El Gobierno y los partidos catalanes alcanzan un acuerdo sobre las competencias compartidas
Las formaciones apuestan por un cambio en la metodología de la negociación
El Gobierno y los cuatro partidos catalanes que negocian el contenido de la reforma del Estatuto de Cataluña alcanzaron ayer un acuerdo en torno al artículo 111, que delimita las competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat, según han anunciado los portavoces de todos los grupos. La fórmula final atribuye a la Generalitat "la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, en el marco de las bases que fija el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución o el presente Estatuto"...
El Gobierno y los cuatro partidos catalanes que negocian el contenido de la reforma del Estatuto de Cataluña alcanzaron ayer un acuerdo en torno al artículo 111, que delimita las competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat, según han anunciado los portavoces de todos los grupos. La fórmula final atribuye a la Generalitat "la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, en el marco de las bases que fija el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución o el presente Estatuto".
| "En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado, corresponde a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fija el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. El Parlamento debe desarrollar y concretar a través de una ley aquellas previsiones básicas." |
Durante más de la mitad de la reunión, el Gobierno socialista y las formaciones catalanes han estado dando vueltas a este artículo, pues el cuatripartito consideraba que era la base de lo que se ha dado en llamar el "blindaje competencial", dirigido a evitar que una ley estatal vacíe de contenido el margen de maniobra de la administración autonómica.
Todos los portavoces han mostrado su satisfacción por el acuerdo, aunque han reconocido la dificultad para explicar la fórmula finalmente escogida. Según ha asegurado el portavoz de ICV, Joan Herrera, el acuerdo ha sido sustancial "aunque es muy difícil de explicar" y ha afirmado que la "arquitectura competencial" se parece a la que salió del Parlamento de Cataluña. El portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado también la importancia del acuerdo porque, según él, el artículo es uno de los más complejos del Estatuto.
El portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao, ha criticado el método negociador sobre el Estatut que viene fijando la delegación socialista que encabeza Pérez Rubalcaba y ha asegurado que, aunque se hayan registrado avances "modestos", resulta "temerario" pensar en un acuerdo para el día 21, cuando el PSOE celebra su Comité Federal. En todo caso, Ridao ha calificado de "muy trascendente" el acuerdo alcanzado sobre la definición de las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas.
Otra de los negociadores, la vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, ha destacado hoy el "paso importante" dado en la reunión celebrada en Madrid, pero ha apostado también por revisar el método de negociación para avanzar más rápido. Según De Madre hoy se ha dado "un paso muy importante" al llegar a un consenso sobre el artículo 111, lo que supone haber encontrado la "llave" para "desatascar una cuestión que nos había hecho dedicar muchas horas y mucho trabajo".
Tapón para el Estado
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, por su parte, ha asegurado que este acuerdo "tapona una de las vías de penetración, de invasión y de usurpación de competencias que se había hecho en contra de la Generalitat". Según el borrador del nuevo redactado del artículo 111 esbozado por Duran Lleida, la Generalitat se compromete "a desarrollar por ley el contenido de esas competencias compartidas". El diputado convergente también ha revelado que durante la decisión de hoy no se ha hablado de manera expresa de la definición de Cataluña como nación, uno de los puntos más polémicos.
Igual que De Madre y Ridao, Duran Lleida, ha apostado por revisar el método de negociación. El portavoz de CiU se ha quejado de que en la reunión de hoy se haya "vuelto a dar vueltas" a cuestiones en las que ya había acuerdo y que incluso se hayan hecho "ejercicios de teoría constitucional" sobre las mismas. Así, ha defendido la necesidad de buscar una metodología de trabajo que permita avanzar más rápido y se ha mostrado partidario de seguir con encuentros bilaterales, que permiten llegar a las reuniones a cuatro con "posiciones muy discutidas".
"En la recta final"
Horas antes de anunciarse este acuerdo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha mostrado hoy convencida de que los partidos están " en la recta final" del acuerdo sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el cumplimiento de los requisitos de lo que denomina "las tres c: Constitución, consenso y ciudadanía".
De la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha respondido así a una pregunta sobre los criterios en los que se basa el Ejecutivo para considerar que el próximo día 21 habrá acuerdo en la negociación del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La vicepresidenta también ha asegurado que la posición el Gobierno en esta cuestión "no ha cambiado ni una coma" en todo el proceso. Ha destacado además el "valor de la normalidad democrática" con la que se está realizando todo el proceso de negociación del Estatuto, "frente a aquellos que desde hace meses vienen rasgándose las vestiduras en discursos rayanos en lo apocalíptico, y a los que ven en todo crisis y rupturas".
Respecto al deber de conocer el catalán, que incluirá finalmente el Estatuto, ha asegurado que "no hay ningún cambio sustancial en las normas existentes relativas a la regulación jurídica de la lengua", para añadir que "el deber de conocimiento genérico del catalán, incluido en la propuesta catalana, no tiene consecuencias jurídicas".