Un cierre concertado

El acuerdo sobre la gestión del fin de ETA que todos los partidos, excepto Amaiur y UPyD, suscribieron el martes, tiene entre sus objetivos más obvios evitar iniciativas unilaterales que puedan resultar inoportunas o contraproducentes para ese fin. Por ejemplo, la planteada por UPyD instando al Gobierno a promover la ilegalización de las coaliciones Bildu y Amaiur. 

Esa decisión corresponde al Tribunal Constitucional, y las posibilidades de que prospere son nulas. Bildu ya pasó ese filtro, y Amaiur, que es el resultado de la agregación a Bildu de Aralar, cuya legalidad nadie cuestiona, ...

El acuerdo sobre la gestión del fin de ETA que todos los partidos, excepto Amaiur y UPyD, suscribieron el martes, tiene entre sus objetivos más obvios evitar iniciativas unilaterales que puedan resultar inoportunas o contraproducentes para ese fin. Por ejemplo, la planteada por UPyD instando al Gobierno a promover la ilegalización de las coaliciones Bildu y Amaiur. 

Esa decisión corresponde al Tribunal Constitucional, y las posibilidades de que prospere son nulas. Bildu ya pasó ese filtro, y Amaiur, que es el resultado de la agregación a Bildu de Aralar, cuya legalidad nadie cuestiona, no podría tener un destino diferente. Sostener que con posterioridad a las decisiones de los tribunales han aparecido “hechos sobrevenidos” que aconsejarían revisarlas resulta sorprendente teniendo en cuenta que el hecho más relevante acontecido desde la legalización de Bildu ha sido la declaración de cese definitivo de la actividad terrorista por parte de ETA.

Si el Gobierno hubiera hecho caso a lo que le empujaba a hacer UPyD, lo más probable habría sido una derrota que solo podría favorecer a la izquierda abertzale. Especialmente si la iniciativa provocase la división de los partidos democráticos: entre los nacionalistas y los que no lo son, o entre el PP y el PSOE. Es lógico por ello que el ministro del Interior se opusiera la semana pasada a la propuesta de Rosa Díez, y que haya buscado el acuerdo con socialistas y nacionalistas para hacerle frente con una posición compartida.

El resultado ha sido un acuerdo impulsado por PP, PSOE y PNV y suscrito por casi todos los partidos. Su contenido apenas va más allá de las cuestiones de principio, pero es significativo que comience por constatar que lo anunciado por ETA el 20 de octubre no es una tregua más sino el fin de su actividad terrorista, por más que se resista a oficializar su disolución. Que Amaiur use su influencia para que esa disolución se produzca sin demora ni contrapartidas es lo que ayer planteó Rajoy al portavoz de la coalición. Si la izquierda abertzale lo hiciera, no sería un mero gesto retórico, sino la forma de manifestar su renuncia a sacar ventajas políticas de una hipotética disolución negociada.

Que Amaiur no dé ese paso es un problema, como lo es para la convivencia la apelación de la izquierda abertzale a un “conflicto político” no resuelto para negarse a condenar atrocidades ante las que calló en su día, como el asesinato hace 10 años de una niña de seis en Santa Pola, cuyos autores han sido juzgados hace dos días. O como lo es el auge del independentismo que ha seguido a la retirada de ETA. Pero son problemas que no se resuelven ilegalizando partidos; la derrota de ETA no los soluciona, pero permite afrontarlos por medios políticos. Ese, y no el que le dio Amaiur, es el único sentido posible de la declaración del ministro del Interior de que el problema de ETA no es hoy solo policial, sino político. Así lo ha acabado por admitir el PP, pero no UPyD, que se resiste a admitir que lo que fue conveniente antes del 20 de octubre sería ahora contraproducente.