La solución de la crisis del gas pasa por Bruselas, con permiso de Rusia
La Unión Europea toma conciencia de la necesidad de abordar un cambio en el sistema de fijación de precios de la electricidad
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha entrado en octubre desbocado, con puntas que han sobrepasado los 300 euros megavatio hora (MWh) en España y Portugal. En solo una semana ha pasado de menos de 200 euros a más de 300 MWh. Pero el mal no es solo ibérico. En todos los países de Europa el precio está disparado y, por fin, parece que los dirigentes comunitarios se han convencido de la necesidad de cambiar el sistema, como propuso España.
En efecto,...
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha entrado en octubre desbocado, con puntas que han sobrepasado los 300 euros megavatio hora (MWh) en España y Portugal. En solo una semana ha pasado de menos de 200 euros a más de 300 MWh. Pero el mal no es solo ibérico. En todos los países de Europa el precio está disparado y, por fin, parece que los dirigentes comunitarios se han convencido de la necesidad de cambiar el sistema, como propuso España.
En efecto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamó en julio una “reflexión” a la Comisión Europea sobre el sistema de fijación de precios, anclado en la última energía que entra en la subasta, y del mercado de derechos de CO₂. No le hicieron mucho caso. Posteriormente, ya en septiembre y con los precios en el disparadero, la propia Ribera y la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, enviaron una carta con triple destino (al vicepresidente europeo, Frans Timmermans, y las comisarias de Energía, Kadri Simson, y de Competencia, Margrethe Vestager) en la que insistían en actuar de forma coordinada para hacer frente al precio de la energía. “Dado que es un problema conjunto, debemos actuar de forma compartida”. Algo de caso ya se hizo.
Pero ha llegado el desmadre de octubre y, ante la evidencia de que el mercado mayorista europeo tal y como está regulado no basta para una transición energética eficiente, las autoridades han reaccionado. Ursula Von der Layen, presidenta de la Comisión, reconoció en Tallin (Estonia) la obligación de “desvincular” el gas de los precios de la electricidad y abordar el almacenamiento como solución. Al tiempo, varios países europeos se formaban para incidir en la Cumbre de la Unión con los Balcanes celebrada en Liublana (Eslovenia), donde Pedro Sánchez también tomó el testigo de sus dos vicepresidentas.
El discurso de España persigue un esquema similar al de la compra conjunta de las vacunas covid-19, con una plataforma común para comprar gas para suavizar el impacto de los picos de precios. Es decir, que se adopte una normativa supranacional que ofrezca diferentes opciones políticas a los Estados miembros para hacer frente a “subidas repentinas de precios de la energía”. De esa manera, cada país podría adaptar sus planes y, en el caso de España, modificar las medidas aprobadas en septiembre y que tiene que convalidar el Congreso de los Diputados la próxima semana. Una de esas medidas, la minoración de las ganancias obtenidas por las empresas por vender energía barata al precio de la más cara, ha originado gran controversia en el sector hasta el punto de que las compañías eléctricas se han puesto en pie de guerra desmarcándose de la subasta en algunas horas en una actuación que está revisando la CNMC.
Se avecina pues una tormenta de ideas en el seno comunitario. La realidad ha demostrado la dificultad para contener la escalada del precio del gas y, como consecuencia, de los precios de la electricidad en el mercado mayorista. El gas sigue marcando cotas imparables y a ello se une el mercado de derechos de CO₂, que también se ha disparado por la entrada especulativa de fondos de inversión. El mercado de futuros indica, además, que se mantendrán por encima de los 100 euros MWh y de los 60 euros tonelada, respectivamente, durante todo 2022 si no cambian las tornas.
En definitiva, la solución pasa por Bruselas, donde debe de haber “más política y menos peleas”, en palabras de Paulina Beato, expresidenta de Red Eléctrica, en un acto celebrado esta semana en la Universidad de Alcalá de Henares. Es en la sede europea donde deben tomarse decisiones determinantes, teniendo en cuenta “aspectos geopolíticos con Rusia, de cara a garantizar el suministro de gas, que es una de las grandes rémoras”, como dijo en ese mismo foro el exministro de Industria Claudio Aranzadi.
Es decir, tratar de que Rusia abra el grifo, cuestión que maneja con calculada estrategia mientras presiona para que se apruebe el gasoducto Nordstream2. El presidente, Vladímir Putin, indicó que su país puede incrementar el suministro y Gazprom, la empresa rusa suministradora de gas, aseguró que puede aumentar sus envíos energéticos a toda Europa. Y, en clave más global, lograr que el mercado internacional del gas no esté tan determinado por la fuerte demanda china, causa primigenia del aumento del precio del gas. Los dos colosos, China y Rusia, se han configurado como los dos ogros de esta crisis, que hace que los precios del Title Transfer Facility (TTF), hub de referencia europeo que marca el precio en el mercado spot (el sistema de casación) de Holanda, mantenga el valor en cotas máximas.