Avales de supervivencia

El primer tramo del programa de avales, por 20.000 millones de euros, al que seguirán los restantes 80.000 millones cuando dicho tramo haya sido agotado, era esta semana objeto de activación por el Consejo de Ministros, con efecto retroactivo al 18 de marzo, al objeto de que pueda ser utilizado ya como mecanismo de ...

El primer tramo del programa de avales, por 20.000 millones de euros, al que seguirán los restantes 80.000 millones cuando dicho tramo haya sido agotado, era esta semana objeto de activación por el Consejo de Ministros, con efecto retroactivo al 18 de marzo, al objeto de que pueda ser utilizado ya como mecanismo de supervivencia para el tejido productivo, y muy especialmente pymes y autónomos, los más afectados por el colapso en sus cobros, al tiempo que siguen teniendo que hacer frente a numerosos pagos operativos, como las obligaciones fiscales.

Más allá de otros detalles del programa —como importes y plazos máximos—, queremos enfatizar la importancia que, en la política de concesión, va a tener un análisis del riesgo “con luces largas”, que no se deje dominar por la situación de extrema vulnerabilidad financiera en que se van a encontrar —algunas ya lo están— una muy elevada proporción de empresas y autónomos.

Es precisamente ese objetivo de supervivencia a largo plazo —no ahogar a empresas viables que a corto plazo tienen extremas dificultades, pero tampoco utilizar los avales para sostener artificialmente a empresas que estructuralmente serían inviables— lo que pretende conseguir la estructura planteada en cuanto a coste del aval y riesgo cubierto (porcentaje avalado), así como su aplicabilidad solo a empresas que no eran dudosas al cierre de 2019. El reducido coste de los avales —con respecto al coste “de mercado”— lleva implícita una subvención pública, que está exenta de ser considerada como ayuda de Estado, en virtud del Marco Temporal de la Comisión Europea. Ese coste del aval no podrá ser trasladado a los prestatarios, sino que deberá ser absorbido por las entidades a modo de “coste del riesgo” en la parte avalada, que será del 80% en operaciones con pymes y autónomos, y del 60%/70% en el resto de empresas.

Con dicho esquema se pretende alinear el interés público de garantizar suficiente flujo financiero para que ninguna empresa viable colapse por un desequilibrio financiero que, aunque intenso, se presupone transitorio, con el incentivo para que los bancos, en quienes va a descansar de forma mayoritaria la decisión de concesión, lleven a cabo sus análisis de riesgo con las mencionadas “luces largas”, para lo cual deberán contar con metodologías que no se dejen arrastrar por unas hipótesis inerciales y procíclicas. Para ello es necesario también contar con la apropiada adecuación regulatoria y supervisora, que se ha empezado a plasmar con unas recomendaciones de las autoridades europeas que, para el reconocimiento de pérdidas esperadas, aconsejan recalibrar y/o construir modelos que incorporen esa visión de largo plazo. Es indispensable que la puesta en práctica de estas líneas sea lo más ágil posible, y que se minimice la burocracia en los procesos de admisión, análisis, aprobación y formalización.

Ángel Berges y Pablo Mañueco son profesores de AFI-Escuela de Finanzas.