La Fiscalía pide reabrir la causa de las identificaciones de los cadáveres del Yak-42

Tras la declaración del lunes en calidad de testigo del presidente del Congreso, José Bono, sobre la contratación del Yak-42, la Fiscalía y las familias de las 62 víctimas del accidente de avión definieron ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se reabra la causa sobre la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos. Para el fiscal del caso, Antonio Burgos, hay "suficientes indicios" de que se falsearon 30 de las 62 identidades, y que los mandos militares efectuaron los trabajos de forma "arbitraria" a sabiendas de que era incorrecta.

Burgos ha sido el...

Tras la declaración del lunes en calidad de testigo del presidente del Congreso, José Bono, sobre la contratación del Yak-42, la Fiscalía y las familias de las 62 víctimas del accidente de avión definieron ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se reabra la causa sobre la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos. Para el fiscal del caso, Antonio Burgos, hay "suficientes indicios" de que se falsearon 30 de las 62 identidades, y que los mandos militares efectuaron los trabajos de forma "arbitraria" a sabiendas de que era incorrecta.

Burgos ha sido el primero en intervenir en la vista sobre los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y los representantes de las familias contra el archivo de la investigación que dictó el juez Fernando Grande-Marlaska el pasado 11 de enero, al considerar que no se alteró la verdad en los "elementos esenciales".

Burgos ha acusado al general de Sanidad Vicente Navarro de elaborar la lista con los militares muertos en el accidente ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003 y "rellenar de forma arbitraria y caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar. Cuando dos días después del accidente, ha señalado el fiscal, el último avión con los cadáveres llega a la base militar madrileña de Torrejón de Ardoz, aquella lista estaba completa, con la totalidad de los 62 militares identificados.

Las familias acusan a otro militar del mismo delito, el general José Antonio Beltrán, porque fue el coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres y su repatriación, enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Otro de los letrados ha recordado ante el tribunal encargado de estudiar el recurso, que preside Alfonso Guevara, que la Sala de lo Penal ya ordenó el 15 de julio de 2004 reabrir la investigación sobre el accidente del Yak-42, que previamente había archivado la entonces responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3, Teresa Palacios, y cuyo titular es ahora Grande-Marlaska. Por esta razón, ha acusado a Grande-Marlaska de "desoír" lo que se le había ordenado y ha dicho que "desdeñar" la identidad de los fallecidos tiene trascendencia "jurídica, personal, moral y social".

Argumentos de la defensa

Los abogados de los imputados han rechazado su participación en las tareas de identificación y han coincidido en que los certificados médicos de defunción firmados por el general Navarro en Torrejón de Ardoz son documentos válidos que "producen efectos jurídicos". El abogado del general Navarro, al que las partes atribuyen la elaboración de la lista completa con los 62 nombres de los militares identificados, ha señalado que él firmó todos los certificados de defunción y que "no faltan a la verdad".

De los otros dos miembros del equipo forense, su defensa ha argumentado que "es difícil montar un delito de falsedad con cadáveres" porque esto "no se contempla en el derecho penal". Por todo ello han rechazado que se reabra la investigación y que se vaya a juicio.

La contratación del avión

El magistrado archivó en junio de 2007 la causa relacionada con la contratación del avión, aunque la Sala de lo Penal le obligó en noviembre de ese año a reabrir la investigación. A raíz de esta actuación han declarado en una docena de testigos, entre ellos el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la operación al Estado Mayor Conjunto, y el presidente del Congreso, José Bono, quien aseguró el lunes que se ocultaron datos de intermediarios en la contratación de la aeronave.

En su auto de archivo, Grande-Marlaska indicaba que, a la vista de los hechos, debía concluirse que no existe "relevancia jurídico penal" en este caso, a pesar de que de la mala identificación de los cadáveres se derivaron "daños morales". "Lo que sí podemos reseñar es la existencia de una concreta imprudencia" en las labores de identificación de los 30 cadáveres en los que se cometieron errores, señalaba.