El Parlamento europeo aplaza 'sine die' la votación de la 'euroorden'

Treinta y cuatro eurodiputados, ninguno de ellos español, han impedido hoy en el pleno extraordinario del Parlamento Europeo que se produjera la votación por el procedimiento de urgencia de la orden de detención y entrega o euroorden, el penúltimo requisito para que esta medida, un mecanismo que obligará a la entrega de presuntos terroristas o criminales en un plazo máximo de 90 días, tenga valor jurídico.

La presidenta de la Eurocámara, Nicole Fontaine, ha anunciado al inicio de la sesión plenaria -la última que ella preside- que la votación no era posible al haberse recibido 34...

Treinta y cuatro eurodiputados, ninguno de ellos español, han impedido hoy en el pleno extraordinario del Parlamento Europeo que se produjera la votación por el procedimiento de urgencia de la orden de detención y entrega o euroorden, el penúltimo requisito para que esta medida, un mecanismo que obligará a la entrega de presuntos terroristas o criminales en un plazo máximo de 90 días, tenga valor jurídico.

La presidenta de la Eurocámara, Nicole Fontaine, ha anunciado al inicio de la sesión plenaria -la última que ella preside- que la votación no era posible al haberse recibido 34 solicitudes de diputados contra el procedimiento simplificado con que iba a ser aprobada.

Veintidos de los 34 diputados que se han opuesto a que el pleno vote la euroorden sin previo debate pertenecen al grupo de los Verdes, cuatro son conservadores británicos, tres del grupo de Europa para las Democracias y las Diferencias, tres liberales y dos comunistas.

Sin embargo, ningún español figura en la lista, a pesar de que en el grupo de los Verdes están inscritos Josu Ortuondo (PNV), Camilo Nogueira (BNG) y Carlos Bautista (PA). Así, ninguno de los 34 diputados son de los grupos socialista y popular, ya que los grupos mayoritarios de la Eurocámara se muestran a favor de no cambiar "ni una coma" de la propuesta acordada en el Consejo.

Piden un nuevo debate formal

Fuentes de los Verdes ha señalado que la idea de posponer la votación ha partido de su eurodiputado británico Neil McCormick, quien considera que "debe hacerse un nuevo debate formal", y desea introducir nuevas enmiendas, como que "los tribunales puedan revisar sus propias decisiones".

"Si un tribunal puede ordenar que una persona sea detenida y enviarla a otro país bajo una orden europea, ese tribunal debe tener poder para modificar dicha orden si considera que se pueden violar los derechos del individuo en otro país", afirma McCorick en un comunicado.

La Decisión Marco para la creación de un mandato europeo de detención y entrega fue pactada por los ministros de todos los países de la Unión, salvo Italia, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior del 6 y 7 de diciembre. Días después y tras una tormenta política dentro y fuera del país, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, rectificó y se unió a la iniciativa.

La Eurocámara había dado su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea para la euroorden, pero dado que a su paso por el Consejo el texto sufrió modificaciones, se debe volver a consultar al Parlamento. Normalmente, este trámite se supera sin problemas por lo que pasa a votarse sin debate.

"Una mala señal política"

Sin embargo, el Reglamento del PE contempla la posibilidad, si al menos 32 eurodiputados así lo solicitan, de reenviar la propuesta a la comisión parlamentaria competente para su análisis, en este caso, la de Libertades. Así, la euroorden queda apalzada sine die.

Al haber sido superada esa cifra, la Cámara deberá elaborar ahora un nuevo informe, que será presentado a la comisión parlamentaria de Libertades Públicas el 21 y 22 de enero próximo, donde se le pueden introducir nuevas enmiendas y, posteriormente, pasar a ser debatido en el pleno, en una fecha posterior aún sin determinar.

Después sólo restará que un próximo Consejo de ministros, ya bajo presidencia española y no en la actual como estaba previsto, le dé su visto bueno definitivo sin debate para que pueda entrar en vigor, una vez que los países hayan traspuesto las modalidades de aplicación a sus respectivas legislaciones nacionales.

Algunos países, como Italia, Portugal, Dinamarca o Suecia, deberán previamente llevar a cabo algún tipo de reforma en sus Constituciones para que pueda nacer este sistema que elimina los procesos de extradición.

El portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Gerardo Galeote, ha explicado que esta eventualidad "no tiene una significación práctica", aunque la ha calificado de "mala señal política".

"El problema ha sido que los servicios jurídicos se olvidaron de dar la reconsulta a tiempo. De todas maneras, los grupos mayoritarios, populares y socialistas, estamos absolutamente comprometidos para que la reconsulta se haga en enero sin admitir modificaciones ni de una sola coma del texto acordado en el Consejo", ha manifestado.