El Gobierno abre la puerta a desplegar ayudas fiscales si la crisis de Irán se agrava

El Gobierno ha pedido prudencia ante la escalada del conflicto en Irán, pero a la vez ha abierto la puerta a desplegar medidas fiscales si la crisis en Oriente Próximo se agrava. El temor es que pueda desembocar en una espiral inflacionaria parecida a la que se desató en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, que obligó a desplegar ayudas de distinta naturaleza para mitigar el golpe de los precios en el bolsillo del consumidor. Todas las miradas están ahora puestas en los precios energéticos, ...

El Gobierno ha pedido prudencia ante la escalada del conflicto en Irán, pero a la vez ha abierto la puerta a desplegar medidas fiscales si la crisis en Oriente Próximo se agrava. El temor es que pueda desembocar en una espiral inflacionaria parecida a la que se desató en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, que obligó a desplegar ayudas de distinta naturaleza para mitigar el golpe de los precios en el bolsillo del consumidor. Todas las miradas están ahora puestas en los precios energéticos, que han empezado a subir como la espuma porque el conflicto afecta a una zona estratégica: el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo que se consume en el mundo y cerca de una quinta parte de los buques que transportan el gas.

“Si vemos que acaba viéndose un efecto negativo sobre nuestra economía, estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en 2022”, señaló este martes el titular de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en TVE. El ministerio que dirige matiza a este periódico que es demasiado pronto para hablar de medidas concretas en apoyo a familias y empresas y llama a la tranquilidad, a la espera de que evolucionen los acontecimientos. Pero asegura que no se quedará de brazos cruzados si vienen mal dadas. Desde Hacienda confirman que aún no se está trabajando en iniciativas específicas, pero que cualquier plan tendrá un componente fiscal, como ocurrió en 2022.

Ese año, la invasión rusa de Ucrania provocó una crisis severa en el suministro de materias primas tanto agrícolas como de metales críticos y energéticos, que sacaron a relucir la falta de autonomía estratégica del Viejo Continente y desembocaron en la peor espiral inflacionaria en décadas. La subida de precios en España superó el doble dígito; el gas alcanzó máximos históricos de más de 300 euros el megavatio hora (MWh) y el suministro eléctrico llegó a tener picos por encima de 400 euros/MWh en el mercado mayorista, un panorama que llevó al Gobierno a sacar distintos paquetes anticrisis para amortiguar el golpe en familias y empresas.

Las ayudas aprobadas tan solo ese ejercicio, el más duro, alcanzaron los 22.000 millones de euros. Las medidas incluían límites a la subida de los alquileres o incrementos del ingreso mínimo vital, pero el grueso de ellas concernía al campo energético y las reducciones de impuestos, a tal punto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que se llevó a cabo “la mayor rebaja fiscal” de un Gobierno. Algunas de estas iniciativas fueron la reducción del IVA de la factura de la luz y de los alimentos básicos, la rebaja del impuesto especial a la electricidad, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, bonificaciones al combustible y ayudas para el transporte. De hecho, los principales colectivos del transporte profesional por carretera ya reclamaron este martes al Ejecutivo tener listo un plan de apoyo para activar de forma urgente si la situación se tuerce.

El Gobierno ha asegurado que está monitorizando tanto los precios de la electricidad y de los combustibles como las posibles repercusiones que estos puedan tener sobre el transporte y la logística, y de rebote en los sectores alimentarios. Así lo ha asegurado también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros recordó que la exposición directa de España a la guerra desatada en Oriente Próximo es “baja”. No obstante, la también portavoz del Ejecutivo apeló a la prudencia ante la elevada incertidumbre del contexto internacional y advirtió de que el impacto final dependerá en gran medida de la duración del conflicto.

En la misma línea, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, coincidió en señalar que todavía es pronto para calibrar el alcance real de la volatilidad en los mercados energéticos, pese a que en pocas horas se han registrado subidas significativas, reconoció. Saiz puso el acento en que la diversificación del mix energético (las fuentes de producción de electricidad) y de las fuentes de suministro de crudo y gas sitúan a España en una posición de menor vulnerabilidad que en crisis anteriores. Planas completó que, aun estando lejos del escenario vivido al inicio de la guerra de Ucrania, cualquier alteración en los costes energéticos termina repercutiendo en la cadena agroalimentaria, especialmente a través de los fertilizantes y el transporte.

Ambos coincidieron en destacar que, precisamente por todo ello, el Ejecutivo mantiene una vigilancia constante de la situación. La portavoz explicó que ese seguimiento permite analizar en tiempo real el posible efecto del encarecimiento de la energía sobre consumidores, industrias y empresas, con el objetivo de valorar, si fuera necesario, la puesta en marcha de un paquete de ayudas. Por su parte, Planas insistió en que el Gobierno actuará en función de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días.

En cuanto a los mercados de alimentos, el ministro descartó por el momento intervenir los precios, como plantean algunos socios de Gobierno, al considerar que aún no se aprecia una incidencia directa. En todo caso, defendió que el Ejecutivo ya ha demostrado en crisis recientes su capacidad para adaptar la respuesta a cada circunstancia, una idea que también subrayó Saiz al afirmar que España está hoy mejor preparada para afrontar escenarios de inestabilidad como el actual.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también avanzó este lunes que, llegado el caso, el Ejecutivo tomará las medidas necesarias para mitigar los posibles efectos económicos negativos derivados del conflicto. “Las guerras se traducen en la realidad económica y social —indicó Díaz tras presentar el buzón de denuncias para los becarios— y ojalá que no pase nada, pero si pasa vamos a tomar medidas para proteger a la gente trabajadora de nuestro país”. Dentro de sus competencias, se refería con ello a las medidas que ya se desplegaron con motivo de otras crisis de distinta índole como fueron la prohibición de los despidos que se deriven, en este caso de la guerra en la zona; las condiciones más beneficiosas para los ERTE (despidos temporales) o la activación del Mecanismo Red (similar a los ERTE para aplicar ante crisis empresariales o sectoriales).