EEUU invierte más en deportar inmigrantes que en luchar contra las drogas
A lo largo del último año fiscal, el Gobierno de los Estados Unidos destinó al filtrado, seguimiento y deportación de inmigrantes la cantidad de 18.000 millones de dólares (unos 13.600 millones de euros). Este gasto supera en un 24% el total de los recursos destinados por la administración federal al conjunto de las agencias no militares dedicadas a cuestiones de seguridad nacional, incluyendo el FBI, la DEA (drogas), el Servicio Secreto, el US Marshals Service y la Oficina para el Control del Alcohol, el Tabaco, las Armas de Fuego y los Explosivos. Desde que en 1986 se introdujese la doctrina actual de "control de la inmigración", EEUU ha destinado a esta partida un total de 219.000 millones de dólares.
Estos datos son parte de un revelador informehecho público esta semana por el think tank estadounidense Migration Policy Institute, uno de los centros de análisis de referencia en este campo. Entre un listado de 52 averiguaciones sobre la política migratoria de este país, algunas destacan particularmente:
- Durante los años de la Administración Obama el número de deportaciones de inmigrantes irregulares no ha hecho más que crecer (392.000 en 2011 frente a los 188.000 de 2000). Menos de la mitad de las expulsiones tienen lugar después de un procedimiento que permita al inmigrante ser escuchado y concluya en una decisión judicial con garantías legales.
- A medida que los controles en frontera se hacen más duros y sofisticados, los inmigrantes utilizan mecanismos alternativos para permanecer de manera irregular en el país, como ignorar los períodos de expiración de las visas de turismo, estudio o trabajo. Se estima que entre un 40% y un 50% de los inmigrantes irregulares han utilizado esta vía, una cifra que podría crecer con rapidez.
En conjunto, el informe del MPI ofrece un panorama en el que, a pesar sus más que cuestionables resultados, el "control de la inmigración" se ha necrosado como la política migratoria de facto. Lo que es más preocupante, el populismo que infecta el tratamiento de la inmigración en el Congreso y en los medios de comunicación estadounidenses ha convertido este asunto en un verdadero cuello de botella: cualquier reforma amplia del sistema (para atraer talento o para adecuar los cupos migratorios a las necesidades del mercado de trabajo, por ejemplo) está sujeta al éxito de una política de control que nunca llega. En el mejor de los casos, los representantes políticos discuten la posibilidad de una amnistía que permita empezar de cero sin alterar de manera fundamental la orientación de la política de inmigración.
Los próximos meses podrían ver una reforma del modelo, tal como prometió el Presidente Obama durante la campaña electoral. En un debate público racional, en el que las consideraciones sobre los intereses de los EEUU fuesen contrastadas con las aspiraciones y los derechos de los trabajadores extranjeros, las conclusiones de este informe deberían jugar un papel principal. Lamentablemente, la racionalidad rara vez encuentra espacio en los debates sobre inmigración, sea en EEUU o en cualquier otra región de destino. Porque la pregunta es: si EEUU gastó el año pasado 18.000 millones de dólares, ¿cuánto gastó la Unión Europea?