El Supremo confirma la suspensión de un año a una juez por abuso de su condición
La magistrada utilizó su posición para investigar a un establecimiento que le vendió un producto defectuoso
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de un año de suspensión de funciones y traslado forzoso a la juez de Úbeda María Dolores Ladrón de Guevara, por abuso de su condición de juez para la obtención de un trato favorable y por no haberse abstenido de instruir unas diligencias a sabiendas de que no podía hacerlo.
A finales de junio de 2008, la juez compró un perfume en un establecimiento de Úbeda pero, posteriormente, descontenta porqu...
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de un año de suspensión de funciones y traslado forzoso a la juez de Úbeda María Dolores Ladrón de Guevara, por abuso de su condición de juez para la obtención de un trato favorable y por no haberse abstenido de instruir unas diligencias a sabiendas de que no podía hacerlo.
A finales de junio de 2008, la juez compró un perfume en un establecimiento de Úbeda pero, posteriormente, descontenta porque no ofrecía la fragancia que esperaba y porque el pulverizador no funcionaba correctamente, envió a una empleada doméstica a devolverlo y a recuperar el importe de 49,95 euros. Al no acceder la encargada del establecimiento, la juez se personó, pidió una hoja de reclamación y recabó la presencia de agentes de la Policía local de Úbeda para que constatasen las deficiencias del envase.
Al día siguiente, mientras estaba de guardia, la juez comunicó a la Policía que en el establecimiento de perfumes se vendían marcas posiblemente falsificadas, y ordenó al inspector jefe que lo investigara. Esa misma mañana recibió un aviso para que se pasase a recuperar a recuperar el importe del perfume, y en la perfumería se encontró al inspector realizando las pesquisas, al que ordenó que se las remitiese cuando las hubiese acabado.
Dos días después, la juez incoó diligencias, llamó al propietario del establecimiento a declarar y, tras haber comprobado que sus adquisiciones eran lícitas, archivó el caso tras dejar sin efecto la intervención policial de las mercancías.