El espadachín hiperactivo

El término "juez estrella" fue acuñado expresamente contra Baltasar Garzón, contra él y no para él. El número de detractores del magistrado ha experimentado una progresión geométrica que ha discurrido en paralelo a sus éxitos judiciales. Su fugaz paso por la política, entre abril de 1993 y el mismo mes de 1994, no ayudó a mejorar esa imagen, más bien al contrario. La definición de "juez estrella" se usó profusamente y de forma peyorativa para calificar a uno de los magistrados más prolíficos de toda la historia de la Audiencia Nacional.

Su relevancia no viene dada sólo por lo dispar de ...

El término "juez estrella" fue acuñado expresamente contra Baltasar Garzón, contra él y no para él. El número de detractores del magistrado ha experimentado una progresión geométrica que ha discurrido en paralelo a sus éxitos judiciales. Su fugaz paso por la política, entre abril de 1993 y el mismo mes de 1994, no ayudó a mejorar esa imagen, más bien al contrario. La definición de "juez estrella" se usó profusamente y de forma peyorativa para calificar a uno de los magistrados más prolíficos de toda la historia de la Audiencia Nacional.

Su relevancia no viene dada sólo por lo dispar de los casos que le ha tocado instruir, sino que sus investigaciones y autos han tenido unas repercusiones históricas tanto dentro de España como en otros países, comoChile o Argentina. Llegó incluso a abrir una investigación a Silvio Berlusconi, y dictó una orden de busca y captura contra Osama Bin Laden. Desde la guerra sucia contra ETA, su primer gran causa, hasta el caso de los crímenes de la dictadura franquista, que puede ser el último de su carrera en el Juzgado de Instrucción Número 5, han pasado 22 años.

Hasta 15 destacadas causas se cuentan en su trayectoria, muchas de ellas, auténticos macroprocesos en los que anidan varios sumarios de gran trascendencia. Media docena de ellos son hoja de ruta de su trabajo: el caso GAL, la represión chilena y argentina y la detención de Pinochet, el entramado de la órbita terrorista de ETA, la Operación Nécora, el caso Gürtel, de presunta corrupción en el PP, y la causa contra los crímenes del franquismo.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).- Garzón, que ya había instruido el caso Amedo por el que los ex policías José Amedo y Michel Domínguez fueron condenados en 1991 a 108 años de prisión cada uno, reactivó en octubre de 1994 el sumario 16/89, relacionado con el secuestro del industrial Segundo Marey. El sumario, que estaba a punto de prescribir, era el único relativo a los GAL que permanecía abierto. El proceso judicial se extendió durante tres años y concluyó en septiembre de 1998 con la condena e ingreso en prisión de los principales procesados, entre ellos el ex ministro del Interior José Barrionuevo, el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, y el ex director general de la policía Julián Sancristóbal.

Entorno etarra.- En febrero de 1996, Garzón ordenó el secuestro del vídeo de la campaña electoral de Herri Batasuna (HB), al considerar que su difusión podía constituir delito de colaboración con banda armada, del que serían responsables todos los miembros de la dirección abertzale. La causa que acabó en el Supremo, dada la condición de aforados de algunos de los acusados, condujo a la totalidad de la Mesa de HB a prisión el 1 de diciembre de 1997. Sin embargo el 20 de julio de 1999 el Pleno del Constitucional anuló la sentencia del Tribunal Supremo y ordenó su excarcelación.

A mediados de 1998, el juez comenzó a instruir el sumario 18/98 en el que trató de probar la presunta vinculación entre ETA y diversos grupos de su entorno. La instrucción concluyó en julio de 2002, tras cuatro años de investigación, que se resumen en una docena de operaciones contra entidades del entorno de ETA y la detención de 121 personas:

- Trama de finanzas. El 25 de mayo de 1998 fueron detenidas diez personas y registradas varias empresas sospechosas de estar implicadas en flujos económicos con ETA.

- Cierre del diario Egin y de la emisora Egin Irratia. El 15 de julio de 1998 fueron clausurados ambos medios y detenidas 15 personas.

- 'Aparato internacional'. El 29 enero de 2000 Garzón ordenó la detención de 11 personas acusadas de integrar Xaki, organización a la que el magistrado identificaba con el ministerio de exteriores de ETA. La Audiencia rechazó la identificación de Xaki con ETA y liberó a quienes permanecían en prisión por esta causa, aunque mantuvo los procesamientos de la mayoría de los arrestados. El juez decretó la suspensión de actividades de Xaki.

