Apostar por una energía más verde es rentable
El avance de las fuentes limpias genera competitividad, factor clave para atraer inversiones al sector
Actuar ya, en aras de revitalizar a corto plazo la competitividad del Viejo Continente en la escena global. La consigna, a juicio de David González, socio senior de McKinsey & Company, es clara, casi meridiana. “No queremos ir hacia atrás en transición energética, pero lo que está ponderando y pesando más en las decisiones de casi todo el mundo, y cada vez con menos espacio para desplegar fondos europeos, es la competitividad”. Y el sector energético cuenta con valor prominente en la resolución de este complejo desafío. Se trata, desgrana González, de establecer “cómo la energía, sin ir hacia atrás en descarbonización, contribuye a la competitividad industrial, y a la competitividad como país”.
Porque el momentum que describe el socio de McKinsey abre, en realidad, una ventana de oportunidad para la región ibérica; que pueda jugar un papel crucial en dicha revitalización europea a corto plazo, gracias especialmente a ventajas estratégicas ya adquiridas en el ámbito energético: desde poder figurar entre los proveedores de energía más rentables del continente aprovechando sus abundantes recursos renovables, hasta dispone de una red capilar ya robusta, amplias extensiones de terreno disponible para fuentes renovables y un mercado extenso de contratos PPA (30% del entorno UE en 2023).
El diagnóstico de la Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética (IETI), esfuerzo analítico intersectorial liderado por McKinsey & Company y diversos líderes industriales que fue presentado en la última edición del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, situaba ya entonces a España y Portugal en una situación favorable para comandar la reindustrialización del entorno europeo a través de dicha transición energética; pasados algunos meses, la oportunidad sigue ahí, aunque, advierte González, la prioridad por cerrar brecha competitiva a corto plazo respecto a economías como Estados Unidos y China pueda moderar las aspiraciones descarbonizadoras de la UE. Y menciona un claro ejemplo de esta situación, el hidrógeno verde, en torno al que “hace dos, tres años estamos inundados de expectativas y de planes”, recuerda González.
“A veces no sabes por qué las cosas no llegan a ser competitivas; en el caso del hidrógeno [verde] y sus derivados se echa la culpa a dos factores: la tecnología no está evolucionando a la velocidad que esperábamos, y la regulación ha sido demasiado exigente en cuanto a las condiciones para su descarbonización”, señala. “El [hidrógeno] verde, por el que abogábamos en Europa [frente al hidrógeno azul, obtenido a partir del uso de gas y en cuya producción EE UU se ha volcado] lo hemos hecho demasiado verde, al establecer que se haga con nuevas instalaciones de renovables y en condiciones simultáneas con la producción de energía eléctrica”, recuerda González. La conclusión de este experto es que su impacto productivo se prolongará más allá de 2030, y mientras “vamos a estar recibiendo hidrógeno proveniente de otras geografías”, incrementando ese gap competitivo de Europa.
Un billón de euros
Revertirlo requiere un valor potencial muy considerable: hablamos de hasta un billón de euros en valor añadido para 2030, equivalente a entre tres y seis veces la inversión anual necesaria para lograr el objetivo de emisiones netas cero. Más cuando, precisamente, una falta crónica de inyección económica —especialmente en I+D — ha influido decisivamente en la pérdida de pujanza industrial de las últimas décadas. Alcanzar este valor requiere —y con premura— de un entorno favorable que propicie desembolsos sustanciales en infraestructura, innovación tecnológica y políticas climáticas competitivas y predecibles, que apoyen todas las tecnologías alineadas —en mayor o menor medida, consigna el socio de Mckinsey — con el camino hacia la descarbonización. Esto “significa estar abierto a todas las soluciones que aporten capacidad competitiva”, aclara González, “y que nos lleve a mantener un avance en la transición energética”. Esto es, “si se vienen biocombustibles y combustibles sintéticos; si hay una [mayor] eficiencia en el motor de combustión, saltar, si puedo adoptarlo, al vehículo eléctrico está bien, pero seguramente ganamos más fomentando la introducción de motores de combustión nuevos frente a diferir la adopción de la electrificación en la movilidad”.
El impacto de retorno que se proyecta la Península es igualmente considerable: hasta un 15% del PIB de la región ibérica; la generación de, aproximadamente, un millón de empleos (700.000 en España y 300.000 en Portugal); incrementar los ingresos estatales entre un 5% y un 10%, y elevar las exportaciones un 20%. En dicha hoja de ruta, el análisis de IETI identifica seis acciones clave para capitalizar estas oportunidades, y que España y Portugal asuman protagonismo en las aspiraciones europeas de reindustrialización.
