El Supremo abre una investigación sobre la puesta en libertad del jefe del 11-M
La Audiencia Nacional excarceló a Lamari en junio de 2002 al cumplir la mitad de la pena impuesta sin mediar sentencia
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, ha abierto hoy una investigación interna para aclarar por qué se tardó un mes en notificar a la Audiencia Nacional la sentencia por la que condenaba al argelino Allekema Lamari, considerado el cerebro del 11-M, a nueve años y tres meses de prisión. La tardanza obligó a la Audiencia a poner en libertad a Lamari ya que éste había cumplido ya en prisión preventiva la mitad de la pena -cinco años y dos meses-, el máximo legal.
Fuentes del Supremo han indicado que la investigación incoada por el presidente recopilará todos l...
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, ha abierto hoy una investigación interna para aclarar por qué se tardó un mes en notificar a la Audiencia Nacional la sentencia por la que condenaba al argelino Allekema Lamari, considerado el cerebro del 11-M, a nueve años y tres meses de prisión. La tardanza obligó a la Audiencia a poner en libertad a Lamari ya que éste había cumplido ya en prisión preventiva la mitad de la pena -cinco años y dos meses-, el máximo legal.
Fuentes del Supremo han indicado que la investigación incoada por el presidente recopilará todos los datos del caso y, a la vista de sus conclusiones, se determinará si hay indicios o no de alguna responsabilidad disciplinaria. En esa materia, Hernando tiene competencias en el Tribunal Supremo como presidente de su Sala de Gobierno, aunque en los casos graves las decisiones corresponden al Consejo General del Poder Judicial.
Lamari, nacido el 10 de julio de 1965 en Argel, fue detenido en Valencia por orden del juez Baltasar Garzón el 7 de abril de 1997, junto con otros nueve presuntos miembros del Grupo Islámico Armado (GIA). El 26 de junio de 2001, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictó sentencia y condenó a Lamari y a otros cinco compañeros a 14 años de prisión por pertenencia a una organización terrorista, tenencia ilícita de armas y falsedad en documentos oficiales. Pese a que para entonces había superado el máximo de cuatro años de prisión preventiva sin juicio, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia no le excarceló al no computar para ese plazo lo que consideraba dilaciones indebidas en el proceso imputables a las defensas.
Como Lamari recurrió al Supremo, el fallo de la Audiencia no era firme, con lo que el argelino continuaba en prisión preventiva. El plazo máximo en ese caso es el de la mitad de la pena del delito más grave cometido, en este caso, 5 años, ya que le correspondió una pena de 10 años por pertenencia a banda armada.
El Supremo rebajó la condena
La Sala Penal del Tribunal Supremo deliberó sobre el recurso de Lamari el 29 de mayo de 2002 y dictó la sentencia el 7 de junio del mismo año. Sin embargo, el argelino quedó en libertad provisional el 29 de junio de 2002 al cumplir un plazo máximo de 5 años y 2 meses en prisión.
El Supremo no remitió a la Audiencia su sentencia -en una entrega que se hizo en mano por un funcionario- hasta el 8 de julio, es decir, 9 días después de la fecha de la resolución. Y no fue hasta diez días después, el 18 de julio, cuando la Audiencia Nacional dictó la correspondiente orden de busca y captura de Lamari, que siguió en paradero desconocido hasta que, el 11 de marzo de 2004, presuntamente llevó a cabo los atentados de Madrid, y el pasado 3 de abril se suicidió con seis correligionarios en un piso de Leganés.
La Sala del Tribunal Supremo que resolvió su recurso -y que rebajó su pena de 14 años a 9 años y 3 meses, al considerar que la Audiencia no había motivado adecuadamente algunos aspectos de la condena- estuvo formada por los magistrados Joaquín Giménez (ponente), Andrés Martínez Arrieta, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Gregorio García Ancos.
La investigación del presidente del Supremo deberá establecer los pasos que siguió la Sala en la deliberación del asunto, el momento de dictar sentencia y su remisión a la Audiencia Nacional. Fuentes del Consejo consultadas hoy han apuntado a que, de un primer examen de lo ocurrido, la explicación del desfase entre fecha de sentencia y de remisión a la Audiencia puede venir del volumen y complicación de la causa.