- Ekin. El 13 de septiembre de 2000, la policía detuvo a 20 personas del grupo Ekin, acusadas de formar parte de la estructura política de ETA en España. Dos de los arrestados quedaron en libertad bajo fianza; el resto ingresó en prisión. Garzón dictó una resolución declarando la ilicitud de Ekin.

- 'Proyecto Piztu'. El 5 de octubre de 2000, fueron detenidas 10 personas acusadas de formar parte del Proyecto Piztu (encender) encaminado, según el juez, a extender la desobediencia civil siguiendo consignas de ETA. Seis fueron encarcelados, tres quedaron en libertad bajo fianza y otro sin fianza.

- Haika. El 6 de marzo de 2001 fueron detenidos 15 dirigentes del grupo juvenil acusados de formar parte de ETA. El grupo fue declarado ilícito por el juez.

- Gestoras pro Amnistía. El 31 de octubre de 2001, Garzón ordenó el arresto, por integración en banda armada, de 13 dirigentes del grupo de apoyo a presos etarras. El magistrado declaró ilícita esta asociación.

- Segi. 8 de marzo de 2002 fueron detenidos 12 dirigentes del grupo juvenil sucesor de la ilegalizada Haika.

- Responsables económicos de Batasuna. El 20 de abril de 2002, fueron detenidas 15 personas con responsabilidades en el área económica de Batasuna o de otras estructuras de la izquierda aberzale. Diez ingresaron en prisión y las cinco restantes quedaron libres bajo fianza.

- Violencia callejera. En julio de 2002, Garzón declaró a Batasuna responsable civil solidaria de los daños de la violencia callejera y ordenó el embargo de 109 cuentas de esta formación, así como de 75 sedes y locales.

Como resultado de la línea de investigación iniciada, Garzón suspendió el 26 de agosto de 2002, durante tres años, las actividades de Batasuna. La medida decretada por Garzón coincidía con el proceso iniciado por el PP y el PSOE para la ilegalización asimismo de la formación abertzale, según la Ley de Partidos Políticos.

Lucha contra el narcotráfico.- La Operación Nécora, en junio de 1990. El juez dirigió desde un helicóptero en Galicia a los 350 policías que participaron en la redada que supuso la desarticulación de los principales clanes gallegos.

La Operación Pitón, en octubre de 1992. Desarticulación de las redes de tráfico de hachís enviado desde Marruecos a Italia y Holanda a través de España .

Las dictaduras chilena y argentina.- La actuación más emblemática del juez Garzón en los crímenes de las dictaduras latinoamericanas es la detención de Pinochet en Londres. El juez Garzón se hizo cargo de la investigación de los desaparecidos españoles durante las dictaduras argentina y chilena, e impulsó la detención en Londres, el 16 de octubre de 1998, del dictador chileno Augusto Pinochet.

El auto de prisión de Garzón, del 18 de octubre de 1998, atribuyó al ex dictador un delito de genocidio "que se integra por una serie de detenciones ilegales seguidas de unos casos de asesinato o desapariciones de 91 personas" y que, según los testimonios, "fueron precedidos de torturas en cada uno de los casos". Garzón también tipificó los hechos como terrorismo. Pero el verdadero hito fue la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal del 5 de noviembre de 1998 , que acordó que España tenía jurisdicción para enjuiciar los crímenes cometidos en Argentina y Chile.

El fallo fue leído en audiencia pública por el magistrado ponente, Carlos Cezón, en una ceremonia tremendamente emotiva. La decisión interpretaba que el artículo 6 del convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio no excluía la existencia de jurisdicciones distintas de las del territorio del delito o de un tribunal internacional.

El auto de procesamiento relataba las actividades de Pinochet desde que el dictador encabezó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Garzón se extiendía sobre la "feroz represión contra la vida, seguridad y libertad de las personas y sus patrimonios", que arrojó un saldo de más de 300.000 personas privadas de libertad, más de 100.000 expulsados o exiliados, casi 5.000 muertos y desaparecidos y más de 50.000 torturados. Pinochet extendió el terror a otras dictaduras latinoamericanas mediante el Plan Cóndor.

El 24 de marzo de 1999, la Cámara de los Lores retiró definitivamente a Pinochet la inmunidad para evitar el proceso de extradición, pero condicionó ésta a los delitos de torturas cometidos a partir del 29 de septiembre de 1998. Finalmente el Gobierno británico denegó su extradición y le concedió la libertad el 2 de marzo de 2000.

