‘Bullying’ en Leganés: el instituto público que se negó a abrir el protocolo de acoso hasta que ocho meses después se lo exigió la Inspección

El infierno de Nuria (el nombre de las víctimas, igual que el de sus familiares, ha sido modificado para proteger su identidad) empezó hace poco más de un año, a los 15. Un grupo de unos seis alumnos de su instituto, el público Arquitecto Peridis, en Leganés (Madrid), empezó a insultarla por los pasillos, a asomarse por la puerta de su aula y gritar “guarra”, a ponerle difícil acceder físicamente a la clase de Teatro, la única asignatura en la que coincidían. Meses antes, ella había sido amiga íntima de una de las chicas de ese...

El infierno de Nuria (el nombre de las víctimas, igual que el de sus familiares, ha sido modificado para proteger su identidad) empezó hace poco más de un año, a los 15. Un grupo de unos seis alumnos de su instituto, el público Arquitecto Peridis, en Leganés (Madrid), empezó a insultarla por los pasillos, a asomarse por la puerta de su aula y gritar “guarra”, a ponerle difícil acceder físicamente a la clase de Teatro, la única asignatura en la que coincidían. Meses antes, ella había sido amiga íntima de una de las chicas de ese grupo, pero del amor se pasó al odio en pocos meses. “Ella es una chica que para su edad [ahora 16] tiene bastantes herramientas para hacer frente a esa situación de aislamiento, lo hemos trabajado, pero estaba en desventaja, los otros eran mayoría... sus notas empezaron a bajar, al igual que su peso, era algo bastante evidente”, cuenta Sofía Alderete, la psicóloga que atiende de forma privada a la niña desde hace más de un año. El miedo que sentía especialmente hacia una de las “acosadoras”, por su tamaño y corpulencia, la llevaba a regresar a casa cada día en el autobús urbano con miedo. “Ella percibía que algunos de ese grupo no se bajaban en sus paradas para perseguirla”, cuenta su madre, Elena (44 años). De lunes a viernes, a medio día, la conversación de WhatsApp que mantenían madre e hija era la misma:

—Ya en el bus.

―Ok ―contesta la madre―.

—Ya en casa. ¿Qué tengo para comer?

—¿Todo bien?

—Sí.

Recién arrancado el curso 2021-2022, Nuria, en cuarto de la ESO, estrechó su relación con otra alumna de su edad del instituto, Irene, que meses antes también había sido amiga del grupo de “acosadores”. “Siempre íbamos las dos solas y eso hizo que se ensañaran todavía más, es como que les daba rabia que nos hubiésemos encontrado y los insultos empezaron a ser cada vez más frecuentes. Nos llamaban ‘guarras’, ‘putas’. Un día durante el recreo salimos a un chino que está al lado del instituto a comprar y dos de ellos nos persiguieron haciendo comentarios en voz alta de lo mal que nos quedaba la ropa... al regresar se encontraron con el resto y dijeron, pues eso, ya lo hemos hecho, y todos se echaron a reír”, cuenta Nuria. “Es agotador, falté muchos días al instituto porque no tenía ganas de hacer nada”, añade. Su madre da fe de ello, unas 130 faltas, unas 130 horas de clase perdidas.

La primera llamada de alerta la hicieron las propias niñas, que en octubre de 2021 se dirigieron al director del instituto para exponerle el problema. “Nos dijo que estaría atento, que hablaría con otros profesores para ver si habían visto o escuchado algo”, cuenta Irene. No volvieron a saber nada. En diciembre, durante las vacaciones de Navidad, los padres de ambas niñas se reunieron y acordaron que en enero cerrarían una reunión con el equipo directivo. “En el instituto intentaban hacerse las fuertes, pero luego en casa se derrumbaban, estaban irascibles, sentían que el mundo estaba contra ellas”, cuenta Mónica, la madre de Irene.

“Cosas de niños”

El 17 de enero, Antonio (44 años), el padre de Nuria, mandó un correo dirigido al director solicitando una reunión, que se celebró el 24 de ese mismo mes. Acudieron los tutores de ambas niñas, la jefa de estudios y el director del centro. “El director nos dijo que eran cosas de niños, le dije si es que acaso en la vida académica entra que las llamen guarras, putas, que las empujen... entonces la jefa de estudios nos dijo que eso no era acoso escolar, que ese tipo de conflictos tenían que solucionarlos entre ellos, que ya eran mayores para que lo arreglen los padres”, cuenta Antonio. “Insistí en que no iba a permitir que mi hija fuese al colegio con ese sufrimiento continuo. Tuve una sensación de impotencia tras la reunión, nos dijeron que pondrían en marcha una mediación entre alumnos”, relata el hombre, que regenta un establecimiento de comida en Leganés. Mónica, la madre de Irene, dijo en repetidas ocasiones que había que activar el protocolo contra el acoso escolar, pero no le hicieron caso.

