Tecnología frente al cártel

Hay empresas cuya idea original partió de un simple esbozo en una servilleta; otras surgen de la propia necesidad del promotor, algunas llevan el sello de un estudio de laboratorio o son fruto del azar. Y cada vez más, muchas star-ups nacen de una sentencia judicial o un cambio de regulación. Es el caso de Cartel.es, la plataforma fundada en 2022 por Paul McCaughey, Gonzalo R. García de Diego y Wilhelm Mayer para aprovechar el hecho de que 10 millones de personas se han visto afectadas por lo que se conoce como ...

Hay empresas cuya idea original partió de un simple esbozo en una servilleta; otras surgen de la propia necesidad del promotor, algunas llevan el sello de un estudio de laboratorio o son fruto del azar. Y cada vez más, muchas star-ups nacen de una sentencia judicial o un cambio de regulación. Es el caso de Cartel.es, la plataforma fundada en 2022 por Paul McCaughey, Gonzalo R. García de Diego y Wilhelm Mayer para aprovechar el hecho de que 10 millones de personas se han visto afectadas por lo que se conoce como cártel de choches. El pacto de precios secreto al que llevaron a cabo una veintena de marcas entre 2006 y 2013 y que fue destapado por la CNMC en 2015 empieza a generar un río de reclamaciones que no tardarán en tocar tierra en los juzgados. Y empresas como la citada creen que pueden llegar a pescar hasta 800.000 clientes con un procedimiento sencillo. “A raíz de las distintas sentencias del Tribunal Supremo que confirmaban los términos de la sanción de la CNMC se abrió a que las personas afectadas reclamen por los daños sufridos”, recuerda Gonzalo García. Al principio, confiesa este abogado, iban un poco a ciegas, porque a diferencia del cártel de camiones, no había una guía para calcular las indemnizaciones. “Ahora ya se han emitido directrices, tanto desde la CNMC como desde la propia UE. Se ha abierto la veda para reclamar”.

El cartel de vehículos, recuerda, defraudó 27.000 millones de euros, una cifra “increíble”. “Los afectados tienen derecho a recuperar entre el 10 y el 15% del valor que pagaron en su momento”. Lo que hacen los 30 profesionales que trabajan en Cartel.es es una gran promoción de márketing que canaliza a su servicio jurídico las demandas. El departamento administrativo gestiona la documentación apoyado en un software diseñado a medida para simplificar las comunicaciones con los clientes. Dicen distinguirse de otras empresas similares, del tipo Bufete Rosales o Arriaga Asociados, precisamente por su contenido tecnológico. “Todo el procedimiento es online. Puede subir los documentos a la plataforma, y con eso nosotros presentamos el expediente”. Para no tener la necesidad de contratar un abogado en cada provincia, Cartel.es demanda en los domicilios de los fabricantes, que están mayoritariamente en Madrid, Barcelona y Valladolid. “Este trabajo antes requería 300 abogados y ahora con 10 profesionales podemos hacerlo”. El cliente solo tiene que demostrar que compró el coche y la matrícula del vehículo. “La belleza de todo esto es que las demandas colectivas son relativamente nuevas en España, no como en EEUU o Reino Unido”. Además de los particulares las grandes sufridoras, recuerda, han sido las empresas de flotas de alquiler. Su porcentaje de comisión si hay un fallo a favor del cliente es del 25%. “No tienen que adelantar dinero, y si se pierde el procedimiento, en procesos de consumo, el consumidor no es sancionado con costas”. Ya han captado más de 20.000 clientes, la mayoría personas físicas, y seguirán en ese proceso hasta el 2026, cuando vence el plazo para poder reclamar. “Nos financiamos con fondos de inversión en procesal, compañías especializadas en este tipo de procedimientos”. Aunque no han completado un año entero de facturación, los números les permiten avanzar que facturarán 30 millones este ejercicio. Hasta ahora han presentado unas 10.000 demandas, pero se han topado con las huelgas —primero de secretarios judiciales y luego la revuelta de los jueces que fue desactivada con un acuerdo con la mayoría de asociaciones—. “Calculamos unos plazos de entre 12 y 18 meses para que se resuelvan”. Juegan con la ventaja de que en los procedimientos verbales, de menos de 3.000 euros no hay derecho a recurso. En el futuro aspiran a ampliar su radio de acción a otras demandas de consumidores.

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