El juez deja en libertad con cargos a otros cuatro implicados en la trama eólica de Canarias
Están acusados de participar en las presuntas irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en las islas
El juez Miguel Ángel Parramón ha dejado hoy en libertad con cargos de cohecho y tráfico de influencias a cuatro imputados más en la supuesta trama vinculada con la Consejería de Industria del Gobierno canario en 2004, entonces dirigida por el consejero Luis Soria (PP), para amañar un concurso de parques eólicos. La policía detuvo la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid a siete personas en relación con este caso. Entre ellos figuran el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, del PP, supuesto autor de la filtración de información privilegiada, do...
El juez Miguel Ángel Parramón ha dejado hoy en libertad con cargos de cohecho y tráfico de influencias a cuatro imputados más en la supuesta trama vinculada con la Consejería de Industria del Gobierno canario en 2004, entonces dirigida por el consejero Luis Soria (PP), para amañar un concurso de parques eólicos. La policía detuvo la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid a siete personas en relación con este caso. Entre ellos figuran el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, del PP, supuesto autor de la filtración de información privilegiada, dos funcionarios, tres empresarios, madrileños y canarios, y el directivo de un banco.
Los cuatro presuntos implicados fueron citados hoy como imputados en la trama eólica. Se trata de José Ignacio Esquível, al que el juez fijó una fianza de 150.000 euros que deberá depositar en el plazo de 72 horas; Daniel Fernández de Salamanca y Javier Colino, ambos afincados en Madrid, y José Antonio Lucendo, director comercial de Unelco y directivo en Gran Canaria del Colegio de Ingenieros Industriales.
El único que se ha negado a declarar ha sido José Antonio Lucendo, que no ha querido contestar a las preguntas del juez por indicación de su abogado, José Ignacio Nestares. Este letrado ha explicado que la decisión judicial de no comunicarle los cargos antes de declarar ha causado indefensión a su cliente y ha asegurado que éste figura en muchas de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía porque tiene una relación de amistad con Celso Perdomo.
Por su parte, Daniel Fernández de Salamanca y Javier Colino han aportado al juez abundante documentación, en la que, según su abogado José Lozano, aclaran que no cobraron comisiones ni cometieron ningún tráfico de influencias. En los pasillos de los juzgados, Colino ha explicado que Fernández de Salamanca y él son socios en la explotación de empresas de energía renovables en la península, y que tienen proyectos en Tenerife y Gran Canaria. Según el letrado, sus clientes han contestado a todas las preguntas, por lo que ha estimado que las posibilidades de mantener contra ellos las imputaciones "han disminuido notablemente", y ha confiado en "su archivo en fechas próximas".
La investigación judicial sobre la trama eólica de Canarias se inició después de que el empresario Alberto Santana denunciara a la Policía en marzo del 2005 que desde la Consejería de Industria del gobierno canario se había filtrado información privilegiada del concurso mediante correos electrónicos a la empresa Siemanca, en la que el denunciante trabajaba como director comercial. El principal acusado en este caso, el ex director general Celso Perdomo, ha sido imputado por los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada, mientras que a su pareja Mónica Quintana se le atribuyen delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.
Perdomo y Mónica Quintana son los únicos imputados en esta causa que han ingresado en prisión, ya que el juez también ha puesto en libertad con cargos, y en la mayoría de los casos fianza, a otros cinco arrestados en la "operación Eolo". Se trata de los empresarios Alfredo Briganti Arencibia, Wilebaldo Luis Yánez y Enrique Guzmán; el directivo de La Caja de Canarias Jesús González; y el funcionario de la Dirección General de Industria Honorato López.