La solución escogida por el centro, una mediación entre alumnos recogida en su Plan de Convivencia —un documento obligatorio para todos los centros que regula la convivencia escolar—, no es la herramienta adecuada cuando hay indicios de posible acoso. “La mediación entre alumnos es una de las estrategias de resolución de conflicto entre iguales, se utiliza para conflictos puntuales, las dos partes deben estar de acuerdo y está más orientada a la prevención. Cuando un niño reporta que lo está pasando mal, el centro no tiene que imaginar que no es acoso, ante una sospecha está obligado a activar el protocolo y seguir los pasos, está todo muy marcado”, explica Isabel Serrano, jefa de la unidad de convivencia y contra el acoso escolar dependiente de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid. Serrano desconoce el caso concreto del IES Arquitecto Peridis, ofrece información general de cómo funciona y cómo debe aplicarse el protocolo, aprobado en noviembre de 2016 bajo la presidencia de Cristina Cifuentes (PP).

Según datos de la Comunidad de Madrid, el 78,2% de los casos de acoso se producen en Secundaria, seguido de Primaria (16,6%), Bachillerato (3,8%) y FP Básica (1,2%). A la hora de actuar, los centros son los principales responsables de iniciar los protocolos (56,4%) junto con los padres (37,1%). A continuación aparecen las propias víctimas (3,8%) y sus compañeros (2,5%). En la mayoría de las situaciones, el acoso se produce de manera grupal (76,9%), frente al 23% individual, mientras que el 89,7% de los causantes forman parte del mismo curso que la víctima.

Según la definición de acoso escolar que recoge el protocolo, es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, “negativa e intencionada”, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. Para que se considere acoso, se tienen que dar tres circunstancias: la intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico), la repetición en el tiempo de las conductas dañinas, y desequilibrio de poder entre las partes. “Este desequilibrio puede ser numérico, por ejemplo, cinco contra uno; físico, alguien muy corpulento contra alguien más pequeño; social, aislar a esa persona del resto, o de edad”, puntualiza Serrano. “Suponer que no hay acoso y no activar el protocolo, es un caso claro de mala praxis”, señala.

La mediación no surtió efecto. “Entre febrero y junio hubo tres reuniones con cuatro alumnos de segundo de Bachillerato. Ellos [por los acosadores] lo negaron todo y dijeron que nos estaban ignorando. Los insultos no pararon porque ellos mismos se dieron cuenta de que no servía para nada, que el centro no nos había tomado en serio”, cuenta Irene. Tras ese tercer encuentro, los alumnos de Bachillerato les recomendaron a las dos adolescentes que pasaran de ellos, que dejaran pasar el tiempo y que ya se cansarían de ellas. Cerró el curso y las familias no recibieron ninguna notificación por parte del centro. Nada.

Durante la última semana del curso, en una conversación en el chat de WhatsApp del grupo de Teatro, se puede apreciar la mofa de algunos del grupo contra la actuación de Nuria e Irene al haber intentado activar el protocolo. “Eres una acosadora”, le dice una de las chicas a otra, “cuidadito que te llevas una denuncia”. “Ya está, denunciadas”, dice otro de los chicos, “captura de pantalla para la poli”. En otro momento de esa conversación, uno de los chicos le dice a Nuria: “Desde que entré en aquel bar vivo enamorado (de ti)”. “¿La estás llamando puta?”, dice otra de las chicas en referencia a la ropa que Nuria vestía ese día. “Chao, que me voy a la cama ya”, contesta Nuria. “Sí, vete. No pintas nada”, le responde otra de las chicas. “No pintas nada con nadie... le caes mal a todo el instituto”, le dice otra de ellas. “Esta no se ha enterado de que se pusieron de nuestro lado”, dice otra de las chicas en referencia a la actuación por parte del instituto.

El índice de riesgo de acoso escolar, según datos de la Comunidad de Madrid, se ha reducido del 3% al 1,9% entre 2015 y 2020. Sin embargo, el ciberacoso ya supone el 15,6% de los casos en primaria y el 30,5% en secundaria.

