Las implicaciones de vivir más años

España ha alcanzado en 2025 el mayor nivel de envejecimiento de su historia: 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según la Fundación Adecco. Estas cifras no solo nos indican el crecimiento de la población mayor, sino que reflejan la consolidación de un cambio estructural en la sociedad española, con...

España ha alcanzado en 2025 el mayor nivel de envejecimiento de su historia: 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según la Fundación Adecco. Estas cifras no solo nos indican el crecimiento de la población mayor, sino que reflejan la consolidación de un cambio estructural en la sociedad española, con impactos directos sobre la economía y las dinámicas sociales.

Desde una perspectiva social, el informe del CSIC sobre el perfil de las personas mayores en España (2025) apunta a una evolución de los modelos de convivencia, donde aumentan los hogares unipersonales y las parejas que viven solas. Esta configuración responde, en parte, a una tendencia cada vez más consolidada en la Unión Europea, donde tres de cada cuatro hogares no incluyen niños, según datos de Eurostat. Es decir, vivimos más tiempo, pero compartimos menos espacio y, cada vez más a menudo, contamos con redes familiares más reducidas.

Estos cambios demográficos y sociales tienen consecuencias económicas directas. La longevidad ha convertido la llamada fase de “desacumulación” en un periodo clave del ciclo vital. Tras el final de la vida laboral, el patrimonio deja de crecer y comienza a emplearse para financiar la vejez. Ahorros, vivienda y activos financieros se convierten así en instrumentos clave para generar rentas, estabilidad económica y una calidad de vida adecuada durante un periodo cada vez más prolongado.

España es, además, uno de los países de la OCDE con mayor esperanza de vida tras la jubilación, con una media cercana a los 20 años. Pensiones y modelos de ahorro diseñados para trayectorias vitales más cortas deben ahora adecuarse a periodos mucho más largos. No sorprende, por tanto, el creciente interés por fórmulas como la hipoteca inversa o la venta de nuda propiedad, que evidencian cómo la vivienda empieza a utilizarse como fuente de ingresos para financiar la longevidad. Por otro lado, en este contexto de nuevas estructuras sociales y con una población en la que las generaciones de mayor edad concentran una parte significativa de la riqueza, resulta inevitable preguntarse cómo y cuándo se producirá la transferencia patrimonial en una sociedad con menos herederos directos y más años de vida tras la jubilación. En este escenario, junto a las decisiones familiares tradicionales, emergen, cada vez con más fuerza, nuevas figuras como el testamento solidario, que permite destinar total o parcialmente el patrimonio a entidades sin ánimo de lucro y vincula la planificación patrimonial con una contribución directa al bien común.

La longevidad, por tanto, no es solo un desafío sanitario o presupuestario. Es una transformación profunda de nuestra sociedad, que está redefiniendo cómo consumimos, cómo ahorramos y cómo nos relacionamos entre generaciones. De ahí la necesidad de repensar los mecanismos que permitan sostener trayectorias vitales más largas y de calidad, tanto desde el ámbito público como desde las decisiones individuales.