Editorial

Dudoso ‘banco malo’

El diseño de la sociedad de activos inmobiliarios suscita incertidumbre entre los inversores

La articulación de un banco malo, una sociedad que se haga cargo de los activos depreciados del ladrillo que lastran los balances bancarios, suscita hoy algunas dudas y, a pesar del discurso superficialmente optimista del ministro de Economía, tropieza con dificultades logísticas importantes. En teoría, la idea es correcta. La sociedad Sareb, el nombre del banco malo, debería iniciar sus tareas a partir de ayer, 1 de diciembre, según se comprometió el Gobierno; pero lo cierto es que poco hay organizado y las previsiones más optimistas suponen que podrá cumplir sus funciones, es decir, gestiona...

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La articulación de un banco malo, una sociedad que se haga cargo de los activos depreciados del ladrillo que lastran los balances bancarios, suscita hoy algunas dudas y, a pesar del discurso superficialmente optimista del ministro de Economía, tropieza con dificultades logísticas importantes. En teoría, la idea es correcta. La sociedad Sareb, el nombre del banco malo, debería iniciar sus tareas a partir de ayer, 1 de diciembre, según se comprometió el Gobierno; pero lo cierto es que poco hay organizado y las previsiones más optimistas suponen que podrá cumplir sus funciones, es decir, gestionar y colocar en el mercado los activos inmobiliarios asignados a su patrimonio, dentro de unos seis meses.

Pero la logística, condición importante, no es el problema principal. El concepto económico-financiero de la Sareb está hilvanado a medias, como si las prisas que llegan desde Bruselas para que los bancos españoles limpien sus balances hubieran atropellado al Gobierno y al Banco de España. Se ha elegido la fórmula de una sociedad con el 49% de capital público con el fin de que las eventuales pérdidas no consoliden como déficit y penalicen las cuentas del Estado. Pero es una evidencia a prueba de legalidad societaria que la deuda de la Sareb pesará subsidiariamente sobre el Estado, y así lo consideran los inversores.

El proyecto de negocio de la sociedad adolece también de otra inconsecuencia importante. Asegura el Gobierno que la Sareb tendrá una rentabilidad sobre recursos propios del 15% anual. Pero no explica cómo conseguirá esa rentabilidad, y mal podría hacerlo puesto que la participación pública en un 49% del capital sitúa las decisiones de gestión en el capital privado. Y, por cierto, tampoco es muy consecuente que el Gobierno nombre al responsable de Sareb cuando no tiene la mayoría. Además, está claro lo que hará la Sareb con los activos físicos que aterricen en su cartera, pero queda por definir cómo tramitará los créditos dudosos asociados a los activos, puesto que al no ser un banco —a pesar de su apodo—, la sociedad no está capacitada para refinanciarlos.

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Son detalles de importancia que no contribuyen a infundir confianza entre los inversores potenciales en la eficiencia del banco malo. Quizá se resuelvan con el rodaje de la entidad. Pero con esta reforma bancaria la economía española se juega buena parte de sus probabilidades de recuperación y el proyecto de la Sareb debería estar ya afinado y en marcha.

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