La Inspección Educativa actúa

“Confiamos en el centro, pensamos que harían algo por resolver el conflicto, por ayudar a nuestras hijas, pero no fue así”, cuenta Antonio, que estos días anda ya con el ánimo bajo. En septiembre la situación no mejoró. El primer día de clase, antes de llegar al centro, Nuria llamó a Irene para contarle cómo habían configurado los grupos de primero de Bachillerato. Nuria iba con dos de las “acosadoras”, e Irene con una. “Le dio un ataque de ansiedad en el coche, no paraba de llorar y tuve que tranquilizarla, decirle que no iba a pasar nada”, cuenta la madre de Irene. Nuria pidió un cambio de clase al grupo de Irene y ya están juntas. “Hay un grupo de chicas a las que no conocíamos y ya han empezado a imitar nuestras posturas en clase... se burlan cuando hacemos exposiciones, deben de haber hablado con el otro grupo”, cuenta Nuria.

Gracias a un vecino, Antonio se enteró hace pocas semanas de la existencia de la DAT de Leganés (Dirección de Área Territorial de Educación e Investigación), dependiente de la Consejería de Educación y donde se encuentra la Inspección Educativa. No lo dudó. Pidió cita con una de las inspectoras. Días más tarde, el instituto activó el protocolo por indicación de esa inspectora. Ocho meses más tarde de la primera reunión. “No hay derecho a cómo nos han tratado, nos han ignorado, el sistema nos ha fallado”, lamenta Antonio, que cuenta cómo su hija tiene problemas para socializar con nuevos grupos de niñas, de las que no se fía por si luego se vuelven en su contra.

“Están en una edad complicada, en la que se está formando su identidad. Si te dicen de forma repetida que algo está mal en ti, puesto que el autoconcepto no está definido, eso genera un impacto psicológico, que se agrava si los adultos a los que consideras las figuras de referencia lo consienten y no hacen nada por resolverlo, eso refuerza el mesaje de que esa conducta es adecuada”, comenta la psicóloga de Nuria.

Al activarse el protocolo, dos profesoras “imparciales” (que no han dado clase a las niñas) deben reunirse con las partes implicadas y recabar información del profesorado del centro y de las familias para elaborar un informe de manera “inmediata”, según señala el protocolo. Hay tres posibilidades. Si se determina que no hay indicios suficientes, se planificará una nueva observación, así como medidas de vigilancia provisionales. Si no hay indicios de acoso, igualmente el centro deberá desarrollar actuaciones de prevención, como acciones tutoriales, actividades de cohesión de grupo o talleres de información sobre acoso y maltrato entre iguales. Si hay evidencias, se activará el plan de intervención y se iniciará el procedimiento disciplinario. Dicho plan incluirá actuaciones con todos los implicados, incluidos los acosadores y sus familias. Además, el director debe dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de Menores. “El o los acosadores deben reflexionar y reparar el daño causado de manera consciente, independientemente de si hay sanción”, apunta Isabel Serrano.

Efectos psicológicos

Es miércoles, es festivo, y las dos niñas se sientan con sus padres en la mesa de una cafetería de Leganés. La madre de Irene está sobrepasada. Hace unos días, la adolescente le dijo a su padre: “A ver si me atropellan y os quedáis todos tranquilos”. Al preguntarle a Irene por esa frase, se le encharcan los ojos. “Sería lo más fácil, mi vida no está bien”, dice. La semana pasada, Irene estuvo con la orientadora del instituto y después esta llamó a la madre. “Me dijo que la lleve al psicólogo, que ella no tiene tiempo ni recursos para una terapia individual... yo estoy en el paro y tengo tres hijos y en la seguridad social me han dado tres meses para la primera consulta. ¿Qué hago?”. Su hija siempre ha sacado muy buenas notas, pero empieza a fallar. “El otro día se rieron de ella en una exposición, y horas más tarde dejó a medias un examen de inglés, salió del aula llorando. Explotó”.

El caso de Nuria es también complejo. Desde hace poco más de un año, ha recaído en un problema que tuvo cuando era más pequeña, un trastorno de la conducta alimentaria. “De nuevo, se trata de su autoestima, y estas situaciones en el instituto, donde pasa la mayor parte de su tiempo, la desestabilizan, está sacando fuerzas de dónde no las tiene”, dice su psicóloga. Desde 2019, los centros educativos de la Comunidad de Madrid cuentan con una herramienta llamada SociEscuela, incluida en el plan contra el acoso escolar, para detectar de forma ágil situaciones de riesgo de acoso. “Es un test, con sociogramas que se cruzan y dan una imagen rápida al profesorado de cómo están las relaciones en el aula. Este año incluye por primera vez un test de cribado da salud mental, que permite identificar de forma individual trastornos como la ansiedad”, detalla Isabel Serrano. Otra herramienta que el IES Arquitecto Peridis desechó.

Fuentes de la Consejería de Educación madrileña han confirmado a este periódico que fue la Inspección Educativa la que “instó” al instituto público a activar el protocolo de “manera inmediata”. “La Comunidad de Madrid está analizando las actuaciones del centro”, señalan las mismas fuentes.

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