El Supremo revoca la sentencia que anuló la congelación salarial de los funcionarios
El Ejecutivo fue condenado por la Audiencia Nacional a pagar 3.000 millones de euros en concepto de retrasos por la congelación salarial a la que sometió a 2,2 millones de empleados públicos
La decisión la ha tomado la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El ponente designado ha sido Juan José González Rivas, mientras que en las deliberaciones han participado el presidente de la sala, Enrique Cáncer, y los demás miembros de la sección: Fernando Martín, Nicolás Maurandi y Ramón Trillo.
La sentencia condenaba al Gobierno a pagar cerca de 3.000 millones de euros (medio billón de pesetas) en concepto de atrasos a 2,2 millones de empleados públicos.
Cuestión de personal, no política
El sindi...
La decisión la ha tomado la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El ponente designado ha sido Juan José González Rivas, mientras que en las deliberaciones han participado el presidente de la sala, Enrique Cáncer, y los demás miembros de la sección: Fernando Martín, Nicolás Maurandi y Ramón Trillo.
La sentencia condenaba al Gobierno a pagar cerca de 3.000 millones de euros (medio billón de pesetas) en concepto de atrasos a 2,2 millones de empleados públicos.
Cuestión de personal, no política
El sindicato solicitó al Supremo que no admitiera a trámite el recurso del Gobierno con el argumento de que la sentencia de la Audiencia trataba sólo de una cuestión de personal y no de una superior de política económica. Es decir, para Comisiones Obreras, el Gobierno incumplió un pacto firmado con los sindicatos en 1994 para que los funcionarios recuperaran poder adquisitivo pese a que aquel acuerdo tenía fuerza de ley.
El Ejecutivo, en su recurso, argumenta que la congelación salarial sí fue una decisión de política económica, y así se lo hizo saber a los sindicatos en 1996 el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Esa reunión informativa fue considerada por la Audiencia como un acto administrativo con el que se contravino el pacto firmado con los sindicatos por el último Ejecutivo socialista.