello, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debería actuar con más rapidez y contundencia. Ya no se trata solo de que la empresa no entregue sus cuentas en la forma debida, ni de la sospecha de una deuda oculta que crece cada hora —ya se supone por encima de los 3.000 millones de euros—, ni de las tensiones en el Consejo de Administración ante una tormenta financiera que no saben capear; se trata de que el presidente, Manuel Fernández de S...

La crisis de Pescanova evoluciona públicamente hacia un caso de presunto delito financiero que envuelve una situación agónica de liquidez. Ante ello, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debería actuar con más rapidez y contundencia. Ya no se trata solo de que la empresa no entregue sus cuentas en la forma debida, ni de la sospecha de una deuda oculta que crece cada hora —ya se supone por encima de los 3.000 millones de euros—, ni de las tensiones en el Consejo de Administración ante una tormenta financiera que no saben capear; se trata de que el presidente, Manuel Fernández de Sousa, ha vendido el 7% de la empresa sin comunicarlo al organismo regulador ni a sus propios accionistas, en una operación que tiene todos los indicios de una huida, con información privilegiada, antes de la catástrofe.

El descalabro de Pescanova resulta insólito porque, a pesar de su magnitud, no hay en apariencia recursos institucionales (Consejo de Administración, organismos reguladores como la CNMV) capaces de frenarlo y encauzarlo. Después de más de 45 días de crisis, todavía no se conocen con exactitud el alcance de la deuda oculta ni el de las supuestas irrregularidades cometidas por el presidente Fernández de Sousa para ocultar la ruina de la empresa al tiempo que, supuestamente, ponía a salvo parte de su patrimonio. La CNMV se ha limitado a solicitar una y otra vez la contabilidad de la compañía, pero con muy escaso éxito, lo cual indica la capacidad de coerción de un regulador que tendría que ser temido por los cuadros directivos de las empresas.

Mientras la situación se pudre en el interior y en el exterior —el banco HSBC ha reclamado la quiebra de Pesca Chile, la filial de Pescanova—, el Consejo de Administración, encargado de velar por el buen funcionamiento de la empresa, tampoco parece tener la fuerza suficiente para cambiar la situación. Abunda retórica sobre la importancia de la marca España, pero cuando se trata de defender el prestigio de la marca resulta que no hay instrumentos ni voluntad para hacerlo.

Se sabe con exactitud cuál es la solución más eficaz: expulsar al presidente de Pescanova, constituir un nuevo consejo y que, aceptada la situación de crisis, se negocie la supervivencia de Pescanova con los bancos acreedores. La cuestión es si existe voluntad para adoptarla y quién organiza la salvación en medio del huracán.