Detenido en Coslada un empresario en la segunda fase de la operación Bloque
Los partidos presentes en el ayuntamiento aprueban por unanimidad la creación de una comisión de investigación
Primero a por los que extorsionaban, ahora, a por los extorsionados. Con esta frase se puede resumir el giro que ha dado la operación Bloque, que en entrado en una segunda fase con la detención en las últimas horas de un empresario de nacionalidad china en Coslada por su presunta vinculación a la trama de corrupción desmantelada en el municipio a raíz de las denuncias de varias prostitutas. Se espera que se produzcan más detenciones de este tipo. Hoy, cinco días después de las primeras detenciones, todos los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento han aprobado la constitución de una co...
Primero a por los que extorsionaban, ahora, a por los extorsionados. Con esta frase se puede resumir el giro que ha dado la operación Bloque, que en entrado en una segunda fase con la detención en las últimas horas de un empresario de nacionalidad china en Coslada por su presunta vinculación a la trama de corrupción desmantelada en el municipio a raíz de las denuncias de varias prostitutas. Se espera que se produzcan más detenciones de este tipo. Hoy, cinco días después de las primeras detenciones, todos los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento han aprobado la constitución de una comisión de investigación.
El empresario fue detenido el miércoles por la tarde acusado de un presunto delito de cohecho y prestó declaración ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial, tras lo cual quedó libre con cargos. La investigación contra los implicados en la red mafiosa liderada por el jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, continúa abierta y se prevén más detenciones para la próxima semana. Y no sólo en esta localidad sino en otros municipios cercanos.
Hasta el momento, 13 agentes locales de Coslada cumplen prisión preventiva en la prisión de Alcalá-Meco después de que el juez Eduardo Cruz Torres, que instruye el caso, confirmara el miércoles las órdenes de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dictadas por los jueces de guardia de Coslada y los Juzgados de Plaza de Castilla. El ingreso en prisión se basó en la alarma social creada en Coslada por la banda criminal.
Comisión de investigación>
Todos los partidos políticos con representación en el pleno del Ayuntamiento de Coslada, incluido el PP, han aprobado la creación de una comisión de investigación para analizar la trama de corrupción policial en el municipio madrileño.
La comisión dará comienzo cuando concluya el proceso judicial y se abra el sumario, según han acordado esta tarde el pleno del Consistorio. El PP había anunciado hoy que rechazaría la comisión de investigción en los términos en que estaba planteada por el equipo de gobierno, ya que a su juicio escondía "una clara intencionalidad de auto bombo del tripartito" formado por el PSOE, IU y la Plataforma de la Izquierda de Coslada (PIC).
Los delitos que se les imputan
La primera fase del operativo policial arrancó el 7 de mayo con la detención de un total de 26 policías locales, entre los que estaba el considerado cabecilla de la red corrupta. El día 11, el juez de Instrucción número 7 de Madrid envió a prisión a dos de los agentes por los delitos de asociación ilícita y abusos sexuales. La madrugada del pasado martes, la juez de guardia de Coslada ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Ginés y otros diez imputados.
Para dos de los agentes, David M.G. y Pedro P.F., la magistrada decretó cárcel eludible bajo fianzas de 6.000 y 12.000 euros, respectivamente. Estos policías abandonaron la prisión de Alcalá Meco tras depositar el dinero de las fianzas. Al conocido como el sheriff se le imputan delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas. A su 'número dos', Carlos M.G., se le acusa de asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, prevaricación, estafa y contra la Administración de Justicia por la manipulación de pruebas.
En sintonía con los criterios de la fiscal, la magistrada basó su solicitud de prisión en la gravedad de los hechos, en la posible obstrucción a la acción de la justicia, el abuso de autoridad y la alarma social. Los abogados recriminaron que esta última circunstancia no está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La situación era "potencialmente explosiva"
El Ayuntamiento de Coslada recibió en los últimos años quejas de agentes municipales contra Ginés Jiménez, al que acusaban de acoso laboral, lo que motivó la apertura de una investigación que concluyó que la situación dentro del cuerpo era "potencialmente explosiva". Según cuenta la cadena SER, este informe, realizado en junio de 2005 por el departamento municipal de Recursos Humanos y que tiene su origen en la denuncia de dos agentes, instaba al Consistorio a actuar con "medidas urgentes" ante el conflicto entre la plantilla y y Ginés Jiménez, a quien calificaba de "personalidad conflictiva" y "poco respetuosa" con los concejales de Seguridad.
Es incontrovertible, asegura el informe, que "un buen numero de expedientes jalonan su brillante historial profesional". Otros factores que han llevado a esta situación, a juicio del autor del informe, son que Jiménez se considera "investido de unos poderes que le sitúan por encima del bien y del mal "y que ese sistema de poder personal puede servir de "tapadera a pequeñas corruptelas". Este informe, remitido al concejal de seguridad, concluye que hay que relevar de sus funciones a Ginés Jiménez.
Sin embargo, las recomendaciones cayeron en saco roto. El entonces alcalde, Raúl López, del PP, a quien retiró finalmente sus funciones fue al concejal de seguridad. El actual concejal de Seguridad, Antonio Murillo, ha confirmado que, como ya ha contado este periódico, existían escritos de quejas por parte de ciertos agentes del cuerpo, miembros del sindicato CSIF-CSI, y también de Jiménez, pero ha subrayado que no abrió expedientes "porque no había pruebas ni testigos".
200 euros por semana
Una de las prostitutas denunciantes ha asegurado que la mano derecha de Jiménez le exigía a ella y a otra compañera 200 euros cada semana. "Varios policías mantenían relaciones con las chicas sin pagar", ha manifestado Amina en declaraciones a Telemadrid. La joven afirma que los agentes locales las obligaban a mantener contactos sexuales en los propios coches patrullas. De hecho, uno de los agentes imputados ha admitido ante el juez esta circunstancia, si bien aseguró que la relación era "consentida y prolongada en el tiempo", según su abogado.