El Constitucional declara nulos los Presupuestos vascos del 2002
El alto tribunal estima un recurso presentado por el presidente del Gobierno
El Pleno Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, José María Aznar, contra la Ley del Parlamento vasco 1/2002 de 23 de enero, es decir la Ley de Presupuestos, y la ha declarado inconstitucional y nula, según han informado fuentes jurídicas.
La deliberación del Pleno del Tribunal Constitucional ha concluido hoy y el texto de la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eugenio Gay, con los fundamentos jurídicos, será notificado durante los próximos días, según han precisado las mismas fuentes, quienes han ap...
El Pleno Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, José María Aznar, contra la Ley del Parlamento vasco 1/2002 de 23 de enero, es decir la Ley de Presupuestos, y la ha declarado inconstitucional y nula, según han informado fuentes jurídicas.
La deliberación del Pleno del Tribunal Constitucional ha concluido hoy y el texto de la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eugenio Gay, con los fundamentos jurídicos, será notificado durante los próximos días, según han precisado las mismas fuentes, quienes han apuntado la posibilidad de que haya algún voto particular.
El Gobierno Vasco ha declarado ya que no se pronunciará sobre la decisión hasta que se les notifique la resolución, según han informado hoy fuentes de la vicepresidencia.
En su recurso, presentado el pasado 8 de mayo, el Gobierno estimaba que estos presupuestos vulneraban varios principios constitucionales al no incluir la totalidad de los ingresos y vascos y creaban una situación "objetivamente confusa" que afecta a la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Contra la seguridad jurídica
Para el Gobierno central esa ley, que incluye sólo "algunas normas relativas al estado de ingresos y gastos y la aprobación de determinadas secciones", vulneraba en concreto la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA LOFCA), que establece que los Presupuestos de las Comunidades Autónomas "incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de organismos y entidades integrantes de la misma".
También, en opinión del Ejecutivo, en los citados presupuestos se contraveían disposiciones del propio estatuto de Autonomía y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no se cumplían el contenido mínimo imprescindible que debe tener una norma de esas características, y se violaba el principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 de la Constitución.