Rajoy impulsará una reforma legal para poder celebrar elecciones anticipadas en Marbella

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha abogado hoy en Marbella por modificar la Ley Electoral de forma que, "en circunstancias excepcionales, se puedan reducir los plazos y, por tanto, convocar elecciones" en casos como el de Marbella. Ante la próxima disolución del Ayuntamiento de la ciudad malagueña por el escándalo de corrupción, el PP aboga por convocar comicios anticipados, mientras que el Gobierno defiende que no se cumplen los plazos legales para ello y por tanto hay que dejar el consistorio en manos de una junta gestora hasta las municipales de 2007. El Ejecutivo ha pedid...

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha abogado hoy en Marbella por modificar la Ley Electoral de forma que, "en circunstancias excepcionales, se puedan reducir los plazos y, por tanto, convocar elecciones" en casos como el de Marbella. Ante la próxima disolución del Ayuntamiento de la ciudad malagueña por el escándalo de corrupción, el PP aboga por convocar comicios anticipados, mientras que el Gobierno defiende que no se cumplen los plazos legales para ello y por tanto hay que dejar el consistorio en manos de una junta gestora hasta las municipales de 2007. El Ejecutivo ha pedido opinión al Consejo de Estado, que ha dictaminado hoy que no procede convocar elecciones.

Rajoy se ha reunido esta mañana con representantes de asociaciones de vecinos, sociales y culturales de Marbella que reclaman la convocatoria de elecciones anticipadas. Ha aprovechado además para respaldar a la portavoz local de su partido en Marbella, María Ángeles Muñoz, de cara a esos posibles comicios. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Rajoy ha anunciado que, si el Gobierno no lo hace antes, mañana su partido presentará una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral; ésta es a su juicio "la fórmula jurídica" para poder convocar comicios antes de las municipales de 2007 y así evitar la opción de la junta gestora, pues en su opinión Marbella "tiene derecho a tener un Ayuntamiento normal".

Cuatro meses de demora

Ayer el Senado aprobó con el acuerdo de todos los grupos parlamentarias dar luz verde a la iniciativa del Gobierno para disolver el Ayuntamiento. Sin embargo, el PP no evitó deslizar sus "sospechas" de que la Junta de Andalucía actuara con "cierta connivencia" con la alcaldesa y los ediles corruptos o al menos "mirara para otro lado". Las acusaciones contra la Junta las vertió el senador por Málaga Joaquín Luis Ramírez, que dijo: "Todos hemos participado en el fracaso de Marbella, pero también es cierto que es la candidata del PSOE la que está en la cárcel, por lo que no es lo mismo una cosa que la otra. Son 15 años. Son 30.000 viviendas ilegales. Y sólo gobernando el PSOE en la Junta de Andalucía, con todas las competencias en urbanismo. Son muchos años para no sospechar cierta connivencia o que se haya mirado para otro lado". El presidente del Senado, Javier Rojo (PSOE), le rogó que retirara la imputación, pero Ramírez no sólo se negó sino que se reafirmó en sus palabras.

Con el beneplácito de la Cámara Alta, el Consejo de Ministros puede disolver mañana la corporación municipal por real decreto. El proceso la inició la Junta de Andalucía al pedir el martes la disolución del Ayuntamiento por la presunta implicación de la alcaldesa, Marisol Yagüe, y de tres miembros de su equipo de gobierno en delitos como cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. El Consejo de Ministros celebró una reunión extraordinaria el martes para dar trámite a la propuesta, que requería del beneplácito del Senado. La disolución del consistorio se ajusta al artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, que prevé una acción así en caso de una gestión "gravemente dañosa para los intereses generales".

"Metástasis" en Marbella

A partir de ahí, según el artículo 183 de la Ley de Régimen Electoral, hay dos opciones: la convocatoria de elecciones anticipadas, o la designación de una comisión gestora por la Diputación Provincial de Málaga. La Ley de Régimen Electoral establece que no pueden celebrarse los comicios en una localidad cuya corporación ha sido disuelta en los 12 meses previos a la celebración de las elecciones municipales. Según el Ejecutivo, los trámites legales aplazarían los comicios cuatro meses, hasta agosto, es decir, a menos de 12 de las municipales previstas para mayo de 2007. Por ello, no se cumplirían los plazos para el adelanto electoral y habría que formar una junta gestora. El Consejo de Estado ha dictaminado hoy tras tres horas de reunión que no procede en efecto convocar elecciones anticipadas.