El Consejo Consultivo ve inconstitucionales 19 artículos del borrador de Estatuto y duda de 39
Las dudas se centran en la reivindicación de los llamados "derechos históricos"
El dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat sobre el proyecto de nuevo Estatuto, que ha sido entregado hoy al Parlamento catalán, ha detectado un total de 19 preceptos inconstitucionales y duda de que otros 39 se adecuen a la Carta Magna.
De entre los artículos que dicho organismo considera inconstitucionales destaca la disposición adicional primera, que reconoce y actualiza los derechos históricos de Cataluña y los usa de argumento para el blindaje de algunas competencias, tal como aprobó la comisión parlamentaria el pasado mes de julio con los votos de CiU y Esquerra Republic...
El dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat sobre el proyecto de nuevo Estatuto, que ha sido entregado hoy al Parlamento catalán, ha detectado un total de 19 preceptos inconstitucionales y duda de que otros 39 se adecuen a la Carta Magna.
De entre los artículos que dicho organismo considera inconstitucionales destaca la disposición adicional primera, que reconoce y actualiza los derechos históricos de Cataluña y los usa de argumento para el blindaje de algunas competencias, tal como aprobó la comisión parlamentaria el pasado mes de julio con los votos de CiU y Esquerra Republicana. El dictamen juzga además inconstitucionales aspectos parciales de la propuesta de financiación del tripartito recogida en el título VI del Estatuto. Fuentes del Gobierno catalán han expresado su satisfacción porque consideran que las propuestas del tripartito han sufrido escasos retoques, mientras que las de CiU -en algunas ocasiones apoyadas por ERC- han sufrido un serio revés.
El texto del Consultivo también ha entrado a analizar las 554 enmiendas presentadas por los partidos políticos para su discusión parlamentaria. La más importante de todas ellas que ha sido declarada inconstitucional es la propuesta de financiación que hizo CiU, similar al concierto económico del que gozan únicamente el País Vasco y Navarra.
El dictamen cuestiona la constitucionalidad sobre las competencias que el texto estatutario atribuye a la Generalitat catalana en aspectos que afectan a seguridad pública, enseñanza, inmigración o contratación administrativa que se recogen de manera detallada en el texto.
En otros casos, las objeciones vienen por la forma de interpretar las llamadas relaciones de bilateralidad entre el Estado y la Administración autonómica. Es decir, competencias que son compartidas, pero que el texto estatutario califica de exclusivas para la Generalitat. La opinión del Consejo Consultivo es que, previamente al ejercicio de estas competencias, el Estado y la Generalitat deben ponerse de acuerdo sobre cómo aplicarlas y no se puede actuar de manera unilateral. Del mismo modo, los juristas del Consejo Consultivo consideran que 35 artículos del Estatuto son interpretativos, es decir, que pueden resultar constitucionales o inconstitucionales en función de cómo se apliquen. Por el contrario, todas las competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat que se recogen en el nuevo Estatuto se declaran constitucionales por el Consejo Consultivo.
Para ampliar el marco de competencias de la Administración autonómica y darle encaje legal, el texto del Estatuto propone la modificación de seis leyes, así como de aquellas que regulen un organismo o un ente y la Generalitat tenga competencias para designar a sus representantes. Pues bien, el Consejo Consultivo considera también inconstitucional ese apartado. Se trata de la disposición adicional novena del Estatuto, que prevé la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de Régimen electoral o la ley reguladora de las distintas modalidades de referéndum.