La criba contra las “universidades chiringuito” entra en vigor con informes de calidad obligatorios y un mínimo de 4.500 alumnos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación del decreto de creación de universidades, puesto en marcha por el ministro Manuel Castells en 2021, para cambiar los requisitos de calidad. Un intento de parar lo que el 31 de marzo el presidente Pedro Sánchez llamó “universidades chiringuito”, que a su juicio funcionan como meras “academias” auspiciadas por los gobiernos autonómicos para “ahogar” a las de titularidad pública.

Aunque el Gobierno ha tramitado por vía de urgencia el cambio ―con la argumentación de que las privadas (46), no siempre de calidad, están a punto de ser más que las públicas (50)―, este no ha entrado en vigor en mayo, como se anunció, pero al menos sí lo hace con el aval del Consejo de Estado. Aunque jurídicamente no está obligado, el Gobierno ha hecho caso a algunas de sus recomendaciones en aras de evitar problemas en los tribunales con empresas promotoras de campus. La ministra Diana Morant ha argumentado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: “El sistema de igualdad de oportunidades se está gripando en España”

¿Por qué se toma esta medida?

Se están aprobando campus que, a sus ojos, no cumplen unos mínimos de calidad. Y se ha llegado a un récord este curso 2025-2026, 1,9 millones de universitarios, pero sin reflejo en las universidades públicas, que han subido su alumnado un 2% desde 2015, frente al 129% de las privadas. Morant ha insistido en que “el récord lo absorbe la privada”, aunque “la primera opción de los estudiantes es la pública” que no oferta suficientes plazas. Por eso, ha exigido a las comunidades a financiar mucho más a sus campus.

En 1983, año que se aprobó la Ley de Reforma Universitaria, había 33 universidades públicas y cuatro privadas y hoy casi empatan. En los últimos 25 años no se ha abierto ninguna estatal frente a 27 nuevas en manos de fondos de inversión, la Iglesia o empresarios.

¿Cuál es el principal cambio?

Para certificar las ”garantías de solvencia financiera, éxito, viabilidad y vocación de permanencia“, el decreto modificado obliga a que los proyectos de universidad cuenten a ahora con un informe favorable de la agencia de evaluación nacional (ANECA) o una de sus 10 sedes locales. Estos órganos ya evalúan la calidad de las titulaciones y al profesorado, por lo que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades cree que es “una extensión natural de sus actividades”.

Hasta ahora la Conferencia General de Política Universitaria (en la que están las autonomías) aprueba un informe ―elaborado por los técnicos del ministerio― que se puede suspender porque no es vinculante y supone, en opinión del Gobierno, un coladero de proyectos de mala calidad.

Los centros adscritos no van a necesitar pasar un informe de la ANECA nacional ratificado por el Congreso, como pretendía el Gobierno, que ha cedido en la petición del Consejo de Estado. En la actualidad muchas universidades se están expandiendo por esta vía.

¿Por qué las universidades ‘online’ son evaluadas con más atención?

La mayoría de las universidades aprobadas con peores informes del ministerio son de docencia en remoto. El Gobierno pretendía que la ANECA nacional, que depende del ministerio y no de las autonomías, redactase el primer informe con la argumentación de que imparten clase en todo el Estado. Sin embargo, los partidos nacionalistas han logrado, con sus enmiendas al decreto, que las universidades a distancia sigan vinculadas a las agencias de calidad autonómicas si el 50% de las clases son en lengua cooficial, el 20% de la financiación la reciben de una autonomía o han sido creadas antes de la modificación del decreto.

El País Vasco y Galicia no tienen universidades online, pero sí Cataluña (UOC), vinculada a la Generalitat, y la Comunidad Valenciana es accionista de la Universidad Internacional de Valencia.

¿Cómo va a ser el primer informe?

Cada agencia autonómicas o la ANECA tendrá que crear comisiones de evaluación. Sus miembros ―catedráticos, profesores titulares y laborales con experiencia en gestión universitaria― serán elegidos por sorteo. Este es un cambio en el decreto a propuesta de la conferencia de rectores (CRUE).

En el caso de las universidades a distancia en castellano, obligatoriamente el dictamen será redactado por la ANECA nacional. Los expertos contarán con un año para elaborarlo y se centrarán en la calidad del profesorado, la investigación y los equipamientos. Si la iniciativa no es considerada apta, los promotores no podrán presentar otra propuesta en dos años.

¿Sufre cambios el dictamen que ya existía?

Con una resolución favorable de las agencias, toca el turno de los técnicos del ministerio, que dispondrán de seis meses para terminar su análisis. Se enfocarán en la sostenibilidad económica (va a empezar a pedirse un aval bancario), así como en la experiencia previa. Hasta este miércoles, evaluaban también a la plantilla y los medios, pero ahora queda en manos de las agencias.

El Gobierno ha aceptado la sugerencia del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los propietarios no tendrán que haber estado vinculados con el sector educativo, pero sí los gestores (es novedad).

¿Se mantienen medidas del decreto de 2021?

Tras la modificación del decreto, las universidades tendrán que ofertar tres programas de doctorado, no dos. Prosigue la obligación de tener en el catálogo al menos 10 grados y seis másteres de tres de las cinco áreas de conocimiento (ciencias, arte y humanidades, ciencias de la salud, ingenierías y ciencias sociales). Así se fuerza a que los centros tengan mayor tamaño e intersección de disciplinas. El 96% de las universidades ya cumple ese requisito.

¿Por qué se establece la cifra de los 4.500 alumnos?

A los seis años de haber sido creadas, las universidades tienen que matricular un mínimo de 4.500 estudiantes entre todas las etapas. Hasta hora no había una cantidad establecida, el decreto hablaba de suficiente “masa crítica”. Un colegio grande, con todas las etapas educativas, supera el millar de escolares. El Gobierno considera que sin masa crítica no se puede investigar ni tener bibliotecas, instalaciones deportivas o laboratorios de calidad. Además, es la forma de garantizar la sostenibilidad a largo plazo y su solvencia económica. Morant ha recordado que el 70% de la ciencia en España se hace en universidades y el 92% de ellas en las públicas.

Las universidades ya en marcha tendrían tres años para llegar a los 4.500 inscritos, salvo las creadas hace menos de tres años, que dispondrán de cinco años. En el curso 2023/24, la media de matriculados fue de 19.800 en las públicas y 11.000 en las privadas. En 13 de las privadas no llegaban a los 3.000 inscritos en la carrera.

A los tres años de su creación, además, los nuevos campus tendrán que disponer de plazas en residencia para el 10% de sus alumnos. Los rectores alertan de que la carestía de la vivienda está limitando el ascensor social.

¿Cómo se reparten el total de estudiantes?

La mitad de los alumnos de títulos oficiales tienen que ser de grado, como estableció Castells. La excepción son las universidades con muchos extranjeros, como UNIR, donde tienen que representar el 35%.

Los estudiantes de formación permanente no podrán duplicar a los de la carrera. Se busca así poner freno al desbocado y lucrativo negocio de esas enseñanzas no oficiales que apenas pasan filtros de calidad.