Arrogante Carlos Fabra

Hace pocas semanas, un magistrado acusaba a Carlos Fabra de “filibusterismo procesal” por su obsesión en retrasar la acción de la justicia contra él. Durante más de nueve años el eterno cacique de Castellón, este ejemplar político del PP que tanto dinero ha derrochado de los contribuyentes, ha logrado dilatar el proceso judicial haciendo pasar su caso de un juez a otro —hasta nueve— y de un fiscal a otro —hasta cuatro—. Ahora, cuando la justicia no le da opción de recurrir, el expresidente de la Diputación de Castellón exclama de manera contradictoria que ya era hora, en línea con su ...

Hace pocas semanas, un magistrado acusaba a Carlos Fabra de “filibusterismo procesal” por su obsesión en retrasar la acción de la justicia contra él. Durante más de nueve años el eterno cacique de Castellón, este ejemplar político del PP que tanto dinero ha derrochado de los contribuyentes, ha logrado dilatar el proceso judicial haciendo pasar su caso de un juez a otro —hasta nueve— y de un fiscal a otro —hasta cuatro—. Ahora, cuando la justicia no le da opción de recurrir, el expresidente de la Diputación de Castellón exclama de manera contradictoria que ya era hora, en línea con su chulesco perfil.

Porque Fabra es un cacique de corte clásico; con desparpajo, de esos que no agachan la cabeza ante nadie y exhiben con orgullo sus logros, como su famoso aeropuerto sin aviones. Necesitó 150 millones de euros de los contribuyentes y ahora su mantenimiento sale más caro que el del Museo del Prado. Pero son detalles en los que el prócer no repara.

Carlos Fabra, un hombre cuya fortuna achaca a la suerte —dice que le ha tocado varias veces la lotería— se ha especializado durante estos últimos años en recurrir todo y la justicia española, garantista, se ha visto obligada a frenar una y otra vez su persecución.

Fabra tiene poderosas razones para mantenerse arrogante. Su gran partido, el PP, ni siquiera le ha negado el apoyo. Ya no preside la Diputación de Castellón porque no quiso. No se presentó a las últimas elecciones y solo el viernes, al conocerse la apertura del juicio oral, ha dimitido como presidente de Aerocas, la empresa pública que gestiona el aeropuerto, perteneciente a la Generalitat valenciana, que le ha venido pagando por puesto tan estresante 84.000 euros anuales del dinero público de una comunidad en quiebra. Ni siquiera el nuevo presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, ha osado ponerle de patitas en la calle.

La Audiencia le juzgará por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal y cuando llegue el momento de la verdad quizá no sea tan lenguaraz y recule como su correligionario Luis Bárcenas, que dijo con aplomo que se sometería a las pruebas necesarias para demostrar que sus papeles no eran suyos y ahora se niega a estampar su nombre sobre una cuartilla.