Los inversores activistas afilan sus armas

En 2021 los fondos activistas protagonizaron sonoras campañas en aquellas compañías cotizadas donde eran accionistas. Y se espera que en 2022 redoblen sus métodos de presión. Estos inversores —a diferencia de los fondos tradicionales, que entran en el capital de una compañía, pero no se involucran en el día a día de la misma— aspiran a tener voz y voto para condicionar la labor de los gestores. A veces buscan remplazar al primer ejecutivo, otras separar la compañía en diferentes unidades y ot...

En 2021 los fondos activistas protagonizaron sonoras campañas en aquellas compañías cotizadas donde eran accionistas. Y se espera que en 2022 redoblen sus métodos de presión. Estos inversores —a diferencia de los fondos tradicionales, que entran en el capital de una compañía, pero no se involucran en el día a día de la misma— aspiran a tener voz y voto para condicionar la labor de los gestores. A veces buscan remplazar al primer ejecutivo, otras separar la compañía en diferentes unidades y otras mejorar aspectos de su gobernanza o sus políticas medioambientales.

“El activismo empresarial se puede definir como el diálogo directo de los accionistas con los directivos de una empresa. Su objetivo final es obtener un mejor desempeño financiero, de gobernanza, social y medioambiental de la compañía. Gracias a él es posible alinear intereses de la organización y de los accionistas”, explican en una nota los analistas de la agencia de valores Portocolom.

El movimiento activista comenzó en EE UU y aunque Wall Street sigue siendo el mercado donde más protagonismo tienen estos fondos, su presencia en Europa es cada vez más importante. De hecho, entre marzo y septiembre pasado, las campañas de estos inversores en compañías continentales aumentaron un 21% en tasa interanual. “Prevemos una época dorada para los activistas en Europa”, aseguran desde Álvarez & Marsal (A&M) en su último informe, publicado el pasado mes de diciembre. El grupo de servicios profesionales identifica 148 cotizadas europeas “en riesgo de sufrir ataques activistas a corto plazo”, cantidad que supone un incremento del 10% sobre el estudio que realizaron en abril de 2021. España sigue siendo el país donde menos potencial ven en A&M para las escaramuzas de estos fondos, con solo tres posibles presas, mientras que Reino Unido es el mercado donde más operaciones puede haber.

“Desafíos como la crisis sanitaria de la covid-19 y la consiguiente crisis financiera, el Brexit y la interrupción de la cadena de suministro han ampliado la brecha entre las empresas con mejor y peor rendimiento”, explica Malcolm McKenzie, responsable de A&M para la transformación de servicios corporativos. “A medida que salgamos gradualmente de la crisis con una mayor visibilidad de los ganadores y perdedores, los activistas tendrán una capacidad mucho mayor para identificar las oportunidades de valor percibidas”, añade Mckenzie.

La previsión es que los inversores activistas se centren en objetivos más grandes y que permanezcan en el capital de las compañías durante más tiempo. Las compañías que podrías ser objeto de una campaña en el próximo año y medio, según A&M, tienen una capitalización media de 20.000 millones de euros en comparación con los 12.300 millones de 2020 o los 16.900 millones de 2021. A lo largo del pasado año, el periodo medio de posesión de los activistas creció un 18% en Europa. “Esta tendencia va a continuar porque buscan una creación de valor a más largo plazo y una mayor rentabilidad”, argumentan estos expertos.

Desde un punto de vista sectorial, dado que se espera una recuperación impulsada por los consumidores tras la pandemia, las empresas de consumo, según A&M, será cada vez más objeto de atención de los activistas debido a los problemas estructurales de muchas de ellas. Las compañías sanitarias también seguirán ocupando un lugar destacado ya que los fondos han detectado áreas de mejora en rentabilidad y en la generación de dividendos. Otra industria donde se prevén numerosos movimientos es la tecnología.

Ecología y rentabilidad

Una de las tendencias temáticas que cobrarán fuerza en los próximos meses es la transición hacia un modelo energético más sostenible. Las empresas con puntuaciones ambientales y sociales más bajas siguen siendo más propensas a recibir un ataque de los fondos activistas. Sin embargo, en este punto se producen sonoras contradicciones. No todos los fondos activistas priorizan sostenibilidad sobre rentabilidad. Esta disparidad de criterios se pudo ver en campañas recientes: Danone y ExxonMobil.

El expresidente de Danone, Emmanuel Faber, junto con los presidentes de 180 de las corporaciones más grandes del planeta, proponían en la declaración Business Roundtable, firmada en 2019, un cambio radical de las empresas consistente en rebajar la maximización de beneficios para el accionista con el objetivo de favorecer el resto de grupos de interés (empleados, clientes, proveedores y sociedad). Sin embargo, los fondos Bluebell y Artisan Partners, ambos activistas, presionaron y finalmente lograron la destitución de Faber, con el argumento de que Danone había logrado en 2020 peores resultados que su comparable Nestlé.

Si en Danone se priorizó la rentabilidad sobre un modelo económico más sostenible, en el caso de ExxonMobil se dio el caso contrario. El hedge fund Engine Nº1, con el apoyo de otros accionistas como BlackRock o los fondos de pensiones de California y Nueva York, echó un pulso al consejero delegado de la petrolera, Darren Woods, acusándole de no contar con un plan coherente para sobrevivir a la transición global de las energías limpias, lo que en su opinión pone en peligro el futuro de la compañía en el largo plazo.

Votos de castigo

Muchos inversores institucionales (fondos de inversión y de pensiones, aseguradoras o fondos soberanos) no son estrictamente activistas, pero cada vez se involucran más en las juntas de accionistas. Bien arropados por los consejos de los asesores de voto (proxy advisors), bien a través de sus propios análisis, son cada vez más críticos y el consejo tiene que sudar cada vez más su apoyo en las votaciones. El rechazo a diferentes puntos del orden del día en las juntas de 2021 entre las compañías del Ibex 35 supuso el 11,61% del total y el 78% de las cotizadas recibieron una oposición superior al 10% en alguna de sus propuestas, según datos del proxy solicitor Georgeson. La remuneración de los consejos de administración sigue siendo el punto de mayor contestación. Dentro del Ibex, las propuestas de tres compañías (Acerinox, Amadeus e IAG) fueron rechazadas por los accionistas.