Quebec crea un comité para que los profesores universitarios no se autocensuren
La libertad académica choca con los reproches de grupos que creen que se vulnera su dignidad. Una profesora fue suspendida de docencia por emplear un término que la comunidad negra considera racista
En los últimos años, diversas universidades de Occidente han vivido casos polémicos relacionados con el choque entre la libertad académica y las reivindicaciones de grupos que citan la dignidad, la inclusión y la diversidad. Esfuerzos por boicotear a un conferencista, exigencias para que ciertas palabras no sean pronunciadas en las aulas y libros bajo la lupa son algunos ejemplos. Por eso el Gobierno de Quebec, una de las 10 provincias que componen Canadá, ha decidido tomar medidas. Danielle McCann, su ministra de Educación Superior, anunció a finales de marzo que se ...
En los últimos años, diversas universidades de Occidente han vivido casos polémicos relacionados con el choque entre la libertad académica y las reivindicaciones de grupos que citan la dignidad, la inclusión y la diversidad. Esfuerzos por boicotear a un conferencista, exigencias para que ciertas palabras no sean pronunciadas en las aulas y libros bajo la lupa son algunos ejemplos. Por eso el Gobierno de Quebec, una de las 10 provincias que componen Canadá, ha decidido tomar medidas. Danielle McCann, su ministra de Educación Superior, anunció a finales de marzo que se va a crear un comité de expertos sobre la libertad académica. McCann afirmó que una meta toral de la iniciativa es que “los profesores no se autocensuren”.
Uno de los casos más sonados en Canadá ocurrió en la Universidad de Ottawa en octubre, cuando una profesora fue suspendida de docencia por haber empleado ―con fines académicos― un término considerado sumamente racista por la comunidad negra. François Legault, primer ministro de Quebec, dio su apoyo a la docente. Algunas universidades quebequesas también han tenido que lidiar con asuntos similares. En febrero, Legault escribió en Facebook: “Un puñado de militantes radicales tratan de censurar ciertas palabras y obras”; “lo que resulta verdaderamente inquietante es que cada vez más individuos se sienten intimidados”. Sostuvo que había llegado el momento de entablar una discusión seria sobre el tema para que las personas sepan que tienen derecho a exponer hechos e ideas. “Estaremos ahí para defenderlas. Lo mismo que para aquellas víctimas de racismo. Deben saber que no dejaremos pasar los comentarios de odio, los actos racistas o la discriminación”, agregó el primer ministro de Quebec.
Los expertos publicarán un informe en diciembre.
Durante días se especuló que Legault propondría un proyecto de ley. Sin embargo, en una entrevista en La Presse, indicó que legislar al respecto podría poner en riesgo la autonomía universitaria, por lo que pensaba más en una “fuerte señal” del Gobierno a los centros de enseñanza. Legault optó así por el comité de expertos. Este grupo organizará consultas públicas con distintos actores, propondrá una definición de la libertad académica y formulará recomendaciones al Gobierno, principalmente sobre los mecanismos para aplicar disposiciones en las universidades. Los expertos publicarán un informe en diciembre.
El comité está integrado por un vicerrector (que funge como presidente), tres profesores y un estudiante. Bryan St-Louis, portavoz del ministerio de Educación Superior, precisa que fueron seleccionados por la ministra McCann, “en base a su experiencia y considerando la diversidad”. No obstante, ninguna de estas personas proviene de las universidades anglófonas de la provincia. “En las citas del comité, los diferentes actores de la comunidad de habla inglesa, así como sus inquietudes, serán escuchados y tomados en cuenta”, responde St-Louis.
La Federación quebequesa de profesores aplaudió la iniciativa de Legaultque, aunque señaló que el primer ministro podría actuar más con una ley que garantice la libertad académica. Mientras que la Confederación de Sindicatos Nacionales afirmó que si el Gobierno orienta la libertad académica podría abrir la puerta a restricciones de la libertad, que está protegida por los contratos colectivos en la Universidad. Según los sindicalistas, se requiere de un trabajo colegiado entre profesores, directivos, estudiantes y personal de apoyo, privilegiando la democracia por encima del clientelismo.
Sandrine Desforges, secretaria general de la Federación de asociaciones estudiantiles de la Universidad de Montreal, se muestra crítica: “En la universidad estamos haciendo un ejercicio de orientación sobre la libertad de expresión y académica en un contexto inclusivo. Creemos que no se puede abordar esa libertad académica sin considerar otros elementos y que la intervención gubernamental puede tener un impacto negativo en este esfuerzo interno. Las universidades están en mejor posición de comprender e intervenir”.
Desforges agrega: “Lo importante es que todos se sientan en un ambiente seguro. Los alumnos afectados no se oponen a la libertad académica, pero continúan produciéndose microagresiones en el ambiente universitario y hay que seguir denunciándolas”. Unas semanas antes de la decisión del Gobierno de Quebec, los conservadores británicos, debido a casos similares, presentaron un proyecto que incluye ―entre otras medidas― nombrar a un defensor de la libertad de expresión y académica.
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