El Gobierno considera el plan de Ibarrexte "un factor de tensión innecesario"
Zaplana asegura que los postulados del 'lehendakari' "coinciden con los de los violentos"
El Gobierno español está dispuesto a recurrir por la vía contencioso-administrativa y ante el Tribunal Constitucional "todos los planteamientos" del plan hecho público hoy por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que "pudieran desbordar el ámbito constitucional" en caso el caso de que al fin se concretarán.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Eduardo Zaplana, tras el Consejo de Ministros, una vez que hubo manifestado su "oposición más rotunda" a la propuesta de Ibarretxe. La pretensión del plan, que ha admitido conocer "de forma muy apresurada", es para Zaplana "un imp...
El Gobierno español está dispuesto a recurrir por la vía contencioso-administrativa y ante el Tribunal Constitucional "todos los planteamientos" del plan hecho público hoy por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que "pudieran desbordar el ámbito constitucional" en caso el caso de que al fin se concretarán.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Eduardo Zaplana, tras el Consejo de Ministros, una vez que hubo manifestado su "oposición más rotunda" a la propuesta de Ibarretxe. La pretensión del plan, que ha admitido conocer "de forma muy apresurada", es para Zaplana "un imposible jurídico tanto en España como en Europa", amen de una propuesta "claramente secesionista".
Por si quedara alguna duda, Zaplana ha dejado claro que el Gobierno "no puede negociar nada que desborde el ámbito constitucional", para apostillar luego que el Ejecutivo de Vitoria "no busca un debate sobre profundización en el autogobierno, sino otras cosas"; en concreto, romper el marco político, jurídico e institucional "que los españoles y vascos nos dimos hace 25 años y que ha proporcionado al País Vasco unas cotas de autonomía desconocidas en Europa y en otras partes del mundo".
Para Zaplana, las posibilidades de que prospera la iniciativa de Ibarretxe son "absolutamente nulas", pero eso sí, el plan genera pese a ello "riesgos y una gran inestabilidad de forma innecesaria", y "coincide con los planteamientos de los violentos". Además, "tensiona el debate político y la relación del Gobierno vasco con otras instituciones".