Un testigo asegura que 'El Chino' alquiló la finca de Morata con un nombre falso

La decimoctava sesión del juicio por los atentados del 11-M vuelve a centrarse en la organización, financiación e infraestructura utilizada por los terroristas para llevar a cabo el mayor atentado islamista de la historia de Europa. El tribunal que preside el Javier Gómez Bermúdez interroga a varios testigos relacionados con las tarjetas telefónicas utilizadas por los terroristas para fabricar los artefactos explosivos y otros testigos relacionados con la finca de Morata de Tajuña donde se elaboraron las bombas.

El testigo Walid Altarakji Al Masri, que actuó como intermediario en el alq...

La decimoctava sesión del juicio por los atentados del 11-M vuelve a centrarse en la organización, financiación e infraestructura utilizada por los terroristas para llevar a cabo el mayor atentado islamista de la historia de Europa. El tribunal que preside el Javier Gómez Bermúdez interroga a varios testigos relacionados con las tarjetas telefónicas utilizadas por los terroristas para fabricar los artefactos explosivos y otros testigos relacionados con la finca de Morata de Tajuña donde se elaboraron las bombas.

El testigo Walid Altarakji Al Masri, que actuó como intermediario en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña, donde se almacenaron y prepararon los explosivos, ha asegurado ante el tribunal que Jamal Ahmidan, alias El Chino, alquiló la vivienda en enero de 2004 con un nombre falso. En la operación actuó como enlace otro de los suicidas de Leganés, Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, alias El Tunecino". El contrato, mostrado hoy ante la sala, aparece firmado con el nombre de Youssef Ben Salah, uno de los apelativos falsos utilizados por El Chino. El testigo -imputado y finalmente no procesado en la causa, al igual que otros testigos de los que han declarado hoy- ha reconocido al suicida en varias fotografías y en una copia de su pasaporte con nombre falso. La finca era propiedad de una señora, Nayat Fadal, y de su marido, que estaba entonces en la cárcel.

El Tunecino conocía la finca tiempo antes, ya que en 2002 la alquiló para acoger a una persona "que venía de África"; según el sumario de instrucción, se trataba de Mustapha Maimouni, preso en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca. El testigo también ha afirmado que conocía al líder de la célula islamista desarticulada en España en 2001, Eddin Barakat Yarkas, Abú Dahdah al que veía en la mezquita.

Otro de los testigos, Abdul Khaled Al Jondi, ha asegurado ante el tribunal que fue Serhane Ben Abdelmajid Fakhet alias El tunecino quien le compró las tarjetas telefónicas de la marca Amena dos meses antes del 11 de marzo. El día de la venta, El Tunecino llegó con una persona de origen marroquí con la tez "blanca" y "barba negra". Sin embargo, el testigo ha explicado que conocía al terrorista desde una año antes de los atentados y que acudió a su domicilio para adquirir tarjetas. En su primer encuentro con El Tunecino éste no compró las tarjetas que le ofreció, pero tuvieron otros dos encuentros, en los que le vendió un total de nueve tarjetas activadas. El Tunecino le explicó entonces que tenía la intención de crear un "locutorio" o "tienda de móviles". De hecho, incluso llegó a concretar que la persona que le acompañaba sería el encargado de regentar dicho comercio. El testigo también conocía al terrorista de vista, de sus visitas a la mezquita de Estrecho.

El primer testigo que ha declarado hoy ha sido Rakesh Kumar, que regentaba el comercio del que supuestamente salieron los móviles que los terroristas emplearon en las bombas. Hoy ha declarado que fue una persona "con los dientes un poco separados" y "con poco pelo" quien adquirió los diez aparatos. Kumar no reconoce a ninguno de los acusados en el proceso y ha insistido en la descripción de aquel comprador, que tenía aspecto "búlgaro" y con quien trató los días 3 y 4 de marzo de 2004. El primer día, según el testimonio, llegó a la tienda acompañado por otro hombre para adquirir móviles con objeto de -según le explicó- "repartirlos en una empresa de construcción".

El segundo testigo del día, Suresh Kumar, hermano del anterior y propietario del comercio, ha concretado que el modelo escogido por los terroristas, un Trium 110, era "el más barato" y del que tenían muchas unidades disponibles. Los terroristas no quisieron factura de la compra. Los dos hermanos regentaban el Bazar Top, que disponía de varias sucursales, una de ellas situada en la Avenida Real de Pinto en el distrito de Villaverde, donde se adquirieron los teléfonos. El primer día, el acusado adquirió tres unidades del modelo; volvió al día siguiente a por seis más y un tercer día adquirió "un reloj, cintas para cámaras digitales y otro teléfono móvil".

Los hermanos Kumar fueron imputados en la causa pero finalmente no fueron procesados. Hoy, durante su comparecencia, el tribunal ha analizado el libro de anotaciones donde Rakesh registraba los códigos de los teléfonos adquiridos. Allí se registraron las unidades adquiridas por los terroristas, aunque no se especifica la fecha en la que fueron adquiridos. Precisamente, la ausencia de información en los teléfonos adquiridos por los terroristas hizo sospechar sobre su implicación, y ha suscitado hoy ciertos interrogantes en las defensas particulares.

Intimidación

El negocio familiar de los Kumar se amplía a su cuñado, Vinay Kholi, que se dedicaba a la liberalización de los teléfonos móviles. Su nombre también estaba entre los sospechosos de colaborar con los terroristas, pero finalmente tampoco fue procesado y hoy ha declarado en calidad de testigo y ha relatado cómo liberalizó los teléfonos por encargo de su cuñado.

En un momento de la declaración, la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Manuela Rubio, ha preguntado por otra causa abierta contra de Kumar en relación con un delito de asesinato de un hindú en 2001, de la que se le informó coincidiendo con su declaración relativa al 11-M. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bemúdez, ha intervenido para preguntar a la letrada la relación de este delito con la actual causa. "Lo que le quiere usted preguntar es si se sintió intimidado en su declaración por esta imputación", ha dicho entonces Gómez Bermúdez ante los titubeos de la letrada. "Está bien, se lo pregunto", ha dicho la abogada. Entonces, se ha procedido a leer la declaración del testigo y ha quedado aclarado que se le informó sobre la acusación de asesinato al término de la misma.

El cuarto declarante de hoy ha sido Ayman Maussili Kalaji, ex policía nacional perteneciente a la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) y propietario de una empresa dedicada a la reparación y liberación de móviles. Al empezar, ha concretado que está “jubilado” de su labor como policía y que abandonó el puesto por “problemas en el trabajo”. El 17 de marzo la policía le informó que los móviles de Bazar Top se habían liberado e su tienda. Cuando fue a declarar, se presentó en el complejo policial de Canillas, identificándose como policía, y de hecho "llevaba la pistola". Además, declaró como testigo a favor de uno de los acusados, en el proceso abierto tras la desarticulación de la célula islamista liberada por Abú Dahdah en diciembre de 2001.

A continuación, ha subido al estrado el empleado encargado de llevar los móviles desde la tienda a la empresa de liberación de los aparatos, Washington Mauricio Cuenca, que sólo ha podido decir que el número de aparatos que llevó a liberalizar era "muy elevado", aunque no ha sabiido especificar la cantidad exacta.