En primer lugar, desplegar esquemas de incentivos efectivos que lleven a cerrar esa brecha de competitividad, propiciada principalmente por el salto en costes entre las soluciones verdes y las alternativas basadas en combustibles fósiles. Y que se haga desde una visión pragmática, reclama David González: antes de impulsar nuevas inversiones y desarrollos greenfield, el experto de McKinsey llama a “incentivar y reforzar todos los activos energéticos e industriales que ya tenemos”, defendiendo sectores como el acero, cemento, petroquímica, refino, capaces de ganar producción y mercado si se llevan a plena capacidad. “Hay un giro de pensar en lo nuevo a pensar en lo existente, para defenderlo, reforzarlo, y a partir de ahí crecer”, sintetiza.
Estos planes de estimulación deben ir acompañados, según el IETI, de marcos regulatorios simples y estables, que ofrezcan previsibilidad a largo plazo y minimicen el riesgo en las decisiones de inversión —a través de mecanismos de remuneración por capacidad de implementación y la formalización de los procesos para las solicitudes de conexión a la red—, así como de una agilización en los procesos de aprobación permisos: reducir burocracia para acelerar la ejecución de los proyectos. Bien mediante una transposición rápida para permisos de energías renovables, bien desarrollando procesos centralizados y más cortos en el tiempo que permitan más capacidad, por ejemplo, de producción de baterías en línea.
David González hace hincapié, no obstante, en un segundo ámbito crucial, y urgente, “que tiene que ocurrir en los próximos 3 o 4 años. “Inversiones en infraestructura que sí dependen de nosotros mismos, y que nosotros mismos tenemos que fondearnos”, especialmente la red eléctrica, sobre la que “todo el mundo está de acuerdo en que requiere de inversiones”, confirma. De hecho, el Gobierno anunció el mes pasado una inversión 13.600 millones en las líneas de transporte de electricidad hasta 2030, multiplicando por 14 la capacidad de la red de alta tensión, de 2.000 a 27.700 megavatios (MW). El experto extiende esta medida a la red básica de gas natural y a la red troncal de hidrógeno, infraestructuras “clave” que hay que fortalecer “sobre esquemas [de inversión] que ya existen, de las tarifas que pagamos empresas, industrias y particulares”, señala. “Es lo que estamos haciendo con la infraestructura ferroviaria”, añade como un ejemplo más. “Empezamos a tener un país donde es verdad que creamos infraestructura puntera, pero empezamos a tener dudas por los indicadores de desempeño de dicha industria, sin que hayamos sido capaces de mantenerla y reforzarla al nivel que se requiere”, advierte.
Añade un tercer aspecto: rotar hacia una planificación energética más orientada “desde lo que se necesita, desde la demanda, y menos desde lo que podemos producir”. Al ser un país pionero en industria renovable, sobre todo en energías solar y eólica, “tenemos la tendencia a planificar nuestro PNIEC desde el supply”, y creo que cada vez más la competitividad arranca de lo que necesita la industria para ser competitiva frente a las importaciones”, razona el experto. “Si se planifica desde el suministro y no desde la competitividad y la demanda, se puede incurrir en inversiones hundidas, inversiones que en realidad no tienen la rentabilidad que pensábamos”, avisa. También puede rezagar nuevos desarrollos, como los centros de datos, “un ejemplo perfecto de planificación desde la demanda”, apunta González. Y que más allá del debate, expone el socio de McKinsey, sobre si esta nueva infraestructura aporta más o menos al PIB industrial, “la realidad es que, de una manera u otra, aunque sea por seguridad estratégica, vamos a querer tener capacidad de procesado y de centros de datos”.
Inversión extranjera
Además, el IETI de McKinsey & Company ubica como reto para el protagonismo ibérico en la reindustrialización europea su capacidad de lograr una mayor atracción de capital internacional, y destaca modelos a seguir como el de la Agencia de Desarrollo Industrial de Irlanda, que ha creado un marco de condiciones favorables para la inversión extranjera directa (FDI, según sus siglas en inglés). O el caso de Alemania, subraya González, “que ha empezado a poner mecanismos de contratos por diferencia para la industria y los vectores energéticos”, con lo que van al candidato “que ofrece el mejor coste para esa solución y permiten eliminar la incertidumbre y dar una certeza a la inversión”. Desde McKinsey animan a acompasarlo con un régimen fiscal competitivo y transparente —“uno de los gaps que tiene España”, asume el experto — que rote hacia medidas aplicadas, por ejemplo, en Italia o Estados Unidos, donde “han utilizado ampliamente los descuentos fiscales, la desgravación fiscal, frente al modelo que tenemos en España de incentivos a la inversión”, explica David González.
Por último, el informe de McKinsey señala dos apuestas de futuro más. La inversión en talento e innovación, promoviendo ecosistemas de impulso del I+D, así como programas de capacitación y reciclaje a gran escala del mejor talento global. Y en segundo lugar un incremento de la escala y la productividad, eliminando barreras estructurales y apoyando la digitalización e integración de las pymes, que en nuestro país conforma más del 95% del tejido industrial nacional.