El juez español retomó el caso en septiembre de 2004 y amplió las imputaciones contra Pinochet a los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero.

Crímenes del franquismo.- El 16 de octubre de 2008 Baltasar Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo por considerarlos un delito dentro del contexto de crímenes contra la humanidad. Su juzgado admitió a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista y autorizó exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, en la que supuestamente se encontrarían los restos del abuelo de una denunciante.

La decisión del juez fue muy contestada por ciertos sectores que se oponían además a la ley de "Memoria Histórica" aprobada por el Gobierno del PSOE en 2007 y que tachaban de provocar el enfrentamiento entre españoles. La investigación también contó con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que interpuso recurso de apelación -por tanto, ante la Sala de lo Penal y no ante el juez Baltasar Garzón- contra la decisión de éste de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. El juez se inhibió en un auto del 18 de noviembre de 2008 a favor de los juzgados territoriales donde se encuentren las fosas.

El 28 de noviembre de 2008 el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó, por 14 votos a favor y tres en contra, que el juez carecía de competencia para investigar las desapariciones. El asunto acabó en el Tribunal Supremo, ante quien el sindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una querella por prevaricación contra el juez, que fue admitida a trámite por el Alto Tribunal el 27 de mayo de 2009.

Como respuesta a la querella, el juez Garzón presentó el 30 de mayo de 2009 en la sala segunda del Tribunal Supremo un recurso en el que negaba haber prevaricado al declararse competente para investigar los hechos. El recurso fue rechazado por el Supremo el 17 de junio de 2009, en contra de la opinión de la fiscalía. A la querella presentada por Manos Limpias se unió el 24 de junio de 2009 una nueva interpuesta esta vez por la asociación Libertad e Identidad. En el auto la sala de lo penal del Alto Tribunal se declaró competente para instruir la causa y acordó acumular la querella a la presentada con anterioridad.

Finalmente el juez declaró ante el alto tribunal el 9 de septiembre de 2009. Dos días antes, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) había expresado su apoyo al juez Garzón y su preocupación por una decisión, la investigación abierta por el Tribunal Supremo, contraria a "los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura".

La defensa del juez Garzón presentó ante el Supremo el 15 de septiembre de 2009 una nueva resolución judicial en la que se considera competente para investigar. Una nueva querella, presentada esta vez por Falange Española de las JONS , fue admitida a trámite el 13 de enero de 2010 al reconocer el alto tribunal que la querella era coincidente con las previamente presentadas y admitidas a trámite.

En un auto notificado el 4 de febrero de 2010 por el instructor de la causa, Luciano Varela, el Supremo rechazó archivar la causa. Según Varela, Garzón "decidió conscientemente ignorar u orillar" la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar.

El CGPJ decidió el 9 de febrero de 2010 iniciar los trámites para decidir la suspensión cautelar de funciones del juez por esta causa y por la segunda causa que tiene abierta ante el Tribunal Supremo: los emolumentos recibidos por parte del Banco de Santander durante su periodo de excedencia en Nueva York.

'Caso Gurtel'.- La Operación Gürtel investiga una presunta trama de corrupción que implica a varios cargos del Partido Popular (PP) y en el que han sido imputadas 56 personas, entre ellas varios aforados. El caso, cuya instrucción comenzó Garzón el 6 de febrero de 2009, se instruye actualmente en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, por la presunta implicación en la causa de aforados de estas comunidades.

La instrucción del caso Gürtel provocó un agrio enfrentamiento entre el juez y el principal partido de la oposición. El PP acusó a Garzón de perseguirlos. Cuando días más tarde se hizo pública la participación de juez en una jornada de caza junto al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, los populares llegaron a hablar de una cacería organizada contra su partido. El caso subió de tono el 25 de febrero de 2009, fecha en la que el PP lo denunció ante el Tribunal Supremo por prevaricación y por un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos. El 7 de abril de 2009 la denuncia se archivó. El Tribunal Supremo admitió a trámite el 25 de febrero de 2010 una querella contra el juez, que presentó el abogado de un imputado en el caso Gürtel, por prevaricación al ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama.

El alto tribunal admitió el 4 de marzo de 2010 la personación como acusación particular del presunto cerebro de la trama de corrupción del caso Gürtel, Francisco Correa, en la causa abierta por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión de varios imputados. Finalmente, las escuchas fueron anuladas. Y el juez tiene abierta una querella por prevaricación.

Elaborado por el Servicio de Documentación de EL PAÍS con informaciones propias y de la agencia EFE.